Adif retira parte de su blindaje antifraude para desatascar concursos por 1.000 millones
Recibe sentencias adversas por cláusulas reforzadas en los pliegos después de que la patronal CNC impugnara más de 20 licitaciones desde julio
El choque entre la construcción y Adif por las medidas anticorrupción incluidas en los pliegos de contratación de obra está en vías de solución. Han sido cesenciales un par de sentencias favorables a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) para la decisión de la empresa pública de retirar las cláusulas consideradas abusivas.
La patronal ha bloqueado desde julio una veintena de concursos en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), impugnando proyectos por más de 1.000 millones. El detonante de esta judicialización fue la macro sanción de 203 millones impuesta el 5 de julio por la CNMC a las seis mayores constructoras del país: Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. Recibido ese golpe, la CNC denunció por abusivas las cláusulas de los pliegos que aluden a la integridad y lucha contra el fraude, y a las causas de resolución de un contrato.
Pese a tener distintos casos abiertos, Adif no ha esperado a tener un resultado abultado en contra en el TACRC para tomar una decisión. Distintas fuentes explican que la pública ha modificado sus pliegos y da nuevo margen, de hasta 15 días, para actualizar ofertas, si ello fuera necesario, en los concursos paralizados. A la vista de que los recursos iban a más, se trata de evitar un colapso en la contratación en plena ejecución de los fondos europeos. El 75% de las obras recurridas están financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Las sanciones de la CNMC a grandes constructoras tienen en alerta a la empresa pública
Adif afloja, de este modo, parte del blindaje antifraude que reforzó a primeros de año a la espera de la avalancha de proyectos con financiación europea. En el caso de la cláusula de integridad, Adif obliga a que las constructoras asuman la obligación de respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva. Incumplir este punto es considerado muy grave y puede costar una multa que va del 10% al 50% del precio del contrato, e incluso la suspensión de los trabajos.
En cuanto a la cláusula de resolución, las contratistas deben mantenerse durante el periodo de ejecución de una obra en una situación que no les prohíba acceder a la contratación pública. En caso contrario, Adif queda facultada para dar por zanjada la relación contractual.
La CNMC vio probado en julio que las grandes de la obra civil mantuvieron reuniones durante 25 años (de 1992 a 2017) para decidir los contratos públicos en que iban a compartir informes técnicos, encargados a terceros, para la formulación de sus ofertas. Esa resolución ha sido recurrida ante la justicia ordinaria por cada una de las compañías.
Las integrantes de la antigua asociación G7 explican que la carencia de estudios en la documentación facilitada por las Administraciones, necesarios para la ejecución de un contrato, obligaba a las contratistas a completarlos por su cuenta. Compartían el coste de los informes y, según dicen, los utilizaban de forma independiente y sin acuerdo para presentar ofertas.
Obras de calado
Entre las licitaciones congeladas en el TACRC estaban las del primer tramo del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón; la mejora integral del tramo Madrid-Yeles, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla; la primera fase de la ampliación de las Cercanías de Madrid hacia Soto del Real; la restauración exterior de la estación Valencia Nord, o el nuevo canal para la integración de la alta velocidad en Valencia.
El 75% de los proyectos bloqueados están financiados por los fondos de la UE
Al margen de la llegada de fondos de la UE, el escudo anticorrupción tiene su origen en la resolución de la CNMC de marzo de 2019 (S/DC0598/2016), cuando se sancionó a 15 filiales de grandes constructoras por “repartirse de forma ilícita” concursos de Adif relacionados con la electrificación de líneas convencionales y de alta velocidad. Las sanciones sumaron 118 millones y también están recurridas ante la Audiencia Nacional.
Después vinieron otros dos golpes de la CNMC. El primero es del 29 de septiembre de 2021 (resolución S/DC/0614/17), cuando se sancionó un cártel para el reparto de contratos relacionados con instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias. Este habría actuado entre 2002 y 2017.
Y la segunda resolución es la que incluía la histórica sanción del pasado 5 de julio (S0021/20).
La necesidad de mayor control
Principal instrumento del Gobierno. El Ministerio de Transportes recibió el encargo del Gobierno de ejecutar más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation y los mecanismos MRR. De esa suma, Adif encauza a tarvés de sus obras en las redes ferroviarias unos 5.800 millones.
Garantías. Con este papel protagonista en la gestión de fondos para la recuperación, Adif decidió a primeros de año apuntalar mecanismos internos como el Código y Canal Ético, con el fin de evitar prácticas corruptas y conflictos de interés. Tabién puso en revisión los procedimientos de gestión de fondos comunitarios, y actualizó las cláusulas de integridad y lucha contra el fraude en los pliegos de sus contratos.
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