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En colaboración conLa Ley

La abogacía de oficio denuncia ante la Comisión Europea la vulneración del derecho a la huelga de los letrados españoles

También denuncia los problemas para conciliar vida profesional y privada o para desconectar digitalmente del trabajo

La abogacía de oficio llegando al Congreso en la manifestación del pasado 27 de abril
La abogacía de oficio llegando al Congreso en la manifestación del pasado 27 de abril

La Plataforma Abogacía y Turno de Oficio ha denunciado ante la Comisión Europea “la vulneración del derecho fundamental a la huelga” de la abogacía española, tanto cuando presta el servicio de asistencia jurídica gratuita como cuando ejerce la profesión de forma privada o particular.

A través de un escrito, la entidad pide la apertura de un “procedimiento formal de infracción contra España” y que el Ejecutivo comunitario incoe un expediente ante el Tribunal de Justicia en caso de que se incumpla el plazo de transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional. La agrupación, que nació para reclamar una “remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita”, que incluya una “actualización de los baremos conforme al índice de precios de consumo (IPC)”, más “celeridad” en las retribuciones o el “abono de las designaciones para la defensa de las personas jurídicas”, también manifiesta “su disposición a reunirse como colectivo con los representantes” de la Comisión Europea.

A través de un escrito de 30 páginas, encabezado por las letradas Victoria Ros, Amparo Martínez, Carmen Morallón y Gemma Martínez, y firmado por el abogado Miguel Ángel González de Miguel, la plataforma denuncia que el derecho a la huelga de la abogacía española “ha sido cercenado" por el Tribunal Supremo español en diferentes sentencias. “Se nos niega el derecho por entender erróneamente que la huelga de los abogados, aun con servicios mínimos, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en un ejercicio de cinismo sin precedentes”, exponen. “El agravio comparativo con el resto de operadores jurídicos que deben, al igual que los abogados, velar por la tutela efectiva, es sangrante e inaceptable para un colectivo que lleva más de 30 años intentado ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales”, subrayan en relación con los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios judiciales, jueces y fiscales.

A lo largo del escrito, los firmantes también denuncian que la indemnización que reciben por prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita es “irrisoria” en comparación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, así como las diferencias entre comunidades. En este sentido, lamentan que “en España son cada vez más habituales las agresiones a letrados por parte de sus clientes del turno de oficio, siendo el 80% de las víctimas abogadas”.

La plataforma también expone los problemas para conciliar vida profesional y privada de la abogacía española, “siendo habitual ver a compañeras que recientemente han sido madres dando el pecho para amamantar a sus hijos recién nacidos en los pasillos de los juzgados porque no les suspenden una vista”. “Igualmente, (a la abogacía) tampoco se le suspenden los plazos para contestar a cualquier notificación del juzgado cuando está enferma” o en caso de “fallecimiento de un hijo, esposa, padre o madre”. “Tampoco se le reconoce el derecho a la desconexión digital y al descanso”.

Por estos motivos, la mayoría de las entidades que forman la plataforma (Ahora Abogacía, Ajato, Altodo, Asato, Atoib, Confederación Española de Abogados del turno de Oficio y Justicia Gratuita, Defenda, Foro de Abogados Independientes de Granada, Iusta Causa, Otrosí de Abogacía y Procuraduría de Albacete, Red Abogacía y Zaturno), que nació como resultado de la unión entre abogados, al margen del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), concluyen en su escrito que “los abogados de España se sienten totalmente discriminados con respecto a otros colegas de la Unión Europea y víctimas de un grave abuso de poder de la Administración española”.

Esta denuncia ante la Comisión Europea es la primera de las cuatro acciones que la Plataforma Abogacía y Turno de Oficio tiene previsto llevar a cabo en Europa. En los próximos meses se dirigirá al Defensor del Pueblo Europeo, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al Comité de Derechos Humanos “dado que el Tribunal Supremo nos niega el derecho a la huelga”.

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