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El control de la inflación en Europa es un arma de doble filo 

Los precios en España o Francia han subido menos por las medidas de sus Gobiernos. ¿Pero qué pasará tras la crisis?

Algunos países europeos han atajado el aumento de la inflación mejor que otros. Francia y España destacan como las grandes economías en las que los precios subieron al ritmo más lento –6,7% y 5,6%, respectivamente– en diciembre, frente a una media del 9,2% en la zona euro. Las medidas de los Gobiernos de París y Madrid lograron suavizar los recientes repuntes en el coste de la vida. Eso podría llevar a tasas de inflación más altas en unos años, cuando los precios se equiparen a la realidad del mercado.

A primera vista, los resultados parecen un buen argumento en favor del control de precios durante las crisis. Es cierto que Francia y España tienen menos dependencia energética de Rusia que países como Alemania e Italia, donde los precios subieron, respectivamente, un 9,6% y 12,3% en diciembre. Pero la escasez en la cadena de suministros y la carestía de las importaciones a causa de la debilidad relativa del euro golpearon a todos los países de la zona.

Los gobiernos tienen muchos medios para contener la inflación de los precios de los alimentos y de la energía. Pueden obligar a las compañías eléctricas y energéticas controladas por el Estado o reguladas a cobrar por debajo del precio del mercado, como hizo Francia. Pueden imponer rebajas temporales en el IVA, como ha hecho España con algunos alimentos básicos. Pueden presionar a las empresas para que moderen las alzas de precios, con amenazas abiertas o veladas.

Estas medidas tienen un coste fiscal, que será directo en el caso de los recortes de IVA e indirecto cuando los beneficios más bajos desemboquen en una menor recaudación fiscal. España gastó 45.000 millones de euros en 2022 en luchar contra la crisis. Esto equivale al 3,5% del PIB del año anterior. Francia y España también registraron algunos de los déficits fiscales más elevados de la zona euro el año pasado, en torno al 5% del PIB.

La reducción de la inflación general impulsada por la intervención del gobierno hace la vida más fácil a los consumidores y respalda la demanda, puede impedir una espiral de los costes salariales y hace que las exportaciones sean más competitivas.

El riesgo que se corre es que se produzcan ajustes más adelante. Los precios volverán a subir una vez que se terminen las rebajas del IVA. Los márgenes no se pueden comprimir eternamente, y las empresas podrían estar tentadas de tratar de recuperar el tiempo perdido. La generosidad fiscal conlleva un efecto inflacionario retardado, y tiene que acabar en algún momento. Los gobiernos que optaron por controles de precios moderados deben aceptar que la inflación persistirá durante más tiempo que en aquellos países que la atajaron directamente. Muchos seguirán pensando que mereció la pena.

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