Inversiones tecnológicas públicas para un desarrollo territorial justo

Las nuevas agencias tecnológicas y los grandes fondos para infraestructuras digitales deben focalizarse en las regiones de menos riqueza

No es materia discutible que España lidera en Europa la lucha contra la desigualdad digital territorial en el ámbito de la conectividad. Por entresacar tan solo un dato recogido en el último informe sobre la cobertura de banda ancha en la Unión Europea, mientras que la cobertura media de redes fibra en el entorno rural en España alcanza casi el 70%, en Alemania tan sólo llega al 10% y en Francia al 30%. Es más, la cobertura en ámbito rural en España incluso supera ampliamente la cobertura media de redes de fibra en todo el territorio de Alemania, apenas el 15%. Las infraestructuras de red actúan así de instrumento para dotar de igualdad de oportunidades a toda la población y favorecer su desarrollo económico.

La alta disponibilidad de conectividad en todo el territorio es un paso relevante para asegurar una transformación digital justa, sin desequilibrios geográficos. Ha sido importante para ello seguir el criterio de la Comisión Europea, priorizando el despliegue en las denominadas zonas blancas. Los grandes proyectos TIC, las inversiones en I+D y la dotación de fondos para emprendimiento digital sigue concentrándose, principalmente, en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Es necesaria mayor intervención pública para extender la ciencia y tecnología en las áreas con mayor disparidad de bienestar económico, cuyo catálogo menos arbitrario nos lo da las zonas señaladas como preferentes por la Comisión Europea en su mapa de ayudas regionales, el ultra periférico archipiélago canario y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Desde hace unos meses, el Gobierno de España está impulsando la distribución de los organismos públicos de nueva creación por la geografía nacional. El objetivo es romper con el concepto centralizado de la Administración del Estado como entidad enteramente localizada en la capital, regulando el proceso por real decreto. Se ha resaltado poco la influencia que este nuevo modelo de descentralización administrativa podría tener sobre un desarrollo tecnológico equilibrado y, consecuentemente, un desarrollo económico territorial inclusivo y sin desigualdades.

Entre las primeras entidades que serán objeto del nuevo procedimiento de selección de sedes de instituciones públicas figuran dos con un nexo claro con el desarrollo científico y tecnológico. De un lado, la Agencia Espacial Española, que contribuirá a ordenar las competencias en este ámbito, impulsar su desarrollo tecnológico y a establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. De otro lado, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que se encargará de supervisar la aplicación y ejecución de lo dispuesto en la futura Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Para imaginar el impacto económico que instituciones públicas científico-técnicas de este calado podrían tener en el área geográfica dónde se ubiquen, basta recurrir al análisis del impacto económico y social que tiene la presencia en la Isla de La Palma del observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias. De acuerdo con un análisis de 2016, el sector de la astrofísica generaba el 3,3% del PIB insular y el 2,3% del empleo asalariado de la economía palmera.

No sólo las nuevas agencias tecnológicas públicas debieran implantarse en las áreas señaladas como de mayor disparidad económica por la Comisión Europea, también deberían ser el destino de las grandes inversiones en infraestructuras digitales apoyadas con fondos públicos. Un caso de estas inversiones son las cuantiosas ayudas previstas en el el PERTE de microelectrónica y semiconductores para atraer a España capacidades de fabricación de chips. Aunque en esta decisión influyera también, lógicamente, la opinión del partner tecnológico, debería existir el compromiso explícito del Gobierno de tratar de conducir estas nuevas facilidades manufactureras de microelectrónica hacia las regiones señaladas por la Comisión, más considerando la existencia de un ecosistema propio de semiconductores relevante en alguna de ellas, caso de Canarias y Andalucía. Para apreciar el impacto que tendría esta decisión en estas zonas, muy castigadas por el desempleo, basta con señalar que en Estados Unidos se ha estimado que por cada puesto de trabajo en el sector de los semiconductores se generan 5,7 puestos de trabajo adicionales.

La extensión de las redes de fibra óptica ha seguido un modelo territorial equilibrado, apoyando el despliegue en las zonas blancas identificadas por la Comisión Europea. Se ha de continuar con el mismo patrón de apoyo gubernamental a un desarrollo tecnológico justo. Seguir las orientaciones de la Comisión Europea sobre zonas de España identificadas con mayores desigualdades para la implantación de las nuevas infraestructuras científico-tecnológicas previstas en los próximos meses, ya sean de carácter público o con fuerte inversión estatal, actuaría de motor de crecimiento económico inclusivo en la nueva fase de intensificación de la digitalización en la que entramos

Emilio García es Ex Director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales