Hacia una nueva (y mejor) regulación del crédito al consumo
España es actualmente el único país europeo que no tiene implantada la reserva de actividad, que protege al cliente
Durante los últimos años hemos asistido a una evolución imparable en los hábitos de compra y de consumo de los españoles. La irrupción del canal online, la aparición de nuevos servicios o el auge del sector fintech han transformado los servicios de financiación y han hecho necesaria una actualización de la regulación con un doble objetivo: garantizar el máximo nivel de protección para el consumidor sin perjudicar la accesibilidad y la comodidad del crédito al consumo.
Es por ello que, en este contexto, la Comisión Europea está trabajando ya en la revisión de la directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo. Esta normativa, lejos de afectar únicamente a la industria de los servicios de financiación, tendrá un gran impacto en los hábitos de consumo y en todos aquellos sectores cuyos productos y servicios dependen, en mayor o menor medida, del crédito al consumo.
Esta modalidad crediticia ha sido, y sigue siendo, una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, al permitir a muchos consumidores disponer de productos y servicios que, sin la vía de la financiación, no serían accesibles. Por lo tanto, es de capital importancia que la futura directiva aborde con éxito los retos que presenta la industria de la financiación, ya que de ello dependerá que el crédito al consumo siga siendo un instrumento accesible, útil, transparente y seguro.
En ese sentido, si hablamos de grandes retos, desde la patronal de las entidades reguladas especializadas en el crédito al consumo consideramos que los prioritarios son aquellos que afectan a la seguridad jurídica y a la transparencia y protección del consumidor. La llegada de las fintech ha cambiado radicalmente el sector financiero, pero al mismo tiempo ha propiciado la aparición de empresas que, bajo el paraguas de la agilidad y la tecnología, ofrecen servicios de financiación en ocasiones muy alejados de los estándares de seguridad habituales en el sector.
Así, estas empresas pueden ofertar créditos de una forma, a priori, mucho más accesible; en algunos casos sin realizar estudios de solvencia y sin tantos requisitos en materia de documentación. Sin embargo, estos créditos esconden también unas condiciones financieras desproporcionadas, con altísimas tasas de interés y una falta total de transparencia y de seguridad jurídica. Asimismo, si no realizan estudios de solvencia adecuados, ponen al consumidor en un grave riesgo de sobrendeudamiento, a lo que hay que añadir que estas entidades se dirigen a los sectores más vulnerables de la población.
Todo esto es consecuencia del hecho de que estas entidades, a diferencia del resto de la industria, no están reguladas por el Ministerio de Economía ni supervisadas por el Banco de España, lo que reduce notablemente el nivel de protección de los consumidores. Por lo tanto, llevamos tiempo solicitando la implantación en España de la denominada reserva de actividad, la cual garantizaría que todas las entidades que ofrezcan servicios de financiación estén sometidas a licencia previa, estén supervisadas por el Banco de España y compartan las mismas exigencias regulatorias. España es, hoy por hoy, el único país de nuestro entorno que no cuenta con reserva de actividad, una medida que ya se ha implantado en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Reino Unido.
Fernando Casero es presidente de Asnef
Este es uno de los puntos críticos que debe incluir la futura directiva, pero es importante que España se adelante a la transposición de la norma europea e implante la medida lo antes posible. Tanto el Banco de España como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han mostrado ya su sensibilidad ante este desafío, por lo que esperamos que poco a poco se vayan registrando avances decididos en este sentido.
Ya en el ámbito de los hábitos de compra, la futura directiva tiene un importante reto en materia de información precontractual. En lo relativo al volumen de información que hay que entregar al consumidor, parece evidente que la cantidad de información que recibe el cliente es desmesurada y poco digerible. Esto puede provocar precisamente el efecto contrario: un exceso de información genera desinformación, dificultando el entendimiento y la asunción de la misma por parte del consumidor.
Por ello, defendemos una simplificación de la información precontractual, la cual permita que el consumidor disponga, en un primer momento, de la información más esencial de forma práctica, sencilla, concreta y accesible, con datos como la TAE, el importe de las cuotas o los plazos del pago. A partir de ahí, el cliente podría acceder, mediante un clic, al resto de detalles del contrato. Esto redundaría en una mejor información para el ciudadano, ayudándole en el proceso de tomar una decisión responsable, consciente e informada.
Estos son los principales retos que debe abordar la directiva si quiere tener éxito y encontrar el necesario equilibro entre seguridad y accesibilidad. Compartimos plenamente estos dos objetivos, y por ello estamos colaborando activamente con reguladores y supervisores para crear un nuevo marco regulatorio eficaz, justo y transparente. Esta directiva afectará de forma decisiva a numerosas industrias y a nuestros hábitos de consumo, por lo que animo a todos a seguir trabajando juntos para que la nueva regulación garantice que el crédito al consumo siga siendo una herramienta eficaz, eficiente y segura para nuestra economía.
Fernando Casero es Presidente de Asnef