La justicia deja en suspenso la multa de 21,5 millones de la CNMC a OHLA por riesgo de inviabilidad

La Audiencia Nacional acepta las cautelares demandadas por la empresa contra el pago de la sanción y una eventual prohibición a contratar con la Administración

El presidente de OHLA, Luis Amodio, junto al CEO, José Antonio Fernández Gallar.
El presidente de OHLA, Luis Amodio, junto al CEO, José Antonio Fernández Gallar.

La justicia comienza a frenar temporalmente las millonarias sanciones que la CNMC impuso el pasado 5 de julio a las seis mayores constructoras del país por infracciones contra la Ley de Defensa de la Competencia. La Audiencia Nacional ha resuelto la suspensión cautelar de la multa de 21,5 millones que recayó sobre OHLA, que recurrió aduciendo el riesgo de un “perjuicio grave e irreparable”.

Además del golpe económico, la CNMC acordó remitir el caso a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado con el fin de que determinara una eventual prohibición para contratar con el sector público. El fallo del órgano de Competencia fue similar en los casos de ACS, FCC, Acciona, Ferrovial y Sacyr, que también presentaron recurso contencioso administrativo ante una sanción que sumaba 203 millones.

En una pieza separada sobre medidas cautelares, la constructora que preside Luis Amodio señala que el pago inmediato de los 21,5 millones impediría a OHLA “continuar con el normal desarrollo de su actividad”. De hecho, expone en su recurso que desde 2015 solo ha logrado beneficios en 2018 y 2021. “Los beneficios obtenidos en 2021 quedarían prácticamente agotados por el pago de la multa y anularía la, ya de por sí escasa, recuperación económica experimentada por OHLA en dicho año y que ello agravaría las ya existentes tensiones de tesorería de la Sociedad”, se puede leer en el argumento de una cotizada que lleva años con el dividendo a sus accionistas cancelado.

En cuanto a la ejecución del veto para contratar con entidades del sector público, OHLA explica que la mera pérdida de la posibilidad de competir por la adjudicación de contratos con el sector público “es ya en sí misma un perjuicio de difícil, si no imposible, reparación”. La compañía argumenta que un 38,5% de sus ingresos el año pasado derivaron de sus trabajos para la Administración y advierte que la prohibición afectaría a la plantilla y a la propia capacidad de pago de los salarios.

Con estos argumentos sobre la mesa, la Sala de lo Contencioso ha visto acreditado que tanto el pago de la multa como el ser apartada de la contratación pública originaría “un perjuicio irreparable”, ante lo que ve justificada la suspensión cautelar previa presentación en los dos próximos meses de una garantía en forma de aval bancario, “u otra admisible en Derecho”, por el importe de la multa.

Ahora OHLA queda a la espera de sentencia firme de la Audiencia Nacional. La firma madrileña fue a la impugnación de la histórica sanción de la CNMC por verla tan injusta como improcedente. Tanto esta empresa como el resto de las afectadas subrayaron que la CNMC no había encontrado indicio alguno de actuación en cártel o reparto de mercado.

El regulador de la competencia vio probado que representantes de estas compañías se reunían semanalmente para decidir los contratos públicos, principalmente de infraestructuras, en que iban a compartir informes técnicos, encargados a terceros, para la elaboración de sus ofertas. Esas prácticas se habrían mantenido durante 25 años, entre 1992 y 2017.

La CNMC argumentó que las grandes cotizadas también intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Miles de licitaciones se vieron supuestamente afectadas, con obras relacionadas con carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales, etcétera.

Las constructoras, por su parte, coincidieron en que no hubo ventaja determinante alguna para la adjudicación de contratos y que el hecho de compartir informes técnicos y sus costes no mejoró, ni empeoró, las posibilidades de ser adjudicatarias. Estas compañías, antiguamente agrupadas en el conocido como G7 (también estaba Isolux), defienden su actuación como un modo de reducir costes en la preparación de licitaciones y completar los informes que aportaba la propia Administración con la incorporación de estudios geotécnicos, topográficos, etcétera, de los que carecían los proyectos originales.

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