Un acuerdo que alivia a los hogares hipotecados y refuerza a la banca

Las negociaciones que ha mantenido el Gobierno con la banca desde el pasado septiembre para tratar de aliviar la presión financiera sobre los clientes hipotecarios más vulnerables, como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del BCE, se han saldado finalmente con un acuerdo notable en cobertura y en contenido. El pacto, que entrará en vigor en enero del año que viene, incluye una carencia de cinco años para las rentas inferiores a 25.200 euros que dediquen a la hipoteca la mitad de sus ingresos, y el congelamiento de la cuota a las de menos de 29.400 con una carga hipotecaria del 30%, lo que afecta en total a un millón de familias. El contenido del acuerdo combina la actualización del Código de Buenas Prácticas del sector financiero, que fue aprobado en 2012 y que beneficiará a 300.000 hogares, y la aprobación de un nuevo Código para las clases medias en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. Este último es la gran novedad de las negociaciones, porque supone ampliar la cobertura a unos 700.000 hogares más. A ello hay que sumar una serie de facilidades complementarias a las que podrán acceder todos los clientes sin acreditar requisitos concretos.

Aunque las líneas finales de este acuerdo van más allá del planteamiento inicial de la banca, que defendía restringir el concepto de colectivo vulnerable con el fin de acotar el perímetro de las ayudas y evitar la dotación de más provisiones millonarias, el anuncio del Gobierno de que limitará el impacto de esas nuevas dotaciones es una decisión razonable que facilitará considerablemente la digestión de las medidas. También la coyuntura resulta óptima, por el refuerzo de los niveles de capital realizado durante la pandemia y por la ampliación de los márgenes del negocio bancario que suponen las alzas de tipos de interés.

La banca no teme una crisis hipotecaria similar a la vivida tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en buena medida porque la mayoría de las hipotecas firmadas en los últimos años han sido a tipo fijo. Pese a ello, las ayudas acordadas ayer reducirán el riesgo de una cascada de impagos, suavizarán la carga financiera de los clientes y otorgarán al sector un papel proactivo en un momento de fuerte incertidumbre económica. Todo ello supondrá un retorno en términos de imagen de marca y responsabilidad social para unas entidades que han invertido mucho esfuerzo y recursos en sanear sus balances desde la dura crisis crediticia de 2008, pero también en reconstruir con tesón y solidez su reputación corporativa.