Transportes invertirá 287 millones en ampliar la 'nacionalizada' AP-1 con un tercer carril

El Ministerio aprueba el anteproyecto de mejora de la vía entre Burgos y Armiñón

Una de las autopistas de peaje de reciente reversión al Estado y en la que se levantaron barreras (diciembre de 2018), la AP-1 Burgos-Armiñón de 84 kilómetros, va a recibir 287 millones de inversión pública para la construcción de un tercer carril, entre otras mejoras.

El Ministerio de Transportes ha dado su visto bueno al anteproyecto de adecuación de la infraestructura que fue operada durante años por Itínere. La actuación, incluida en el convenio firmado a principios de año entre Transportes y la Diputación Foral de Álava, persigue la ampliación de capacidad en una vía clave para el transporte pesado.

Además del tercer carril, se han diseñado actuaciones complementarias en los enlaces de Rubena, Briviesca, Pancorbo, Miranda de Ebro, en el intercambiador AP-68, Armiñón y en el semienlace de Ameyugo. De igual modo, se ampliarán los aparcamientos de dos áreas de servicio (Briviesca y Desfiladero) y serán habilitados dos nuevos aparcamientos de emergencia (Quintanapalla y Miranda de Ebro).

El anteproyecto aprobado, junto con el anteproyecto de mejora de accesibilidad de la AP-1 Burgos-Miranda de Ebro, tiene prevista la construcción de dos nuevos enlaces, en Monasterio de Rodilla y Zuñeda, en busca de una mejor accesibilidad a la autopista. El Ministerio ha explicado que esta carretera se ha consolidado como principal itinerario entre Burgos y el País Vasco, quedando la N-1 con una función de distribución de tráficos locales.

El actual Gobierno ha terminado con el pago por uso en 1.029 kilómetros de autopista desde 2018, con la decisión de no prorrogar o relicitar los contratos de concesión. Tras la puesta en manos de la Administración de la AP-1 (Burgos-Armiñón), después de 40 años de explotación privada, vinieron la AP-4 (Sevilla-Caádiz), AP-7 (Alicante-La Jonquera) y AP-2 (Zaragoza-El Vendrell). Sin embargo, el Ejecutivo estudia fórmulas para establecer un modelo de pago por uso en vías de alta capacidad que ayude a soportar el coste de mantenimiento.