El Tesoro capta 13.000 millones a 10 años con una demanda de 86.000 millones
Es la segunda emisión de mayor tamaño de la historia
A una semana de que el BCE dé una vuelta de tuerca al proceso de normalización monetaria y comunique la quinta subida de tipos consecutiva, el Tesoro aprovechó la frenética actividad que vive el mercado de capitales en este inicio de año para ejecutar la primera emisión sindicada de 2023. España captó ayer 13.000 millones en un bono a 10 años con un cupón del 3,15%, el más alto desde 2014.
Aunque las condiciones financieras no son lo laxas que han venido acostumbrando en los últimos años y el coste de financiación ha ido aumentando a medida que los tipos subían, los inversores siguen confiando en la economía española. El apetito que muestran por el papel español es el mejor ejemplo de ello. Desde primera hora la demanda fue abultada. En la apertura de los libros las órdenes de compra superaban los 55.000 millones, importe que al cierre alcanzó los 86.133 millones. Es decir, la ratio de cobertura alcanza las 6,6 veces la oferta.
Como en el importe adjudicado, la demanda registrada es la segunda mayor en la historia de la institución, una señal que pone de manifiesto el buen acceso al mercado de capitales pese al incremento del coste de financiación. El récord en importe y órdenes de compra lo sigue ostentando la emisión de abril de 2020. Una semana después de que el BCE anunciara el programa de compra de activos antipandemia (PEPP) España colocó 15.000 millones en deuda a 10 años con una demanda de 97.000 millones de euros. Aunque no se trate de la demanda más elevada del Tesoro en su historia, sí que logra alzarse con la medalla de la operación con más órdenes de compra de entre todas las operaciones sindicadas ejecutadas por los soberanos europeos en lo que va de año.
El interés de los inversores fue aprovechado para rebajar el coste de emisión. La operación partía con un diferencial de 12 puntos básicos sobre la referencia española con vencimiento a una década y se ha cerrado con un spread de 10 puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 3,17%.
La demanda estuvo repartida entre 406 cuentas inversoras, muy diversificada tanto desde el punto de vita geográfico como por el tipo de inversor. Los no residentes alcanzaron una participación del 89,8%, entre los más altos de las emisiones previas. Por nacionalidades destacaron los británicos e irlandeses, con un 26,7%, seguido por los franceses e italianos (11,8%). Los países asiáticos, que se caracterizan por invertir en activos de alta calidad, representaron el 3,5%. Por tipología de inversor sobresalieron las gestoras de fondos (36,9%), seguidas por las tesorerías bancarias (26,9%) y las instituciones oficiales (13%).
BBVA, Citi, Crédit Agricole, JP Morgan y Santander fueron las entidades colocadoras.
Esta emisión sindicada es el primer paso para cumplir los objetivos de financiación de 2023, un ejercicio para el que el Tesoro prevé unas emisiones netas de 70.000 millones de euros, en línea con los 70.063 millones registrados el año pasado. Por su parte, las emisiones netas alcanzarán los 256.846 millones, un 10% que en 2022. Las emisiones sindicadas son operaciones que se efectúan al margen del calendario y en las que el Tesoro contrata a un ejército de bancos para su ejecución. En lo que va de año se han emitido 32.000 millones de euros, el 14,1% del programa de financiación a medio y largo plazo. La vida media de la cartera de deuda alcanza los 7,95 años y el coste medio de la cartera de deuda se sitúa en el 1,728%, en línea con el cierre de 2022.
En 2022, un año marcado por el fin de los tipos cero en la zona euro, España realizó cuatro operaciones con las que captó 30.000 millones. A la tradicional emisión a 10 años de principios de enero se sumó una segunda colocación al mismo plazo en julio. En febrero, antes de que la guerra de Ucrania cerrara el mercado de capitales, España vendió 10.000 millones en un bono a 30 años. Siete meses y dos subidas de tipos del BCE después, colocó 5.000 millones en deuda con vencimiento en 2042 al 3,45%, el doble que lo exigido en 2020.