Las operadoras de aguas y conservación de carreteras se ahogan en sobrecostes

Centenares de contratos entran en zona de riesgo sin mecanismos de reequilibrio

Un equipo de conservación de carreteras actúa tras un accidente en Navarra.
Un equipo de conservación de carreteras actúa tras un accidente en Navarra.

La presión de los costes energéticos, laborales y de suministros básicos tienen en jaque a los contratos de servicios de explotación y mantenimiento de infraestructuras, entre ellos los de gestión del agua y conservación de carreteras. Carecen de mecanismos de revisión de precios, que decayeron con la entrada en vigor de la Ley de Desindexación, y, en contra de lo que ha sucedido con el contrato de obra pública, no se les está reconociendo la situación excepcional para incluir fórmulas temporales de reequilibrio.

El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, explica que “los contratos de servicios adscritos a infraestructuras fueron excluidos, sin justificación técnica, del procedimiento de revisión de precios excepcional, lo que, unido al crecimiento de los costes de la energía, anticipa problemas de viabilidad muy graves en determinadas tipologías de contratos, como son los de servicios de explotación de depuradoras y desalinizadoras, de naturaleza electro intensiva”.

En el caso específico del agua, asociaciones como AEAS o Asagua carecen de una ventanilla única en la que presentar la queja. “El abastecimiento o la depuración están en manos de ayuntamientos o comunidades autónomas, dependiendo de la zona del país. El problema es muy complejo desde el punto de vista de la gobernanza”, lamenta el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, quien ha trasladado la situación crítica que vive el sector del agua a Hacienda y Transición Ecológica.

Las empresas han propuesto enmiendas a los Presupuestos Generales a varios partidos

El estrechamiento de márgenes, cuando no las pérdidas, impactan en la inversión en mejora de infraestructuras, apunta Morcillo: “La situación es crítica en múltiples contratos por los precios eléctricos desde 2021 y el encarecimiento de los productos reactivos. Los costes se han ido muy por encima del IPC”.

El colectivo que lidera ha demandado que se incluya la gestión del ciclo del agua entre los sectores electro intensivos, pero no tenido respuesta del Gobierno. El proceso de tratamiento y abastecimiento se lleva 1 kilovatio hora (kWh) por 1.000 litros de agua, correspondiendo alrededor del 60% al proceso de depuración, según magnitudes que maneja el sector.

“El problema del agua no ha llegado al ciudadano porque se le actualiza la tarifa una vez al año y son las empresas de servicios las que cargan con los sobrecostes”, señala un alto directivo del sector, “viene un año electoral y está por ver que las Administraciones sean sensibles con esta crisis, pero el riesgo de quiebra de los contratos es cierto”.

En España hay unas 2.200 plantas de depuración de aguas residuales, pero el peso de la factura eléctrica es aún más agobiante para las desaladoras. Y tampoco escapan de la ansiedad reinante las labores de alcantarillado y abastecimiento, donde son habituales las operaciones de bombeo.

El sector del agua sufre por el coste eléctrico, y el de la conservación vial, por el laboral

Desde el ámbito tecnológico relacionado con el ciclo del agua, el director de Asagua, Antolín Aldonza, habla de potabilizadoras, depuradoras y plantas de tratamiento “desprotegidas ante la subida de la energía, con un peso del 40% sobre los costes de explotación”, además del encarecimiento de los productos químicos.

“Se está trabajando a pérdidas en muchas explotaciones y la tesorería comienza a fallar”, sentencia Aldonza, quien habla abiertamente de la amenaza de los concursos de acreedores. “Esta es una labor tan técnica como esencial; difícilmente se podrá asumir de urgencia cuando los operadores caigan”, añade. Por regla general, el contrato de servicios es por cuatro años y en distintos puntos del país se han dado pasos hacia el reequilibrio, como es el caso de algunos firmados por la Agencia Catalana del Agua (ACA), o por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

Enmiendas

El reequilibrio excepcional del contrato de servicios está sobre la mesa de distintos partidos para la posible formulación de enmiendas a los Presupuestos Generales. Empresas del terreno del agua y la conservación de carreteras han intensificado los contactos en el Congreso, ya a la desesperada, para que Hacienda tenga en cuenta su situación.

En el caso de la conservación de infraestructuras viarias el gran problema es el del coste de personal, además del precio de los materiales de construcción y del combustible. Sus contratos públicos, por cinco años, llevan aparejado un coste fijo de mano de obra, fijado por la Administración al principio. Este no se actualiza pese al recorrido del IPC.

El presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), Pablo Sáez, recuerda que el nuevo convenio de la construcción “recoge subidas del 4% en 2022 y del 3% en 2023 y 2024”. Las nóminas tienen un peso del 40% en los costes, otro tanto depende de los materiales de obra y el 20% restante, de la energía. En la conservación trabajan unas 14.000 personas en España.

Sobre presupuestos de ejecución de unos 800 millones al año, las desviaciones en los contratos alcanzan ya el 20%, según estimaciones de Acex. Empresas consultadas por este periódico se plantean no acudir a las prórrogas a la vista de que las nuevas licitaciones ya contemplan las mejoras derivadas del convenio.

Aena reclama una reforma legislativa sobre la actualización de sus costes

La dirección de Aena aprovechó el miércoles la presentación de su plan estratégico para poner de manifiesto la debilidad de la legislación, en lo que toca a la revisión de los costes que puede repercutir a las tarifas, cuando se dan situaciones excepcionales.

La empresa mantiene contactos con la CNMC y el Gobierno en los que demanda reformas en la Ley 18/2014 y Real Decreto 162/2019, que articulan el Índice P de actualización de precios y sus fórmulas. Este recoge la evolución del coste de la energía según el índice IPRI del INE, muy lejano a lo que sufre la empresa en el mercado diario.

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