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La Audiencia Nacional frena la multa de 38 millones que la CNMC impuso a Ferrovial en julio

Dicta cautelares, de igual modo que hizo con las sanciones a Sacyr y OHLA

Javier Fernández Magariño

El grupo Ferrovial se ha sumado este viernes a OHLA y Sacyr, y, de momento, no deberá responder a la sanción impuesta por la CNMC en julio, por un total de 203 millones, que también afecta a ACS, Acciona y FCC. La Audiencia Adicional ha adoptado las cautelares que demandaba la compañía que preside Rafael del Pino y que, en su caso, frena una sación de 38,5 millones.

Competencia impulsó multas millonarias a las seis grandes de la obra pública por infracciones contra la Ley de Defensa de la Competencia. La primera en ser paralizada en la justicia fue la de 21,5 millones que recayó sobre OHLA, que recurrió aduciendo el riesgo de un “perjuicio grave e irreparable”. Posteriormente llegaron las cautelares para Sacyr y ahora es Ferrovial la que se ve eximida, con lo que también se frena la petición de una prohibición para contratar con la Administración pública.

El fallo de la CNMC motivó inmediatos recursos contencioso administrativos con el fin de evitar la histórica multa. Hasta ahora, la Sala de lo Contencioso ha visto acreditado que tanto el pago de la multa como el ser apartadas de la contratación pública originaría un perjuicio irreparable, ante lo que ve justificada la suspensión cautelar previa presentación en dos meses de una garantía en forma de aval bancario, u otra admisible en Derecho, por el importe de las multas.

Las constructoras quedan a la espera de sentencia firme de la Audiencia Nacional. En sus apelaciones subrayaron que la CNMC no había encontrado indicio alguno de actuación en cártel o reparto de mercado. Pero el regulador de la competencia vio probado que representantes de estas compañías se reunían semanalmente para decidir los contratos públicos, principalmente de infraestructuras, en que iban a compartir informes técnicos, encargados a terceros, para la elaboración de sus ofertas. Esas prácticas se habrían mantenido durante 25 años, entre 1992 y 2017.

La CNMC argumentó que las grandes cotizadas también intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Miles de licitaciones se vieron supuestamente afectadas, con obras relacionadas con carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales, etcétera.

Las constructoras, por su parte, coincidieron en que no hubo ventaja determinante alguna para la adjudicación de contratos y que el hecho de compartir informes técnicos y sus costes no mejoró, ni empeoró, las posibilidades de ser adjudicatarias. Estas compañías, antiguamente agrupadas en el conocido como G7 (también estaba Isolux), defienden su actuación como un modo de reducir costes en la preparación de licitaciones y completar los informes que aportaba la propia Administración con la incorporación de estudios geotécnicos, topográficos, etcétera, de los que carecían los proyectos originales.

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Sobre la firma

Javier Fernández Magariño
Es redactor de infraestructuras, construcción y transportes en Cinco Días, donde escribe desde junio de 2000. Ha pasado por las secciones de Especiales, Cinco Sentidos, 5D y Compañías siguiendo la información de diversos sectores empresariales. Antes fue locutor de informativos en la Cadena Cope, además de colaborar en distintos medios de Madrid.

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