El Ejecutivo prevé una elevada recaudación por cotizaciones sociales, difícil de justificar
El presupuesto de la Seguridad Social sube por encima de los 200.000 millones por primera vez
El cumplimiento de la ley que obliga al Gobierno a revalorizar las pensiones con el promedio del IPC del año en curso ha disparado el presupuesto de la Seguridad Social un fuerte 12,8% en un solo año, con lo que este organismo supera por primera vez los 200.000 millones del presupuesto, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado ayer en el Congreso de los Diputados. La mayor parte de este dinero –más de ocho de cada diez euros del presupuesto del sistema– se destinará al pago de las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares) en lo que se emplearán el próximo año 166.777 millones de euros, 16.806 millones de euros más, lo que supone un aumento del 11,2% respecto al presupuesto inicial del año anterior.
Este fuerte incremento obedece a la revalorización de las pensiones alrededor de un 8,5% –que es la cuantía con que el Gobierno estima que aumentará el IPC promedio de 2022–, además del incremento del número de prestaciones y el efecto sustitución, según el cual las nuevas pensiones que llegan al sistema son superiores a las que se dan de baja. Pero para poder acometer este incremento de las prestaciones y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, tal y como marca la ley, la Seguridad Social ha tenido que hacer un complejo encuadre financiero de sus cuentas que abre la puerta a algunas incertidumbres.
El capítulo global de pensiones y prestaciones sociales se eleva hasta los 194.369 millones –19.548 más que el año pasado tras un avance del 11%– porque incluye 2.803 millones de prestaciones no contributivas; 11.764 millones para pagar las bajas laborales por incapacidad temporal de los trabajadores; 3.669 millones para prestaciones por nacimiento y cuidado de menores; 1.327 millones para prestaciones familiares o 3.420 millones para dependencia, entre otros. Y, para financiar todo esto, el Gobierno dispone de tres fuentes de ingresos: las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores (también parados); las transferencias de impuestos que pasa el Estado al sistema y los préstamos del Tesoro.
En este punto la primera incógnita en el diseño de este presupuesto obedece a la elevada cuantía que se prevé recaudar por cotizaciones sociales cifrada en 152.075 millones de euros, un 11,5% más que el presupuesto inicial de 2022.
Precisamente, esta última comparativa es la primera que habría que ajustar para analizar cuál será el incremento real de dicha recaudación. Así, si la recaudación estimada para 2023 se compara, en lugar de con la prevista inicialmente para 2022 con los ingresos que realmente se tendrán al final de este año (141.889, según el último avance de ejecución presupuestaria de agosto), el incremento real de recaudación sería del 7,2% (10.186 millones) en lugar del 11,5%.
Este aumento sigue siendo más elevado de lo que podría esperarse si se tiene en cuenta que el avance de recaudación por cotizaciones es fundamentalmente el resultado de sumar lo que aumenta el empleo y los salarios (bases medias de cotización) en un año. Así teniendo en cuenta que el Presupuesto conocido ayer prevé un avance del empleo del 0,6% en 2023 (medido en puestos de trabajo a tiempo completo), el cumplimiento de un crecimiento de los ingresos del 7,2% exigiría un avance de los salarios superior al 6,5%, calcula el economista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García. Pero este marcado incremento recaudatorio es algo poco probable a no ser que desde la Seguridad Social prevean fuertes efectos de segunda ronda en los sueldos por la inflación o algún aumento de los tipos de cotización o ambas cosas.
Otra posibilidad para llegar a este incremento de la recaudación sería, que los autores del presupuesto hayan previsto un avance de los salarios (bases medias de cotización) más realista, en el entorno del 3,5% o 4% que sumado a la previsión de avance del empleo dejaría un aumento de recaudación más cercano al 5% y, por lo tanto, solo faltarían algo más de dos puntos para cumplir con el aumento estimado de los ingresos. La cantidad que faltaría para llegar a los 152.075 millones de recaudación en 2023 rondaría los 3.000 millones de euros. Precisamente esa es la cuantía que el Gobierno pretende obtener con la nueva sobrecotizacióon del 0,6% del mecanismo de equidad intergeneracional que estará operativa diez años, y cuya recaudación irá a parar al fondo de reserva de las pensiones, para costear las jubilaciones masivas de los nacidos en el baby boom sobre todo en la próxima década. De hecho, como novedad de este presupuesto, la también denominada hucha de las pensiones ingresará, por primera vez en 13 años, los 3.000 millones de la citada sobrecotización.
Sin embargo, el economista Miguel Ángel García advierte que esta cantidad no debería contabilizarse como ingreso, sino como un gasto que se anote en activos financieros, “o de lo contrario se estará dando una imagen distorsionada de la situación contable del sistema”, generando así una nueva duda en torno a este presupuesto.
Además, este nuevo ahorro del fondo de reserva para las pensiones del futuro se produce paradójicamente cuando existe un déficit solo del sistema contributivo (ingresos por cotizaciones menos gasto en pensiones contributivas) de casi 15.000 millones de euros.
La segunda fuente de ingresos son las transferencias del Estado. Estas crecerán el próximo año hasta los 38.904 millones, un 7% más que en 2022, cuando estas aportaciones estatales crecieron más el doble respecto a 2021 (un 16%). De esta cantidad casi 20.000 se destinarán a financiar los denominados por el Pacto de Toledo como gastos impropios del sistema, que subirán un 8%, destacando el capítulo de “otros conceptos”, que sube un 9% sin desglosarse su destino.
La tercera fuente de financiación que usará el Gobierno será, por sexto año consecutivo, un préstamo del Tesoro, que el año que viene aumentará un 43% respecto a 2022 hasta superar los 10.000 millones.
Menos gasto en desempleo y más ayudas
Menos parados. Entre las noticias positivas que recogen las cuentas públicas para el año que viene está una presupuestación a la baja de las prestaciones por desempleo por la mejora del mercado laboral, tanto por los niveles esperados de creación de puestos de trabajo como por la menor rotación derivada del aumento de la contratación indefinida, esplicaron ayer los autores del presupuesto. En concreto, en 2023 se destinarán 21.278 millones al pago de prestaciones y subsidios por desempleo un 5,3% menos que lo presupuestado inicialmente par 2022.
Ayudas al empleo. Tras el capítulo de prestaciones a parados la partida más abultada del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es la destinada al fomento de la inserción y estabilidad laboral, que asciende a 4.121 millones tras incrementarse un 13,2% respecto al presupuesto inicial de 2022. De esta cantidad aproximadamente la mitad se empleará directamente en bonificaciones de cotizaciones de contratos estables para colectivos de difícil contratación. Se prevé que más de 716.000 personas se beneficien de estos contratos bonificados, un 5,6% más.
IPREM e IMV. En materia de ayudas, el Indicador de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) se revalorizará un 3,6% hasta 600 euros mensuales (7.200 euros al año) y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará como las pensiones un 8,5%.
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