La ley de la nueva Autoridad del Cliente Financiero encara su último trámite en el Congreso
El proyecto de ley por el que se crea la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y bancos, afrontará esta semana su último trámite en el Congreso con su debate y votación en Pleno.
Salvo sorpresa de última hora, se aprobará tras haber superado su fase en comisión con el único rechazo de Vox –que presentó una enmienda a la totalidad por no considerar necesaria la Autoridad– y la abstención de PP y Junts. Para obtener los apoyos suficientes, el texto original ha sido enmendado por varios grupos.
La modificación más relevante, y que era la que más escollos levantó, era la tasa con la que se financiaría este organismo. El Gobierno proponía una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que pagar cada vez que la Autoridad admitiera a trámite una reclamación. Esta idea fue rechazada por varios grupos parlamentarios y por el sector bancario.
La fórmula final es bastante diferente al planteamiento original. Así, varios grupos llegaron a un acuerdo mediante una enmienda transaccional para aplicar un nuevo sistema que premie a las entidades que más acuerdos alcancen con sus clientes y castigue más a aquellas que menos cumplan.
La nueva idea ya no será exigir 250 euros por reclamación, sino que la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual que variará en función de la entidad y los acuerdos alcanzados.
El proyecto de ley también incluye otras modificaciones legislativas relativas al funcionamiento de la CNMC y en materia de subvenciones. Sobre este punto se introdujo a última hora una enmienda para permitir a empresas morosas participar en subvenciones por encima de los 30.000 euros con cargo a los fondos europeos. Eso sí, se hará una revisión a los seis meses y si la empresa no está al corriente de pago le será exigible el cobro efectivo de la subvención de forma íntegra.
Por otro lado, se incluyeron modificaciones relativas a garantizar una mejor atención en los bancos a personas con discapacidad y un mayor castigo en forma de multas para aquellas reclamaciones que se presenten con mala fe.
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