Órdago de los agentes sociales a Escrivá: sin acuerdo político no negocian el cálculo de la pensión

Patronal y sindicatos vuelven a reunirse hoy con los responsables de la Seguridad Social

El ministro de Incusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige el ministro José Luis Escrivá ha vuelto a convocar hoy a patronal y sindicatos para seguir negociando la segunda fase de la reforma de pensiones. Pero, tras la reunión del lunes, el Gobierno lo tiene un poco más difícil para lograr el respaldo de los agentes sociales a la reforma, debido al rechazo frontal que ha despertado la propuesta de Escriva de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión con la posibilidad de eliminar las 24 peores mensualidades.

De hecho, los máximos líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez se apresuraron ayer a negar rotundamente que vayan siquiera a sentarse a negociar esta propuesta con el Gobierno si antes no existen garantías de acuerdo político que permita aprobar esta propuesta en el parlamento. Y algo parecido indicaron desde el flanco empresarial a pesar de que la patronal nunca ha visto con malos ojos la ampliación del periodo de cómputo de la pensión, una propuesta que llegó a presentar uno de los últimos gobiernos del PP.

Así, Sordo aseguró ayer que su sindicato “no está por la labor” de hablar de esta medida si no existe antes un consenso político suficiente. “No la vamos ni a negociar si no hay previamente un consenso político sobre lo que se quiere hacer”, dijo el líder de CC OO que, acto seguido, aseguró que en la actualidad no hay una mayoría parlamentaria suficiente para que esta propuesta pueda salir adelante en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el secretario general de UGT reconoció que la posibilidad de llegar a un acuerdo en esta segunda fase de la reforma de las pensiones “tiene más dificultades” que la primera fase. Así, mostró la “profunda decepción y desacuerdo” de UGT con la propuesta del Ejecutivo conocida el lunes. “El Ejecutivo está empeñado en aumentar los años para calcular las pensiones y no nos parece que esa sea la solución”. Por el contrario, Álvarez criticó que la propuesta gubernamental “no recoge las reivindicaciones sindicales, por ejemplo, para premiar las carreras largas de cotización”.

Por su parte, los empresarios, siempre han considerado que la fórmula de cálculo de la pensión debe evolucionar a tener en cuenta toda la carrera laboral. Si bien, la vicesecretaria ejecutiva de la asociación de autónomos ATA (una de las principales organizaciones de CEOE), Celia Ferrero, consideró ayer que pese a la ampliación beneficiaría a los expulsados del mercado laboral en sus últimos años de carrera profesional, “hay un problema de forma”, ya que la propuesta de ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora no está dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Este mismo argumento es otro de los usados por el sindicato CC OO para exigir también un acuerdo político previo antes de sentarse siquiera a negociar. En definitiva, los interlocutores sociales no quieren que pueda ocurrir lo mismo que con la reforma laboral, que habría sido rechazada en el Congreso de no haber sido por la equivocación de un diputado del PP pese a haber sido fruto de un acuerdo social.

Ahora sí, Escrivá lo pactó con Bruselas

A finales de 2020 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, difundió entre los ministerios económicos un documento pactado con Bruselas para elevar el periodo de cálculo de la pensión a 35 años, lo que supondría recortar las nuevas pensiones un 6%. Esto levantó ampollas en el Gobierno con Unidas Podemos y con los sindicatos. Finalmente, en el documento enviado a Bruselas el compromiso rebajó su concreción, pero siguió recogiendo que España ampliaría este periodo. Escrivá negó hasta la saciedad que esta propuesta hubiera existido. Pero ayer su secretario de Estado de Seguridad Social Borja Suárez, reconoció que la propuesta “no está sacada de la manga” sino que es un compromiso adquirido con Bruselas en el plan de recuperación.