El Gobierno debe proteger con bisturí de la inflación a los más vulnerables

La moderación de la evolución de los precios en noviembre, confirmada ayer por el INE, deja la tasa de inflación de la economía española en un 6,8%, lo que supone una caída de cinco puntos en tasa interanual y constituye el registro más bajo en 10 meses. Las razones que explican esta suerte de respiro tienen que ver fundamentalmente con la caída del precio de la electricidad, cuya rebaja ha dejado a los alimentos como la partida con mayor protagonismo en la curva de los precios. La cesta de la compra no ha seguido acelerándose, pero tampoco se ha moderado, y acumula ya un alza del 15% respecto a noviembre del año pasado. Para poder hacerse una idea del peso de los alimentos en la senda inflacionista, basta con constatar que de las 50 categorías del IPC que más han subido, 42 corresponden a productos de supermercado.

Con todo, el dato más preocupante de la evolución de los precios en noviembre es la tasa de inflación subyacente, cuyo cálculo excluye energía y alimentos no elaborados y que se mantiene tercamente inmune al efecto de las medidas antiinflacionistas. El dato, del 6,3%, suma una décima respecto a octubre y confirma que los temidos efectos de segunda ronda sobre el resto de los bienes y servicios de la economía siguen aumentando y probablemente van a formar parte de la realidad española al menos durante los próximos meses.

La lucha contra los vientos inflacionarios que recorren España y el conjunto de Europa está en manos de la política monetaria del BCE, pero corresponde a cada Gobierno adoptar las medidas necesarias para liderar el sacrificio compartido que exige esta crisis, así como suavizar en lo posible su efecto sobre los colectivos más vulnerables. Las familias españolas, que han visto subir en un año el precio del azúcar un 50% y de la harina en un 37,6%, no solo deben afrontar el coste cada vez mayor de la cesta de la compra, sino también el de otras partidas de gasto, como las relacionadas con el encarecimiento de las hipotecas y la factura de una crisis energética que no parece tener un pronto final.

El Gobierno anunciaba hace unos días que prepara un nuevo paquete de ayudas sociales con mecanismos para frenar la subida de los alimentos. Para que esas medidas sean realmente efectivas, y no contribuyan a cebar aún más la carrera de los precios, deben diseñarse con perfiles bien definidos, de forma que beneficien a los colectivos más castigados por la crisis y que más necesitan apoyo social. Se trata de un extremo sobre el que ha advertido en más de una ocasión el BCE, cuya política antiinflacionista, casi a golpe de hacha, tiene que ser complementada, y no neutralizada, por los bisturíes de cada uno de los Estados miembros.