El Gobierno se asegura la aprobación de los Presupuestos y los nuevos impuestos

Cuenta con 167 apoyos para las Cuentas y negocia detalles con ERC

Los gravámenes están listos tras los cambios vía enmiendas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

El Gobierno de coalición tiene prácticamente amarrados los apoyos necesarios para que esta semana reciban luz verde en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las nuevas figuras impositivas de las que se nutren parte de los ingresos previstos. De esta manera, el Ejecutivo se aseguraría las cuentas públicas que sustentarán el último año de la legislatura, así como la puesta en marcha de los nuevos y polémicos impuestos energético y bancario y del gravamen temporal sobre las grandes fortunas, diseñados para disponer de más recursos con los que combatir la inflación.

A tres días de que la Cámara Baja vote el proyecto de PGE con más ingresos y gastos de la historia, varias fuentes del Gobierno aseguran que los apoyos están atados a falta de unos pequeños flecos con Esquerra Republicana y Bildu. Desde el Ejecutivo, en definitiva, descartan cambios de guion drásticos que hagan peligrar las cuentas públicas.

Hasta la fecha ya hay asegurados 167 síes tras los respectivos acuerdos con PNV, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Equo, PRC y Teruel Existe. Varias de estas formaciones, como Más País-Equo y los regionalistas cántabros, ya avanzaron ayer su voto afirmativo. En paralelo, otras como BNG anunciaron su abstención. Teniendo en cuenta el rechazo de PP, Vox y Cs, así como el sentido negativo de formaciones como Junts, UPN o Foro Asturias, el Gobierno necesitaría el aval de los soberanistas catalanes y vascos. Los primeros quieren atar “mecanismos de cumplimiento” de la ejecución de las inversiones en Cataluña, mientras que los segundos parecen haberse contentado con los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones sobre los impuestos energético y bancario.

También están atados los apoyos para validar el decreto con los nuevos impuestos a grandes energéticas y entidades bancarias, en el que se incluirá también el gravamen sobre la riqueza. La negociación de la semana pasada entre el Gobierno y PNV y PDeCat en la Comisión de Asuntos Económicos logró desbloquear la situación y permitirá la validación de estas figuras. La modificación, clave para el apoyo de las fuerzas nacionalistas, excluye del importe neto de la cifra de negocio para la determinación del gravamen a las energéticas el correspondiente a las actividades reguladas, al mismo tiempo que se establece que el impuesto se aplique únicamente a la actividad desarrollada por las compañías en España.

También allanó el terreno un acuerdo con Bildu por el que el Ejecutivo tendrá que evaluar el impuesto a la banca pasados dos años de su andadura para valorar convertirlo en permanente. También se abrió la puerta a que la gestión de estos tributos recaiga en las haciendas de País Vasco y Navarra.

Los Presupuestos para 2023 recogen el mayor techo de gasto de la historia (198.200 millones de euros) y unos ingresos récord que superarán los 307.000 millones de euros gracias al comportamiento de impuestos como el IRPF, el IVA o Sociedades.

Los impuestos a banca y energéticas, previsiblemente, estarán en vigor durante dos años con el objetivo de recaudar unos 7.000 millones de euros. El impuesto a los ricos, por su parte, afectará a 23.000 contribuyentes durante dos ejercicios e ingresará cerca de 1.500 millones anualmente, si bien el Ejecutivo estudiará si lo prorroga o convierte en permanente

Fedea pide un gravamen para todos los sectores

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cargó ayer, y no es la primera vez, contra los impuestos temporales a grandes energéticas y entidades bancarias que ha diseñado el Gobierno y que serán aprobados esta semana en el Congreso. Por un lado, Fedea considera desacertado el diseño que ha hecho el Ejecutivo de la base imponible que determinará el gravamen. Por otro, pide extender el impuesto al conjunto de los sectores siempre que la carga impositiva realmente recaiga sobre los llamados beneficios extraordinarios.

El problema, según detallan los profesores Julio López Laborda y Vicente Salas, de la Universidad de Zaragoza, es que mientras que el objetivo teórico de estos impuestos es hacer tributar los beneficios caídos del cielo –consecuencia de la crisis inflacionista–, la base imponible final no son los beneficios extraordinarios, sino las ventas (en el gravamen energético) o los márgenes ordinarios (en el financiero).

Esto lleva a que estos gravámenes distorsionen la asignación eficiente de los recursos, “alterando las relaciones de intercambio de las empresas con los clientes y dando lugar a pérdidas de bienestar”.

Por todo ello, los analistas de Fedea proponen que la base imponible coincida con los beneficios extraordinarios de las empresas, incluyendo una deducción por el coste de oportunidad de los fondos propios. Este cambio, añaden, aseguraría que los gravámenes no fuesen distorsionantes y que no se trasladasen a los clientes, siendo soportados por los accionistas de las empresas afectadas. Tampoco sería necesario, añaden, establecer en la normativa una prohibición de repercusión que puede resultar difícil de implementar.

La Unión Europea, en lo relativo al impuesto energético, propuso en efecto un tipo del 33% sobre los beneficios extraordinarios, entendidos como aquellos que superen en un 20% la media anual registrada por cada empresa entre 2019 y 2021.

Si el impuesto funcionase bajo este formato podría ampliarse al conjunto de los sectores, “puesto que los beneficios extraordinarios pueden darse en cualquier empresa y sector de actividad”, defiende Fedea. Según un estudio propio publicado a finales de verano, Fedea defendió que telecos, industria y comercio ganaban más con la inflación que los sectores energético y bancario.

Así, este diseño alternativo de la base imponible garantizaría la tributación de cada empresa en proporción a los beneficios extraordinarios obtenidos por la misma en cada período impositivo. Con ello, se eliminaría, además, el riesgo de que este gravamen pudiera ser declarado inconstitucional por discriminatorio. De hacerse así, el beneficio extraordinario podría ser el punto de partida para una reforma estructural del impuesto sobre sociedades.

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