Diez decretos para hacer frente a la crisis energética con medidas fiscales y ayudas sociales
La virulencia de la crisis provoca que la amplia mayoria de las iniciativas se prolonguen hasta finales de 2023
El Gobierno ha aprobado un total de 10 decretos ley desde que en el verano de 2021 los precios de la energía emprendieron su carrera alcista. Sin embargo, no fue hasta el 24 de febrero pasado, cuando las tropas rusas iniciaron la invasión de Ucrania, cuando la crisis energética experimentó su mayor virulencia y todo apunta que seguirá durante bastantes meses.
Como consecuencia de todo ello, los distintos gobiernos europeos emprendieron la adopción de un buen número de medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en la inflación y la desaceleración de la economía, en un momento en el que se comenzaba a ver la luz al final del túnel, a medida que se iban eliminando las fuertes restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
Desde ayudas económicas a los más necesitados, al tejido productivo y los hogares; hasta ayudas generales como la bajada del IVA o el impuesto especial a la electricidad, el Gobierno ha desplegado un paraguas de ayudas que, si en un principio eran temporales hasta finales de este año, se prolongarán durante todo 2023, ante las perspectivas de que todo es incluso susceptible de empeorar.
Este proceso legislador que se inició en junio de 2021 con la bajada del IVA del 21% al 10% en la factura eléctrica, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que contiene un total de 73 medidas, cierra un círculo en el que el conjunto de medidas de todo tipo ha llegado a superar los 35.000 millones de euros.
De hecho con esta cifra España se sitúa en el 'top five' de países que más han destinado para paliar la subida de la energía, un nivel equivalente al 2,9% de su PIB.
El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el décimo Decreto Ley con el objetivo de paliar el impacto del descontrol de los precios energéticos en las economías de los consumidores.
Con un coste de 3.000 millones de euros la principal novedad es la creación de una nueva tarifa regulada para aquellas comunidades de vecinos que cuenten con calefacción central de gas, al tiempo que se dio un nuevo impulso al bono social destinados a los más necesitados.
La actual situación de Ucrania y el temor a un cierre total en el suministro europeo por parte de Rusia, ha provocado que, ante el peor de los escenarios, se adopten medidas a un año vista.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer este último decreto en el que se clarifican algunas de las medidas aprobadas.
Medidas fiscales
Con el objetivo de fomentar la realización de obras de mejora de eficiencia energéticas en viviendas, el Gobierno va a prorrogar a lo largo de 2023, un conjunto de deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).
Según recoge el BOE, los contribuyentes podrán deducirse el 20% de las cantidades destinadas desde la entrada en vigor del Real-Decreto ley 19/2021 de 5 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2023, a la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual o de cualquier otra que se tenga arrendada.
La norma clarifica que para entenderse que se ha reducido esta demanda, la reducción debe ser al menos un 7% la suma de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda. La base anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
La deducción podrá llegar al 40% si, las obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable es de al menos, un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o se mejora la calificación energética para obtener la calificación A o B. En este caso la base anual máxima será de 7.500 euros anuales.
En el impuesto de sociedades, se posibilita la libertad de amortización en las inversiones en energías renovables, situándose en 500.000 euros la cuantía máxima de la inversión.
TUR vecinal
La norma extiende hasta finales de 2023 el límite del 5% en el incremento de las tarifas de último recurso (TUR) del gas, que hasta ahora iban a finalizar este ejercicio.
Una de las novedades más destacada es la creación de una nueva TUR para regular el precio del gas en las calderas comunitarias, lo que beneficiará a 1,7 millones de hogares. Según se recoge en el BOE con esta medida se trataría de evitar que los altos precios se tradujesen en endeudamiento de las comunidades y un incremento de los impagos y cortes de suministro.
El método para implementar la nueva tarifa será a través del cálculo del consumo medio de la comunidad de vecinos de los últimos 5 años. Sobre el 70% de ese consumo, se aplica un descuento del 40%, mientras que el 30% restante seguirá pagando el gas a precios del mercado libre.
Para poder acceder a la nueva TUR se exigirá la instalación de contadores individuales de calefacción como fecha tope a 30 de septiembre de 2023. Se contempla una partida de 40 millones para facilitar el desembolso de estos elementos por parte de los hogares.
Las empresas de servicios energéticos que se acojan a esta tarifa deberán trasladar de manera íntegra el ahorro obtenido en el coste de adquisición del gas natural al precio unitario aplicado por el servicio prestado de calefacción y agua caliente sanitaria.
Bono térmico
Otra de las ayudas que se incrementa es la percibida por los beneficiarios del bono social térmico que pasa de 25 a 40 euros con la intención de disminuir la brecha entre las ayudas asignadas a los beneficiarios residentes en las diferentes zonas climáticas.
A diferencia del bono social eléctrico, el térmico se configura como un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en usos como la calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Para cubrir presupuestariamente esta partida se aprueba un suplemento de crédito de 225 millones de euros.
Nuevo bono social
Junto al bono eléctrico y el térmico, se pone en marcha el nuevo bono social, que nace con carácter temporal para aminorar la factura eléctrica. La medida ahorraría un 40% de la factura a aquellos hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) de 14 pagas. Esto se traduce en rentas inferiores a 28.000 euros. La nueva medida afectará a 1,5 millones de hogares y la suma de todas las categorías de bonos cubrirían a 4 de cada 10 españoles.
Podrán acceder a ese nuevo descuento en 2023 personas solteras que ganen hasta 16.800 euros al año, parejas que ingresen 19.300 euros o familias que ganen 27.720. Para 2022, las categorías serán de 16.212 euros; 18.644 euros y 26.750 euros, respectivamente.
El Gobierno también ha ampliado los descuentos para los beneficiarios de las actuales categorías del bono social, el descuento pasará del 60% actual al 65% para los consumidores considerados vulnerables y del 70% al 80% para los vulnerables severos. Antes de que se desatara la actual crisis energética los descuentos eran del 25% y del 40%, respectivamente.
Sector público
En mayo, el Gobierno ya publicó una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética en las dependencias de la Administración General del Estado y en las entidades del sector público estatal. Esta primera respuesta incluía cambios en los sistemas de climatización, iluminación y equipamiento ofimático, así como un impulso al trabajo remoto al impulsar que los funcionarios puedan teletrabajar tres días a la semana si sus tareas se lo permiten.
En lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, Ribera ha subrayado que se busca facilitar un kit verde para el sector que fomente la eficiencia de las firmas y habrá apoyos del ICO para la instalación de renovables. El plan también invita a las grandes empresas a presentar sus propios planes de contribución al ahorro energético, después de realizar sus auditorías.
A largo plazo, el Ejecutivo busca impulsar un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de descarbonización de la industria, que aún se encuentra en fase de diseño.
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