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Negociación colectiva

Los nuevos convenios solo recogen planes de pensiones para el 9% de los empleados

Uno de cada cuatro trabajadores (25%) ya tiene regulado el teletrabajo en su convenio de referencia, frente al 17% que lo tenía antes de la pandemia, según datos de Trabajo

Cláusulas especiales en los convenios colectivos nuevos
Raquel Pascual Cortés

Una de las aspiraciones históricas de los dirigentes sindicales y patronales es ensanchar el contenido que negocian en los convenios colectivos. De hecho, cuantas más cuestiones se incluyan en un convenio más razón de ser tienen las relaciones laborales tal y como funcionan en la actualidad. Así, aunque muchas veces parezca lo contrario, un convenio colectivo son muchas más cosas que la subida salarial que se pacte; la teoría apunta a que debería incluir multitud de otras cuestiones relacionadas con el empleo, la contratación, la jornada, la igualdad, la formación, los planes de carrera y jubilación. Incluso asuntos salariales no estrictamente relacionados con lo que suba el sueldo cada año sino con la estructura retributiva (salario variable o en especie, por ejemplo). Todas estas cuestiones están recogidas en las denominadas cláusulas especiales de los convenios, cuya estadística provisional de los acuerdos firmados en 2021 ha sido recientemente publicada por el Ministerio de Trabajo.

Dichas cifras estadísticas muestran algunas cuestiones muy significativas de cara a la negociación de convenios este año. Por ejemplo, evidencian el enorme recorrido que tienen los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública para empresas y autónomos recientemente aprobados. Así, de los cuatro millones de trabajadores afectados por convenios colectivos firmados en 2021, apenas 400.000 tenían una cláusula con un plan de empleo u otro tipo de prestaciones para la jubilación. Bien es cierto que la aprobación de estos nuevos planes de promoción pública responde a cierta demanda de empresas y trabajadores, porque solo el año pasado se duplicó el número de empleados con estos planes en sus convenios de nueva firma respecto a los que lo tenían en 2019 (la comparativa no se hace con 2020 por la parálisis que hubo ese año en la negociación colectiva por la pandemia). Así, en 2019, eran un 4,2% los trabajadores con convenio firmado ese año que tenían un plan de pensiones en su ámbito laboral.

La intención del Gobierno con estos nuevos planes de pensiones fundamentalmente para pymes, autónomos, sectores y Administraciones públicas es que lleguen desde los 1,9 millones de participantes que existen en la actualidad a más de 10 millones en torno al año 2032. Por tanto, las cláusulas especiales en esta materia deberían empezar a reflejarlo en la estadística de nuevos convenios firmados ya en 2022 que se conocerá a mediados del año que viene.

En materia de jubilación, los convenios también reflejan las tendencias que pretenden generar las nuevas leyes. De esta forma, después de que el Gobierno endureciera el acceso a la jubilación anticipada, fundamentalmente a su modalidad parcial, la presencia de este tipo de retiro en los convenios –que llegó a ser muy alta– ha bajado: de afectar al 35% de los trabajadores con nuevo convenio en 2019 al 27% de los que estrenaron relaciones laborales en 2021.

Otro ejemplo de cómo las nuevas leyes laborales tienen su desarrollo posterior en la negociación colectiva, aunque este sea relativamente lento, es la normativa sobre teletrabajo. Tras su aprobación en el verano de 2020, las cláusulas especiales que regulan el trabajo a distancia en los nuevos convenios afectaban el año pasado a uno de cada cuatro trabajadores (25%), mientras que en 2019 apenas llegaban al 17%.

Pero aún más llamativo es el caso de las medidas para conciliar la vida personal y laboral. Después de la aprobación por parte del Gobierno durante la pandemia del Plan MeCuida, con derechos para propiciar dicha conciliación, las medidas para la adaptación y reducción de la jornada han pasado a afectar al 45% y al 40% de los trabajadores con estos convenios de referencia, respectivamente. Mientras que en 2019 las cláusulas de adaptación de jornada afectaban al 28% y las de reducción, al 33% de los empleados con convenios nuevos ese año. E igualmente, si antes de la pandemia el 58% de los asalariados con nuevos convenios tenían permisos retribuidos para cuidados de familiares que mejoraban la legislación vigente, en los acuerdos colectivos de 2021 lo tienen el 65% de dichos trabajadores.

Pero no siempre las leyes ven su desarrollo y aplicación reflejadas en la negociación colectiva. Es el caso, por ejemplo, en materia de igualdad. Así, en 2019 el 22% de los trabajadores con convenio nuevo tenían medidas de preferencia en favor del sexo menos representado de su sector, y dos años más tarde solo lo tienen el 16%.

El sueldo por objetivos o resultados no despega

 

Retribución variable. En un contexto económico como el actual, con la inflación disparada en su mayor nivel en más de 30 años, crecen las voces empresariales que piden aumentar la parte variable del salario; así como alejar su actualización con el IPC y vincularla a otras cuestiones como la marcha de la economía, del sector o de la propia empresa. Sin embargo, la realidad es tozuda y esos sistemas de retribución en parte variables y ligadas a objetivos o la vinculación de la actualización salarial a indicadores distintos al IPC no termina de abrirse paso en España. Su avance es extremadamente lento.

 

 

Las cifras. Así lo muestran las cifras de trabajadores con convenios firmados en 2021. Solo el 23,6% de los cuatro millones de trabajadores que estrenaron convenio de referencia el pasado año tenían complementos salariales ligados a la cantidad o calidad de su trabajo o el de su equipo. Este porcentaje es apenas un punto superior al de 2019 (22,4% de quienes firmaron su convenio aquel año).

 

 

Marcha de la empresa. Aún más escasos son los trabajadores que tienen complementos salariales vinculados a los resultados de su empresa: el 6,8%, frente al 5,7% de 2019.

 

Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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