Plan antifraude

Las tiendas virtuales se ponen las pilas en la lucha contra las falsificaciones

Las empresas pierden millones de euros en ventas cada año. Amazon y Meta tienen herramientas para facilitar la denuncia

Falsificaciones Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Este viernes se celebra el Black Friday, un día de referencia para las compras a nivel mundial que junto con el denominado Ciber Monday marcan en el calendario el inicio de un gran periodo de ventas para las marcas. Según un reciente informe de la consultora BCG, el 71% de los españoles tiene previsto realizar compras durante este próximo viernes negro. Es también un momento propicio para que los vendedores de falsificaciones hagan su agosto, un floreciente negocio que amenaza la supervivencia de las empresas.

Según los últimos datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), de 2020, las empresas en España pierden unos 5.700 millones de euros anuales por las falsificaciones. Este agujero se eleva a 50.000 millones en el conjunto de la Unión Europea. Un problema difícil de atajar debido a que muchos piratas se refugian en el anonimato de la red. Otro estudio, elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revela que el comercio electrónico ha desplazado al top manta ya que el 56% de las incautaciones de copias ilegales se produce en este circuito. Las estadísticas también dicen que el comercio online se aceleró durante la pandemia del Covid-19.

Bajo la idea de que la unión hace la fuerza, los distintos actores están compartiendo esfuerzos para mitigar esta lacra. En palabras del director ejecutivo de la Euipo, Christian Archambeau: “Sea cual sea el intermediario al que afecten los delitos contra la propiedad intelectual, ya sea una plataforma de e-commerce, un servicio de entrega, las redes sociales o los pagos online, debemos trabajar juntos para combatirlos”.

Los marketplaces se han unido a la batalla ayudando a identificar las falsificaciones para sacarlas del escaparate. Algunas grandes plataformas y tecnológicas han dado el paso implementado distintas herramientas que ayudan a las marcas a cazar a los infractores. El pasado mes de octubre, Meta anunció la llegada de una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) que automatiza informes para denunciar el uso indebido de propiedad intelectual en Facebook e Instagram a través de Brand Rights Protection. Amazon, por su parte, eliminó más de 3 millones de productos falsificados en 2021, según el último estudio. Su recurso de monitorización, Amazon Brand Registry, lanzado en 2017, ya tiene inscritas más de 700.000 marcas.

La implicación de las plataformas es clave para Gerard Guiu, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), agrupación que representa a más de 80 empresas de muy variados sectores de la economía. “Es cierto que webs de comercio online, como Amazon, Alibaba o Mercado Libre, están realizando esfuerzos para controlar las falsificaciones en sus tiendas virtuales, pero hay otras plataformas que no se lo toman tan en serio”, afirma. Andema propicia encuentros entre sus asociados y muchos de estos marketplaces y webs para que las marcas puedan trasladarles sus preocupaciones de primera mano y, así, mejorar las herramientas contra las falsificaciones online.

La Euipo está trabajando para conectar a 14 plataformas con un portal (IP Enforcement Portal) donde compartir información. Ya hay inscritas 74 autoridades europeas y más de 1.200 empresas han subido datos sobre unos 6.700 productos.

Novedades legislativas

Otro escenario es el regulatorio. En los últimos años, la Comisión Europea ha adoptado varios cambios legislativos para combatir la piratería en línea. “Los principales son la directiva sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único de 2019 y la recientemente aprobada Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés)”, apunta Joaquín Muñoz, socio de Bird & Bird. Esta última, agrega, impone deberes a los sitios web a la hora de identificar a los usuarios profesionales, establecer controles aleatorios y actuar con rapidez para retirar el contenido ilícito. "La DSA tiene como objetivo regular las obligaciones de los servicios digitales que actúan como intermediarios, en cuyo grupo entran, entre otros, los sitios web de comercio electrónico y las plataformas en línea de compartición de contenidos". La norma aplicable a todas las empresas de la Unión Europea que estén dentro de su ámbito a partir del 17 de febrero de 2024.

