La construcción urge la revisión de precios en la rehabilitación para salvar los fondos de la UE
La industria de los materiales ve en riesgo la ejecución de ayudas por 6.000 millones
Preocupación en la industria de la construcción ante las dificultades para que salga adelante el macro plan de inversión en rehabilitación de viviendas impulsado por los fondos europeos Next Generation. El programa está dotado con cerca de 6.000 millones en subvenciones, pero la volatilidad en el precio de las materias primas se ha convertido en un lastre que pone en riesgo su ejecución, según ha trasladado la patronal de fabricantes de materiales de construcción CEPCO al Ministerio que lidera Raquel Sánchez.
El frente empresarial demanda, según ha podido saber Cinco Días, un mecanismo de revisión de precios de los materiales para las reformas, similar al que se ha aplicado a la obra pública. Con ello se garantizaría que los sobrecostes que sufren las constructoras pueden ser presentados al final de una obra a las Administración que ha concedido los fondos europeos.
En el Ministerio ya se ha subrayado la complejidad de implantar este tipo de fórmulas, ante lo que CEPCO sugiere que la Ley General de Subvenciones contempla el tanteo al alza en el momento de las liquidaciones. El asunto comenzó a tratarse hace tres semanas y volverá a verse en un próximo encuentro previsto entre representantes de Transportes, Comunidades Autónomas y la citada CEPCO, a la que podrían sumarse otras patronales de la construcción. El Ministerio de Hacienda también está siendo informado.
Los proyectos y subvenciones para la reforma de viviendas están amenazados por los sobrecostes
Con los fondos transferidos a los Gobiernos autonómicos, el empresariado ve una laguna en el hecho de que las comunidades de propietarios aparquen los proyectos de mejora de viviendas con las subvenciones ya asignadas: “Entre la petición de un presupuesto, la consecución de la ayuda y el comienzo de la obra, puede darse una enorme variación en los costes que dé al traste con el proyecto”, explica una fuente cercana a las conversaciones, “los fondos vuelven al remanente, pero la UE pone fecha límite de ejecución y ya vamos con retraso”. Otra de las quejas generalizadas es la falta de claridad en los incentivos fiscales que acompañan al plan. En el seno de la CEOE se estudia con detalle si el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge dichas bonificaciones para incentivar la rehabilitación.
Miedo al compromiso
Los proveedores de materiales apenas garantizan una semana sus precios, ante lo que las compañías de reformas han estrechado al máximo el periodo de validez de los proyectos para no quedar atrapados en contratos a pérdidas. Con ello, se teme que decenas de millones en ayudas vayan quedando sin aplicación.
La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha demandado reforzar la colaboración público-privada entre los principales agentes del sector de la reforma y los órganos responsables en cada Comunidad Autónoma. Ambas partes trabajarían a partir de los resultados de un panel de seguimiento que indique, en tiempo real, cómo evoluciona el grado de penetración de los fondos para medir la efectividad de las ayudas a la rehabilitación e ir articulando medidas de mejora. También incide Andimac en la necesidad de la máxima claridad en la política fiscal.
Otro problema puesto sobre la mesa es el de la disparidad de Administraciones con competencias sobre el programa de rehabilitación, ante lo que el sector privado urge el funcionamiento de una ventanilla única para la tramitación de las ayudas que ya estaba prevista en el propio programa de rehabilitación. Y ello imbrica con la urgencia de un potente plan de comunicación sobre el modo de acceder a los fondos y la de promover la figura del agente rehabilitador, creada por el Gobierno para conectar a los propietarios con las ayudas programadas.
El Gobierno prevé más de medio millón de obras subvencionadas hasta junio de 2026
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha dirigido parte de la lluvia de fondos al arreglo de edificios residenciales, viviendas y barrios. El dinero se canaliza a través de las Comunidades Autónomas en proporción directa al número de hogares en cada región. Y estas pueden proceder de forma directa o delegar la convocatoria de ayudas en los Ayuntamientos. Las primeras remesas salen ahora, un año después de la publicación del Real Decreto para impulsar la actividad de la rehabilitación.
El programa fue complementado con beneficios fiscales por 450 millones, también articulados en octubre del año pasado. El Gobierno espera alcanzar las 510.000 actuaciones hasta junio de 2026 y la creación de más de 180.000 puestos de trabajo.
El efecto tractor de los fondos europeos debe colocar el número de viviendas rehabilitadas con cargo a la financiación europea en las 71.000 unidades al año, desde las poco más de 31.000 que se contabilizaron en 2019. Pero el objetivo final es alcanzar los 300.000 hogares reformados por ejercicio en 2030, tal y como marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La mitad del parque de viviendas en España es previo a 1980.
Ganar en eficiencia energética es el principal caballo de batalla, con el recorte de un 30% en consumo de energía no renovable y una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Este recorte deberá ser acreditado a través de un certificado energético de la vivienda previo y posterior a la reforma. En este momento, más del 80% de los hogares españoles son contaminantes en términos de emisiones y poco eficientes en consumo de energía.
Oportunidad histórica
Del total de fondos europeos que están llegando a España, están previstos 4.420 millones para el sector residencial: 3.420 millones para rehabilitación y 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social. Además, hay otros 1.100 millones fijados para la remodelación de edificios públicos. El Gobierno puso en juego líneas de avales del ICO por otros 1.100 millones para facilitar la financiación a las comunidades de vecinos. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las principales beneficiarias de estos fondos, con el 17,4%, 16,2%, 14% y 10,8%, respectivamente.
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