¿Qué plan fiscal es el bueno, el de Liz Truss o el de Pedro Sánchez?

Reino Unido baja la fiscalidad en 50.000 millones y beneficia a los sueldos altos. España la sube en 3.000 millones, cargando a grandes fortunas y empresas

El mismo problema, el fuerte crecimiento de los precios y su impacto en la vida de las familias, y dos formas distintas de abordarlo: Reino Unido y España, ambos con fuerte aroma político. El Gobierno británico de la conservadora Liz Truss lanza un plan de ahorro fiscal, que le costará 50.000 millones de euros, que reduce el tipo máximo del IRPF del 45% al 40%, lo que beneficia a los 630.000 británicos que ganan más de 150.000 libras al año.

Mientras, el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez crea el Impuesto Solidaridad por dos años, que afectará a 23.000 grandes fortunas, que tienen patrimonios netos de más de tres millones de euros, de las que espera recaudar 1.500 millones de euros, y sube el impuesto sobre el rendimiento del capital, que seguramente afecte a los mismos, para recaudar otros 200 millones. Además, modifica el impuesto de sociedades a las grandes empresas para recaudar otros 2.439 millones. A cambio, baja la fiscalidad a las rentas más modestas, a las micropymes y a los autónomos.

Liz Truss y su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, presentaron su plan partiendo del axioma neoliberal según el cual los impuestos son siempre un obstáculo para el crecimiento, por eso han tomado unas medidas que reducen la recaudación en 50.000 millones de euros. Eso sí, el ahorro de impuestos se concentra en las rentas altas, ya que baja el tipo máximo en cinco puntos, mientras que el mínimo lo reduce en tan sólo un punto, del 20% al 19%. Además, cancela las subidas de las cuotas a su Seguridad Social y del Impuesto de Sociedades que había aprobado hace un año Boris Johnson. La realidad es que Truss es consecuente y está aplicando lo que prometió hace dos meses cuando ganó las primarias a Rishi Sunak, precisamente el que, como ministro de Economía de Johnson, había subido los impuestos que ahora cancelan.

El juicio de los mercados financieros, esos a los que se supone manejados por el culmen del ultraliberalismo, ha sido brutal. Al paquete de mayor ahorro fiscal en 50 años le han respondido colocando la libra a los tipos de cambio de 1971 con respecto al dólar. Los inversores no solo no creen en las bondades del plan Truss sino que estiman que va a desestabilizar aún más la economía británica, de ahí el desplome de la Bolsa, del bono británico y de la libra. Resultado, el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a inyectar más liquidez en el mercado comprando deuda (algo claramente inflacionista) y a anunciar más subidas de tipos de interés.

Los funcionarios de negro del banco central han tenido que salir a sostener al desbocado caballo fiscal del Gobierno. La consecuencia va a ser mayores restricciones del crédito al sector privado, financiación más cara de la deuda pública (2,8 billones de euros, equivalente al 96% de su PIB) y encarecimiento de las importaciones que se mueven en dólares, singularmente las energéticas, ya que tienen una enorme dependencia del exterior.

Por tanto, el cheque fiscal de Truss ha sido recibido con una sonora pitada por los señores de los mercados, esos rojos peligrosos que parecen querer destronar a la Thacher del siglo XXI. El plan no genera confianza, porque es seguro que va a traer más endeudamiento y es dudoso que suponga más crecimiento.

Larry Summers, el que fuera secretario del Tesoro de Estados Unidos con Bill Clinton, dijo tras conocer el plan de Truss que “el Reino Unido se está comportando como un mercado emergente que hubiera decidido volver a sumergirse. Será recordado por ser el país que ha desplegado la peor política macroeconómica de todo el mundo”.

El problema número uno del Reino Unido es la falta de trabajadores, sin ellos no hay actividad, y es consecuencia directa del Brexit. Los supremacistas británicos que han cultivado el sentimiento antieuropeo deberían recordar que a mediados de los 70 tuvieron que ser rescatados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando la libra valía los mismos dólares que hoy.

El FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo y el Banco de España, todos, llevan meses diciendo que la inflación va a necesitar que los estados echen el resto con las personas y familias en riesgo de exclusión. Eso sí, inmediatamente avisan de que las ayudas tienen que ser selectivas, temporales y con foco en los colectivos más desfavorecidos, ya que de lo contrario pueden cebar aún más la inflación.

El plan de Reino Unido de bajar los impuestos a los sueldos más altos resulta extravagante a la luz de esas recomendaciones. El presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene mejor encaje, aunque sigue sin tener sentido la reducción del IVA del gas y la luz del 21% al 5% y la bonificación de veinte céntimos en los combustibles para toda la población, da igual si ingresas 20.000 o 200.000 euros al año. En la misma línea está la propuesta del PP de bajar al 4% el IVA de alimentos como la carne, pescado, aceite, pasta seca o conservas. La discriminación, el foco, lo da actuar sobre los impuestos directos, no en los indirectos.

Es una desgracia que esta crisis coja a España en puertas del año megaelectoral por excelencia, con autonómicas, municipales y generales. Es descorazonador ver al presidente del Gobierno con su discurso de Robin Hood y la matraca de las clases medias trabajadoras (¿qué serán los 10 millones de pensionistas?) y a Alberto Núñez Feijóo sentado con el eslogan de Menos Impuestos, sin más. El populismo contamina todo.

Puede que al Reino Unido le vaya mal su plan, y no nos conviene. Lo que es seguro es que España necesita mucho más de lo anunciado ayer para salir de un déficit fiscal estructural de 80.000 millones al año e ir amortizando una deuda pública acumulada de 1,5 billones de euros, casi el 120% del PIB, 24 puntos más que los británicos. Todo esto, con crecimiento económico, recuperando los servicios esenciales y sin dejar a nadie atrás. Por cierto, ¿va llegando la hora de hablar del capítulo de gastos del Estado y de las Comunidades Autónomas?

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense