Un intervencionismo que solo se justifica por la gravedad de la crisis energética
La decisión de la Comisión Europea de intervenir los precios de la luz y del gas constituye una respuesta insólita en el marco de una economía de libre mercado, solo justificada por la necesidad de resolver una crisis energética capaz de desencadenar por sí misma una recesión en Europa. Bruselas anunció ayer tres frentes de actuación, articulados mediante una serie de propuestas que se presentarán oficialmente mañana en la reunión de ministros de Energía europeos. El primero de ellos supone fijar límites a los ingresos de las empresas que producen energía de forma barata y sin necesidad de gas, como las renovables, una medida extraordinaria que Bruselas justifica con el argumento de que los ingresos de estos productores están muy alejados de los costos de producción y de sus capacidades de reinversión en mayor generación. La CE no ha confirmado el precio que maneja como límite, como tampoco ha adelantado el montante de la “contribución” que se impondrá a las empresas de combustibles fósiles, ni las ayudas previstas para empresas energéticas que sufren problemas de liquidez frente a la alta volatilidad de los mercados. El segundo frente de actuación europeo será la imposición de un tope el precio del gas ruso, una medida ya adelantada el lunes, y que podría extenderse a otros exportadores. El tercero consiste en un plan para limitar la demanda de electricidad en Europa y hacerlo de “modo inteligente”.
El plan de emergencia anunciado ayer contiene píldoras de muy dudoso gusto para una economía abierta, como la limitación de los ingresos empresariales o la imposición de contribuciones vía impositiva, que solo se justifican por la excepcionalidad de la crisis y por las graves consecuencias que puede traer consigo un invierno energético en Europa. Tampoco el plan es la respuesta efectiva para el gran problema de la UE en este ámbito, la dependencia del exterior, un punto flaco que la economía comunitaria tiene que solventar mediante una reforma ágil e integral de su política energética. La imposición de un precio máximo al gas ruso –contestada ayer por Moscú, como era previsible, de forma tajante y despectiva– puede satisfacer la necesidad europea de autoafirmación política frente a Putin, pero no supone una respuesta práctica en un ámbito en el que Moscú tiene la sartén por el mando y en el que coexisten muchos factores geoestratégicos e intereses económicos, no solo rusos, sino también estadounidenses en lo que se refiere a la exportación de gas licuado. Otro tanto puede decirse de la apuesta por reducir la demanda de electricidad en los países europeos, un parche necesario y que puede ayudar, pero que no resolverá un conflicto que exigirá de Europa un liderazo firme y una política realista y eficaz.