Los empleados públicos recibirán una paga este año del equivalente a subir su sueldo un 1,5% más desde enero

CC OO pone como ejemplo que los atrasos oscilarán entre los 195 euros para un sueldo de poco más de 1.300 euros al mes a los 375 de quien cobre 2.250 euros

Infografía: Belén Trincado

Menos de una semana ha necesitado el Ministerio de Hacienda para convencer a CC OO y UGT de que la subida salarial que va a aplicar el Gobierno a los empleados públicos en 2022, 2023 y 2024 –entre un 8% y un 9,5% a repartir en los tres ejercicios– es la adecuada. Así, tras iniciar las negociaciones el miércoles pasado sobre la política retributiva de más de tres millones de empleados públicos ayer el Ministerio de Hacienda y las federaciones de función pública de CC OO y UGT ratificaron ayer un acuerdo para aplicar el incremento citado.

En concreto, este pacto incluye subir un 1,5% más los sueldos del colectivo este mismo año, además del 2% ya aplicado en enero pasado. Así, este aumento se realizará vía pago de atrasos con efecto desde primeros de año, por lo que será retroactivo, y se abonará en una paga de una vez y antes de que acabe 2022, indicaron ayer fuentes sindicales de la negociación. Con ello, el aumento retributivo de 2022 será en total del 3,5%.

Para el próximo año, los salarios de los empleados públicos subirán otro 2,5%, al que se podrían suman dos alzas más de carácter variable del 0,5% cada una. La primera de estas subidas de medio punto se aplicaría si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.

El año siguiente, 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, de nuevo con un cláusula variable para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%. Esta parte ligada a la inflación se cobraría con carácter retroactivo y sería consolidable, explican desde UGT.

Este esquema de alzas retributivas garantiza por tanto una subida mínima del 8% (incluyendo el 2% ya aplicado en enero pasado) repartida en tres años que podría llegar al 9,5% en este periodo si se activan las partes variables porque la inflación siga en niveles altos o la economía registre una buena evolución.

Pero esta propuesta de incrementos salariales a tres años vista no convenció sin embargo al sindicatos de funcionarios CSIF que rechazó ratificar el acuerdo con Hacienda porque el alza pactada para tres años ”ni siquiera corrige ni cubre la inflación con la que se va a cerrar 2022”, se quejó ayer el secretario e Acción Sindical de esta central sindical Francisco Lama. Este sindicato perseguía, como mínimo, un incremento salarial de dos dígitos y que, sobre todo, compensara la pérdida de poder de compra de 2022, que ayer cifraron en 5,5 puntos a pesar de la subida pactada.

Más de 5.000 millones

Solo el pago de los atrasos en 2022 para subir los salarios de tres millones de trabajadores públicos un 1,5% más de forma retroactiva desde enero pasado supondrá algo más de 2.000 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 3.600 millones por el incremento generalizado del 2,5% para 2023, que deberán desembolsar las distintas administraciones públicas el próximo año, según distintas fuentes de la negociación consultadas. El Estado, por ser la Administración con menos personal en plantilla, será a la que le suponga un menor desembolso (alrededor de 800 millones por ambos incrementos con cargo a 2023). A partir de ahí, habría que sumar las partes variables si se dieran las condiciones para ser abonadas –en este caso, cada medio punto de incremento elevaría el coste del alza salarial en unos 720 millones de euros–, según fuentes sindicales.

CC OO calculó ayer que los atrasos que se cobrarán antes de fin del presente año oscilarán entre los 195 euros para un salario mensual de poco más de 1.300 euros a los 75 euros para un salario actual de unos 2.550 euros al mes (ver tabla).

Pero el acuerdo no termina con los términos retributivos sino que incluye otros compromisos por parte del Gobierno para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público. De hecho, desde Comisiones Obreras puntualizaban ayer que su respaldo a la propuesta salarial de Hacienda estaba “supeditada al cierre de un acuerdo que contemple el resto de mejoras de condiciones de trabajo, asumidas por el Gobierno en el marco del diálogo social”.

Junto a ese aumento, el Gobierno se comprometió a establecer la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales. Asimismo, los sindicatos persiguen la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, de forma que “el redactado respete las legislaciones sectoriales para llevar al grupo B a todas las categorías que exigen la titulación de técnico de Grado Superior”. Esto último implica una fuerte subida retributiva para los afectados, precisaba ayer CC OO.

Asimismo, en la mesa se abordó la posibilidad de recuperar la jubilación anticipada que quedó erradicada en 2012 para las administraciones públicas; así como “limitar el daño” que está haciendo la tasa de reposición en servicios no esenciales, como por ejemplo, la falta de personal de administración y servicios en las universidades públicas. Igualmente los sindicatos pretenden conseguir que todas las trabajadoras de las administraciones estén protegidas por la legislación en materia de igualdad. Para la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se compromete a la puesta en marcha efectiva del teletrabajo; a la negociación de la Ley de Función Pública de la AGE; las retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior; a la revisión del modelo de centros penitenciarios y relación de puestos de trabajo (RPT); y a la revisión de los gastos de desplazamiento, según informaron fuentes de la negociación.