Cuando obtener el NIE es un palo en la rueda a la inversión extranjera: citas a cuenta gotas que se venden
Los bufetes denuncian que el sistema de cita previa obligatoria puede demorarse más de un mes y medio
Los ciudadanos extranjeros con intereses sociales, económicos o profesionales en España necesitan contar con un número personal, único y exclusivo para poder operar en el país. El NIE (número de identificación de extranjero) es imprescindible para trabajar, aceptar una herencia o comprar un inmueble y pagar los correspondientes impuestos. Sin embargo, algunos despachos de abogados denuncian que conseguir una cita para tramitar este documento se ha vuelto un calvario, con el consiguiente perjuicio para sus clientes.
Cuando el extranjero no reside en el país, son sus letrados quienes gestionan el NIE en las comisarías de policía habilitadas. Para conseguir hora, los despachos tienen que estar pendientes de una página web (el calendario se habilita los viernes) y cazar al vuelo la cita. El sistema, insisten los profesionales, es mejorable y, según denuncian algunos, ha generado un negocio paralelo de ventas de citas que les dificulta las gestiones para sus clientes.
Según cuenta Elena García Cazorla, experta en extranjería y copresidenta de la sección ad hoc del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), este cuello de botella viene de lejos. “Es un problema cíclico, que se recrudece cada dos o tres años”. La abogada ha denunciado que hay bots que bloquean las citas, así como supuestas “gestorías” y locutorios que cobran por estas. “No puedes competir con una máquina”, se lamenta. La socia de García Iturralde Abogados revela que hace años remitió a la policía los mails que hacían estas ofertas. “A algunos clientes pendientes de un asilo les han pedido hasta 150 euros. Una auténtica vergüenza”, clama.
El Ministerio del Interior niega tener conocimiento de problemas con estas gestiones y, a fecha de cierre de este artículo, la policía no ha contestado a este medio sobre la cuestión.
Consecuencias
Para Stefan Meyer, socio director de Monereo Meyer Abogados, en Madrid, “el problema está en que hay una oferta de citas previas claramente insuficiente para la demanda que existe”. Según cuenta, desde enero han tenido que esperar más de un mes y medio para conseguir hora en la comisaría de la avenida de los Poblados (en el barrio de Aluche), actualmente la única que realiza este tipo de trámite en la capital, y tienen ocho clientes en espera. La mayoría son empresas o particulares extranjeros, especialmente alemanes, austriacos o suizos, y esta situación está retrasando las firmas de compraventas de inmuebles, herencias o constituciones de sociedades. El letrado señala indignado: “Al final se frena la inversión exterior y la entrada de capitales y se genera una mala imagen”.
El pago de impuestos es otro de los puntos negros. Como explica Guillermo Frühbeck, director de Frühbeck Abogados, hay ocasiones en que, si se apuran los plazos, el cliente puede sufrir un recargo de Hacienda. Las citas son escasas y se dan a cuentagotas. Cada semana, la Administración libera una carga de horas disponibles en la web que se agotan en diez minutos. Si no consigues hueco, “tienes que esperar a la siguiente semana”, remarca Frühbeck”. Ello, unido a la restricción del número de citas por cada IP de ordenador, implica dedicar muchos recursos y tiempo a este trámite que, en su opinión, debería poder hacerse online. “Sobra el presencial, se podría mandar el pasaporte, el poder y el formulario”.
Gestión online
Cristian Balcells, director de Balcells Group, un bufete para extranjeros en España, es más cauto con la digitalización de ciertos trámites. El letrado reconoce que ha esperado hasta cinco semanas para conseguir una cita, aunque afirma que en Barcelona la situación ha mejorado al aumentar un 40% la plantilla de las oficinas de extranjería. Para Balcells, el sistema “tiene mucho margen de mejora”. Sin embargo, cree que hay gestiones personalísimas, como la toma de huellas, que requieren presencialidad. Incluso en el caso del trámite del NIE por poderes, apunta. “Habría que buscar un sistema con mucha seguridad”.
Elena García, en cambio, lo tiene claro: “Solicitar el NIE con poder podría hacerse perfectamente online bajo la responsabilidad del letrado”. Como explica, los abogados ya hacen trámites electrónicos con las oficinas de extranjería, pero duda de que esta vía se abra paso en las comisarías policiales.
Servicios públicos sin cita obligatoria
Barrera insalvable. La limitación del acceso a los servicios públicos que supone la cita previa obligatoria es, en opinión de Concepción Campos Acuña, doctora en Derecho y experta en gestión pública, una de las secuelas silenciosas del Covid-19. “La Administración tiene plazos que no perdonan, que se cierran mientras los ciudadanos esperan y se desesperan para conseguir que les atiendan”, defiende. Es una “buena fórmula organizativa”, considera, pero que debe priorizar al ciudadano. Para Campos, no puede imponerse el canal digital: “No se trata de competencias digitales, se trata de personas que atiendan a personas”, argumenta. "Hemos generado una nueva especia ciudadana de “caminantes blancos” que lo intentan todo, ir a otras provincias donde es más rápido tener cita previa, llamar a amigos, familia y cualquier conocido que pueda agilizar el tema, e incluso, en el peor de los casos, pagar por la cita", se lamenta Campos.
Cruzada. Diego Gómez es un abogado que encabeza una “iniciativa de empoderamiento ciudadano” para que se elimine la cita previa obligatoria, “dejando solo la voluntaria, que es buena para ambas partes”. La imposición tenía razón de ser bajo la pandemia, pero “una vez pasada la emergencia sanitaria y la legislación excepcional, no tiene amparo legal”, defiende. Según expone, la Administración está obligada “a facilitar a la ciudadanía el acceso a los registros para presentar documentos y, en general, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Nada de esto se respeta con la imposición de una cita previa obligatoria”. El letrado obtuvo un premio por una entrada de blog exponiendo su tesis de que la cita previa obligatoria es ilegal que incluye un escrito para que cualquier ciudadano pueda exigir su eliminación. "Si esto no funciona, presente una queja ante el Defensor del Pueblo; y si no, vaya a un abogado especializado", aconseja.