Transportes se sube a grandes obras autonómicas para exprimir los fondos europeos
El Ministerio se abre a convenios con Comunidades para aprovechar los 7.700 millones de la adenda
La colaboración entre el Ministerio de Transportes y las Comunidades Autónomas en grandes obras de infraestructuras se ha convertido en vía rápida para colocar buena parte de las transferencias adicionales de fondos europeos que, por 7.700 millones, fueron concedidas a España en junio, dentro del Plan de Recuperación (PRTR).
El Gobierno cuenta con esa inyección extra no reembolsable, que depende del visto bueno de Bruselas a la adenda al citado plan (con la inclusión de nuevas reformas e inversiones), y ha encontrado en los convenios con Gobiernos autonómicos una solución. La fórmula está engrasada tras cesiones millonarias en fondos para la vivienda.
La secretaría de Estado de Transportes está jugando un papel determinante en el empuje de los acuerdos, comentan fuentes del sector constructor, para hacer posible proyectos como la ampliación del metro de Sevilla o la construcción del tranvía entre el centro de Palma y el Aeropuerto Sont San Joan.
En el primer caso, el Gobierno Central cofinancia el tramo norte de la Línea 3 del metro sevillano con la Junta de Andalucía. Esto supone compartir al 50% los 1.300 millones presupuestados para una actuación que durará ocho años. La extensión del metro, con una docena de nuevas estaciones, se enmarca en la sostenibilidad de la movilidad en una de las mayores ciudades del país.
Los fondos ya activan proyectos hasta ahora inviables en Andalucía y Baleares, como el metro de Sevilla y el tranvía de Palma
En cuanto a Baleares, Transportes se dispone a financiar el 100% del primer tramo del tranvía de Palma, que enlazará el centro con el aeropuerto, incluyendo ya 20 millones para esta infraestructura en los Presupuestos Generales de 2023. La línea tendrá casi 11 kilómetros y parte con una estimación de cinco millones de usuarios al año. El proyecto debía haber comenzado en 2011, pero la crisis financiera lo enterró hasta ahora.
El protocolo firmado en noviembre entre la ministra Raquel Sánchez y la presidenta balear Francina Armengol habla de una actuación esencial para la reducción de la dependencia energética y descarbonización de la movilidad. Ambas administraciones confían en que la cota modal del transporte público alcance un 60% entre los usuarios del aeropuerto que llegan a la ciudad de Palma. El compromiso de cofinanciación venía de cinco años atrás.
El departamento que lidera Raquel Sánchez tiene en estudio otras obras autonómicas bloqueadas por falta de financiación. Una segunda opción para aprovechar las subvenciones europeas es la del diseño de un nuevo proyecto estratégico para la recuperación (PERTE), o el refuerzo de los que están en ejecución, como el de la automoción.
Desde la oposición, el Partido Popular defiende esa última opción para incluir en el programa de ayudas al automóvil tanto al canal de venta como a los talleres, tal y como demanda la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM).
Financiar una red de electrolineras; ayudas para elevar la producción de biocombustibles, o la inversión en la gestión del ciclo del agua, son otras reivindicaciones que suenan desde sectores empresariales.
Ajustes para que fluya la obra pública
El ministerio de Economía sigue trabajando en la adenda al Plan de Recuperación para justificar la necesidad de los casi 8.000 millones en transferencias adicionales, y lo que España demande del tramo de 84.000 millones en préstamos.
Transportes ha presentado su candidatura para recibir nuevos fondos una vez que ha tomado medidas para agilizar la ejecución, como ha sido la introdución de cambios en los contratos de obra (mayor alcance de la revisión de precios o supresión de cláusulas en los pliegos). Por sus manos pasan 17.000 millones en subvenciones, de los que se han movilizado el 75% y ya hay más de 6.000 millones colocados en licitaciones.
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