Todo lo que autónomo y pymes han de saber para cumplir con el RD 902/2020
Las empresas deben realizar un registro retributivo que refleje la información de sus empleados
El Real Decreto 902/2020 establece la obligación de las empresas de elaborar y registrar un plan de igualdad y un registro retributivo para garantizar la transparencia y la igualdad salarial.
Según el RD 902/2020, las empresas con 50 o más trabajadores tienen la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad. Esta obligación se extiende a las empresas con menos de 50 empleados si así lo establece su convenio colectivo o si son contratistas o subcontratistas de empresas que sí están obligadas.
El plan de igualdad debe incluir medidas dirigidas a detectar y corregir posibles situaciones de discriminación retributiva, así como promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. También debe contener acciones para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo.
En el caso de las empresas con 50 o más trabajadores, se establece la obligación de realizar una auditoría retributiva cada cuatro años. Esta auditoría tiene como objetivo analizar y evaluar las políticas salariales y las posibles diferencias retributivas por razón de género.
Registro desagregado por sexo
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben llevar un registro retributivo que refleje la información desagregada por sexo y categoría profesional sobre las retribuciones, complementos salariales y percepciones extrasalariales de su plantilla. Este registro debe ser accesible a los trabajadores y a los representantes legales.
En ese sentido, las empresas están obligadas a garantizar la igualdad de trato y no discriminación en materia de retribución entre mujeres y hombres que desempeñen trabajos de igual valor. Esto implica que no se pueden establecer diferencias salariales injustificadas basadas en el género.
Se debe establecer una política de transparencia salarial en la empresa, informando a los trabajadores sobre los criterios y sistemas utilizados para la determinación de las retribuciones y complementos salariales.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 902/2020 puede acarrear sanciones económicas y la exigencia de reparación de los daños y perjuicios causados a los trabajadores.
