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Escrito en el agua
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Carrera apresurada de premios y castigos antes de fin de año

La fuerte subida de las pensiones en enero anticipa el retiro de mucha gente que planeaba hacerlo en 2023

Un intenso runrún alerta de una avalancha de jubilaciones anticipadas. Los gestores de las pensiones guardan celosamente los datos de cuánta gente está adelantando su retiro antes de que termine el año para poder llevarse puesta la subida del 8,5% de la prestación que el Gobierno actualizará en enero, que tal ha sido el avance de la inflación media en 2022. La guardan para no desatar una dimisión en masa de los colectivos más cercanos a los 66 años y cuatro meses que marcan la edad legal de retiro en 2023. La gente echa cuentas apresuradas y toma decisiones financieramente óptimas.

Todos los cambios normativos que afectan al bolsillo del personal provocan movimientos tectónicos buscando la eficiencia de las cuentas personales, sean fiscales y afecten a las aportaciones tributarias o de cotizaciones, sean sociales y afecten a las prestaciones de todo tipo. En los últimos meses las modificaciones fiscales tanto para rentas bajas como elevadas han sido intensas, con elevaciones en los mínimos exentos, deflactaciones de tarifas de IRPF en determinados tramos autonómicos, creación de nuevos impuestos sobre determinados patrimonios financieros o elevación del tipo impositivo para las rentas procedentes del capital y el ahorro.

Pero las ha habido también en materia de cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social. En la reforma supuestamente blanda (o fácil) del sistema de pensiones que ha aplicado el ministro Escrivá se han modificado los sistemas de cotización de los autónomos para que en un periodo transitorio relativamente dilatado terminen cotizando por sus ingresos reales; se han modificado los coeficientes reductores de la prestación de jubilación en caso de anticipar el retiro sobre la edad legal; y se aplicará, tal como reza el precepto legal, una revalorización de todas las prestaciones de la Seguridad Social en el porcentaje de subida media interanual de los precios de 2022.

Y ahora, como en otras ocasiones en el pasado, los cambios han removido las decisiones naturales de los administrados. Hay que recordar que los meses en los que más subió el desempleo en el registro público, salvando las excepcionales cifras de la crisis de 2008-2009, fueron los del otoño de 1994, consecuencia directa de una modificación legal quizás racional, pero poco pensada. Se produjo una dimisión en masa de asalariados con razonables antigüedades acumuladas por la reforma que el entonces responsable de Empleo, Marcos Peña, del Gobierno socialista de González, diseñó y anunció, y según la cual, el cobro de determinadas cantidades como indemnizaciones por despido serían incompatibles con el cobro de las prestaciones por desempleo, además de ser celosamente sometidas al pago del IRPF.

El Gobierno se vio obligado a renunciar a tal modificación legal para frenar la sangría de despidos, indemnizaciones y seguros de paro que se venía encima, y se optó por un recorte generalizado de los pagos por despido en lo que entonces arrancó como rescisiones objetivas de pequeñas partes de la plantilla de las empresas, y que terminó echando raíz en la normativa que regula en España la salida del mercado de trabajo.

La coincidencia temporal ahora de una revalorización permanente el primero de enero de las cuantías de las pensiones, en una proporción muy elevada por la presión inflacionista, provoca el adelanto de la jubilación de muchas de las personas que tuviesen calculado hacerlo a lo largo de los meses de 2023. Si lo hiciesen entonces, la retribución que percibirán como primera pensión sería en muchos casos inferior a la que recibirían de retirarse este mes de fin de año 2022, que llevaría aparejada la subida que percibirán en enero, y que se consolidará hasta su fallecimiento.

Los coeficientes reductores por el anticipo del retiro se han incrementado hasta el 21% si se acumula determinada carrera de cotización y solo restan 24 meses para la salida legal. Es una reducción intensa en los primeros meses, pero que se alivia notablemente pasado un semestre (cuando el anticipo sea ya de solo 18 meses, por ejemplo, se limita al 8,8%). La cuenta de cuantos tienen previsto jubilarse anticipadamente tiene en cuenta esta variable y la recompensa del 8,5% de enero, que se consolida en la base y sobre la que se efectúan las subidas de años ulteriores.

El único obstáculo contable para este colectivo está también en la norma, aunque lo está desde la reforma de 2013, y que juega en su contra, al contrario de la revalorización de este próximo enero, que lo hará a favor o en contra en función de si se ha pasado a estado de pasivo cuando arranque el año. Se trata del cómputo por su valor nominal de las bases de cotización de los dos últimos años de los 25 que se toman en consideración para determinar la primera pensión, en vez de incrementarlos en función de la inflación, que sí se hace con los 23 precedentes.

Dado que las tasas de inflación de los dos últimos ejercicios han sido muy abultadas, hay una parte importante de las cotizaciones consideradas que cercenan la base reguladora (para entendernos, la pensión). Puede parecer limitado el efecto contractivo, pero en los últimos 18 meses por sí solos la inflación acumulada supera el 15%, lo que para lo que tenemos entre manos tendrá un coste de similar magnitud por una parte no pequeña de la prestación (dos años de los 25 para quienes dispongan de 25 cotizados, pero dos años en todo caso también para quien no acumule carrera tan dilatada).

Este pequeño recorte de las prestaciones de retiro, anticipado o no, afecta a todas las personas que lo alcancen durante todo 2023 y siguientes, al menos si la inflación sigue siendo elevada en los próximos trimestres, que tiene pinta de serlo. Y llama la atención que el Gobierno, que defiende con vehemencia la revalorización de las prestaciones según la inflación, independientemente de que tengamos suficientes euros o no para afrontarlo, no se haya acordado de aliviar la presión de la inflación en el cálculo de la primera pensión de quienes accedan ahora al estado de pasivos.

No es descartable que, igual que ahora hay una pequeña aceleración en el retiro anticipado, haya una prolongación de la vida laboral más allá del retiro legal para sortear esta falla contractiva que provocan los precios estos años.

José Antonio Vega es periodista

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