El CIS, el fraude fiscal y ‘la paradoja de la moral tributaria’

Del análisis de los datos se deduce un resultado contradictorio: todos los españoles son irresponsables al pagar impuestos, todos menos uno mismo

El CIS realiza anualmente la encuesta Opinión pública y política fiscal y este verano ha publicado la trigésimo novena edición de la misma. En la encuesta se pregunta sobre el gasto público, la relación entre los impuestos y las cotizaciones pagadas y los servicios públicos recibidos, se pregunta también sobre la justicia con la que se pagan impuestos, si existe fraude fiscal y cuánto, además de cuáles son sus causas y consecuencias.

Los resultados son muy interesantes porque nos ayudan a comprender las percepciones y las creencias de los españoles sobre algunos fenómenos del sistema fiscal de nuestro país y, en ocasiones, también nos muestran ciertas inconsistencias. Vamos a ver qué piensan los españoles sobre el fraude fiscal y el cumplimiento tributario y a analizar esas respuestas.

A la pregunta “En su opinión, ¿cree Ud. que en España existe mucho fraude fiscal, bastante, poco o muy poco fraude fiscal?” 9 de cada 10 encuestados considera que existe mucho o bastante fraude fiscal. La respuesta es la misma si miramos los últimos diez años. Para ese mismo periodo de tiempo, también observamos que hay una mayoría de españoles, 4 de cada 5, que considera que para ser buen ciudadano es muy importante no evadir impuestos. En otras palabras, una gran mayoría de encuestados cree que España está llena de malos ciudadanos, pero ¿lo creen de verdad? Para averiguarlo podemos ver las respuestas a otras preguntas de la encuesta. Por ejemplo, se pregunta a los encuestados cuánto de conscientes y responsables consideran que son los españoles a la hora de pagar impuestos, la respuesta –no les va a sorprender– es que 3 de cada 5 encuestados considera que los españoles son poco o nada conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos. Sin embargo, los propios encuestados, cuando se les pregunta cuánto de conscientes y responsables se consideran a sí mismos, responden que muy o bastante conscientes y responsables (9 de cada 10).

A esta aparente contradicción –todos los españoles son unos irresponsables pagando impuestos, todos excepto yo– la llamo la paradoja de la moral tributaria, y es el resultado de combinar dos sesgos cognitivos, el sesgo de superioridad moral, es decir, la tendencia a sobreestimar el mal comportamiento de otras personas; y el sesgo de la deseabilidad social, esto es, la tendencia a sobreestimar nuestro buen comportamiento.

Cruzando las respuestas de distintas preguntas podemos ver que el 93 % de las personas que creen que en España existe mucho o bastante fraude fiscal se consideran a sí mismos como muy o bastante conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos. En otras palabras, creen que el fraude fiscal existe, pero no es culpa suya. Si no es culpa suya, pero creen que existe mucho fraude fiscal, es razonable pensar que habrán visto mucho a su alrededor; veamos si es así.

Más adelante, la encuesta pregunta a los encuestados sobre cuántas personas entre sus conocidos cree que declara todos sus ingresos en la declaración de la renta y en las declaraciones del IVA. El 77 % de los encuestados que consideran que existe mucho o bastante fraude fiscal creen, al mismo tiempo, que todas o bastantes personas declaran todos sus ingresos al hacer la declaración de la renta. En el caso del IVA, el porcentaje es del 60 %. En definitiva, los españoles creen que existe mucho o bastante fraude fiscal, pero no lo cometen sus conocidos, ni mucho menos ellos mismos.

La encuesta del CIS es un instrumento muy útil para conocer las percepciones y creencias de los ciudadanos, pero en ocasiones estas percepciones pueden estar condicionadas y sesgadas, lo que en ocasiones conduce, como hemos visto, a ciertas inconsistencias, por lo que se necesita una lectura detallada de los resultados para conocerlos mejor.

De hecho, cabe pensar que la respuesta a la pregunta sobre el fraude fiscal existente en España sería distinta si primero se pregunta al encuestado por casos concretos de fraude que conozca (en él y su entorno) y tras no encontrar defraudadores en su entorno, acabe concluyendo que en lugar de mucho o bastante existe poco.

Pero ¿cuánto fraude fiscal existe realmente en España? Estimar el fraude fiscal es muy difícil, hay diversos métodos. Por ejemplificar uno, este consiste en estimar la economía sumergida –que también tiene sus limitaciones–, después tratar de calcular qué parte de esta economía sumergida no sería susceptible de generar ingresos tributarios (por ejemplo, actividades ilegales o economía de subsistencia) y después aplicar el porcentaje que representa la presión fiscal sobre el PIB para calcular la recaudación que se lograría si se consiguiera su conversión en economía formal. Debido a esta complejidad, parece más oportuno tratar de estimar cómo evoluciona lo contrario al fraude fiscal, es decir, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Si el cumplimiento voluntario mejora, es razonable pensar que el fraude fiscal disminuye, y medir la evolución del cumplimiento voluntario es más sencillo o, al menos, tiene menos limitaciones.

La Agencia Tributaria, en su misión de promover y asegurar el cumplimiento del sistema tributario mediante el favorecimiento del cumplimiento voluntario, compara la evolución de las magnitudes fiscales y las macroeconómicas, de manera que, si a lo largo del ciclo económico aquellas crecen más que estas, puede afirmarse que el cumplimiento voluntario mejora. Pues bien, con la última información publicada por la Agencia Tributaria, a lo largo del período 2016-2021 se observa que la base imponible agregada viene registrando aumentos superiores a los de la demanda interior nominal, con un diferencial acumulado en el período del 11,8 %.

Parece que los encuestados tenían razón cuando decían que cada uno de nosotros somos muy o bastante conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos, lo que debemos advertir es que el resto de españoles también lo son, y cada vez más.

Pablo Grande Serrano es Inspector de Hacienda del Estado