Las grandes plataformas tendrán cuatro meses para adaptarse desde que se les comunique, siempre después del 17 de febrero de 2023. Antes de esa fecha, todas las plataformas en línea tendrán que indicar a la Comisión Europea el número de usuarios finales activos en sus sitios web, para que esta pueda evaluar cuáles de ellas deben ser designadas como plataforma o motor de búsqueda en línea de "muy gran tamaño" (aquellas que presten sus servicios a un número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la UE igual o superior a cuarenta y cinco millones).

Gerard Guiu critica que la ley nazca con lagunas al eximir a las pequeñas webs de responsabilidad. “Es algo injusto y peligroso”, opina. El texto definitivo, explica, no les exige adoptar procesos de “notice and takedown”, lo que hace que estas no tengan porqué disponer de un servicio de notificación por si una empresa o consumidor se percata de que uno de los productos que vende es ilegal o falso

En esta liga antipiratería las empresas también deben ser proactivas. Alberto Gallo, abogado de Elzaburu, recuerda la importancia de tener registrada una marca nacional, comunitaria o internacional, “según el territorio donde quieran hacer valer sus derechos”. Además, para evitar un futuro coladero de falsificaciones virtuales en el metaverso, el letrado recomienda a las marcas sin renombre que se registren para determinados productos y servicios en la clasificación de Niza, un sistema que rige en la Unión Europea y que consta de 45 clases. En concreto, deben solicitar el registro para las clases 9 (archivos digitales descargables), 35 (servicios de comercialización y promoción de productos virtuales) y 41 (servicio de puesta a disposición de productos virtuales no descargables). “Marcas como Levi’s, New Balance y Versace ya se han registrado protegiendo estas clases”, afirma.

Por otro lado, apunta Gallo, hay que poner “un ojo en las aduanas para evitar la entrada y salida de los productos falsificados”. La coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades aduaneras es, por tanto, muy necesaria. En caso de sospecha, señala el letrado, “hay que presentar ante las autoridades aduaneras una solicitud de intervención para que retengan estas mercancías”. En este ámbito, la tecnología también puede ser un aliado para las marcas. Andema ha lanzado un estudio junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que demuestra la utilidad de la inteligencia artificial para detectar las copias ilegales en la frontera.

Desde la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil señalan que el modus operandi cuando reciben un aviso sobre la existencia de productos falsificados en los recintos aduaneros es el de solicitar autorización del administrador de la aduana correspondiente para inspeccionar la mercancía. En el caso de encontrar copias ilegales, los agentes fotografían los productos, los precintan y depositan en almacenes de la aduana. En paralelo, recaban toda la información posible sobre los mismos (especialmente su lugar de fabricación y forma de distribución) y solicitan de la autoridad judicial su destrucción dejando a salvo las muestras oportunas.

Los perjudicados tienen conocimiento de la operativa, pues “se le ofrece a la marca perjudicada personarse en el procedimiento y se recaba de esta un informe pericial sobre la falsificación”. Fruto de este trabajo, en el año 2021 la Guardia Civil intervino un total aproximado de 400.985 productos falsificados con un valor de 13.512.575 euros.

Concienciación

La cruzada contra las falsificaciones tiene una última pata que es la educación ciudadana en el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial. La Euipo está colaborando en este campo con algunos e-commerces. Alberto Gallo recomienda desconfiar de los “chollazos” e identificar al comprador y el producto. En este sentido, el abogado ve muy útil fijarse en las valoraciones de los usuarios que incorporan fotografías reales de los productos vendidos. En caso de duda, hay que acudir a la página web oficial y comparar. “Si el consumidor no compra falsificaciones, este es un negocio que se extinguiría por sí mismo”, sentencia Gerard Guiu. Se trata de un fenómeno, remata, "que hay que atacar desde varios frentes, no se puede hacer solo una cosa o hacia un único actor o agente". Las normativas no siempre llegan a tiempo, por lo que la asociación observa hacia donde van las tendencias "para adelantarnos a las mismas y poder liderar temas como la gestión de derechos de propiedad industrial en el metaverso".

Normas
Entra en El País para participar