Fomento inicia la toma de la AP-1 y planea ampliarla tras levantar las barreras
El Ministerio notifica oficialmente la expiración de la concesión Se estudia el peaje en sombra para la ejecución de un tercer carril
De las palabras, a los hechos. El Ministerio de Fomento ha iniciado los trámites para liberar de peajes el 30 de noviembre a la autopista AP-1, tras 40 años de explotación privada. Este fue el primer compromiso público del ministro José Luis Ábalos y desde su departamento ha partido ya una primera notificación en la que se señala el fin de la concesión de Itínere, titular de la vía que enlaza Burgos con Armiñón. Firma el aviso el nuevo secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo.
Toma cuerpo, de este modo, el propósito de que Fomento se haga con la gestión de las autopistas conforme vayan cumpliendo los periodos de concesión. Tras la AP-1 de Itínere vendrá en diciembre de 2019 el fin de plazo de la concesionaria Aumar (Abertis), titular de la AP-4 que va de Sevilla a Cádiz, y del tramo entre Tarragona y Alicante de la AP-7.
La reversión de la AP-1 también sentará un precedente para Acesa (479 kilómetros de la AP-7 y AP2), que expira en agosto de 2021, y para Invicat (66 kilómetros de la C-32 Montgat-Blanes y C-33 Barcelona-Montmeló), esta última titularidad de la Generalitat.
El Ministerio ultima el pliego para el concurso de conservación, en el que se pretende incluir la subrogación de la actual plantilla
La AP-1, de 84,3 kilómetros, es una opción principal para el viaje al Norte del país y hacia la frontera francesa. Sus ingresos por peajes alcanzaron 69,3 millones el año pasado, para un resultado neto de 7,3 millones. Con su vuelta a manos públicas se abre el debate sobre el futuro de la red de alta capacidad en España, donde conviven 3.000 kilómetros de autopista de pago con 12.300 kilómetros de autovías gratuitas.
La carta del secretario de Infraestructuras recuerda que “el Ministerio de Fomento ha decidido que, tras su reversión [de la AP-1], el modelo de gestión para la explotación viaria de la citada autopista sea el de libre circulación de vehículos, eliminándose por tanto el peaje de la misma”. A renglón seguido, este alto cargo insta a Avasa, esta filial de Abertis, a restablecer los sistemas de cobro en la AP-68. Esta última y la AP-1 forman un corredor y desde 1992 cobran un peaje conjunto para evitar la parada de vehículos en la conexión de ambas para pagar.
Con la negativa a prorrogar o relicitar la concesión de la AP-1, Fomento ha desoído las recomendaciones del sector privado, encauzadas a través de Seopan. La patronal ha defendido la necesidad de una prórroga en el contrato de concesión con el fin de acometer reformas urgentes sin cargo a las arcas públicas. Esas obras, valoradas entre 300 y 400 millones, se centran especialmente en la construcción de un tercer carril a lo largo de 66 kilómetros, y parecían tener pleno reconocimiento entre el anterior equipo de Fomento.
De hecho, existe un borrador de declaración de impacto ambiental en el que se recoge la citada actuación, así como la ampliación de la playa de peajes. Un hecho, junto a la inexistencia de obras para enlazar la autopista con otras carreteras nacionales, que hace pensar que el anterior gabinete de Íñigo de la Serna tenía claro conservar la Burgos-Armiñón como vía de pago. En todo caso, el exministro había descartado públicamente la ampliación de plazo a Itínere y estaba buscando consenso político para decidir sobre su relicitación para cubrir el coste de nuevas obras y de la conservación.
Adelante con las obras
A pesar de suprimir los peajes, posición que el PSOE venía defendiendo en el Congreso desde la oposición, Fomento tiene decidido seguir adelante con la construcción del citado tercer carril y estudia ahora si realizar esa actuación con cargo a los Presupuestos o establecer un pago diferido bajo el modelo de peaje en sombra, sin que se restituyan las barreras. Lo que parece descartado al cien por cien es la vuelta del pago directo por uso a una carretera cuyo coste de construcción está amortizado.
Otra cuestión que trata de garantizar el Gobierno es que la llegada de Europistas a manos públicas se produzca con el mínimo impacto en el empleo. Según ha podido saber Cinco Días está ya en elaboración el pliego para la contratación de los servicios de conservación de la autopista. Se busca, a través de ese concurso, que la adjudicataria se subrogue los más de 100 empleados, de los que aproximadamente el 40% se dedica a labores de mantenimiento.
Parece que aún ajenos a estos planes, medio centenar de trabajadores de la AP-1 se manifestaron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Burgos para demandar a Fomento que mantenga el sistema concesional para garantizar la seguridad en esas carreteras y el propio empleo que deriva de su explotación.
Compromiso con el Corredor Mediterráneo
Reunión con Bulc. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tendrá un encuentro el día 10 con la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, con el objetivo de modificar el mapa de prioridades de España en lo que toca a corredores ferroviarios.
Conexiones. Ábalos antició ayer al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, su intención de incluir en el nuevo Reglamento CEF (Mecanismo Conectar Europa) la conexión del Corredor Mediterráneo con las redes europeas prioritarias.
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