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El verano de la inversión sostenible

Los bancos ya tienen la obligación de preguntar a sus clientes si quieren que sus fondos tengan un enfoque medioambiental

El verano de la inversión sostenible

El 2 de agosto entró en vigor un cambio normativo que va a contribuir a impulsar mucho más la inversión bajo criterios de sostenibilidad. En virtud de una evolución del reglamento europeo sobre productos financieros, conocido como Green Mifid II, los bancos y asesores financieros tienen la obligación de preguntar a sus clientes si quieren que sus fondos de inversión tengan en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Esto es, si a la hora de elegir las empresas que tienen en cartera, van a considerar, además de las métricas de ventas, endeudamiento o flujos de caja, también cuestiones como la huella de carbono, la representación femenina en sus órganos de gobierno o su compromiso para acabar con el trabajo esclavo en alguno de sus proveedores.

Rebeca Minguella, consejera delegada y fundadora de Clarity AI –una compañía dedicada a recabar todo tipo de información ESG para luego ofrecerla a través de una plataforma–, opina que este es un paso importante para contribuir a expandir la inversión bajo criterios sostenibles. “Hasta ahora, quienes han estado más implicados han sido las empresas y los grandes inversores, pero esto va a hacer que más gente tome conciencia de que puede generar un impacto positivo con sus inversiones”.
Una vez que el cliente responde que sí quiere que sus fondos tengan un enfoque sostenible, el asesor o el banco tienen la obligación de ofrecerle productos que tengan ese perfil ESG.

Para que un producto sea elegible tendrá que cumplir varias características. Deberá contar con un porcentaje mínimo de inversiones vinculadas a la taxonomía verde europea, un mínimo según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea o un mínimo de inversiones que tengan en cuenta las principales incidencias adversas (PIAS). Esto último hace referencia a las consecuencias derivadas de las decisiones de inversión. Los indicadores de PIAS permiten medir el impacto negativo de las actividades económicas en los factores de sostenibilidad.

Si un producto no cumple ninguno de estos tres criterios, no podrá ofrecerse al cliente. En estos casos, la norma establece que el particular tendrá que cambiar sus preferencias sostenibles. La entidad tendrá que documentarlo, explicar el cambio de perfil y además será monitorizado.

Aunque todavía es muy pronto para medir el calado del llamado Green Mifid II, desde el sector se muestran convencidos de que va a provocar un aumento muy importante en la contratación de fondos de inversión socialmente responsables, un ámbito en el que España se había quedado muy retrasada respecto a otros países.

Hasta ahora, los dos formatos estrella para la inversión ESG eran los llamados fondos de artículo 8 y fondos de artículo 9. Los primeros son aquellos fondos de inversión que tienen en cuenta de forma genérica estos criterios extrafinancieros, como la lucha contra el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los fondos artículo 9, considerados los auténticos fondos sostenibles pata negra, son aquellos que persiguen un objetivo medioambiental o social específico, y miden el impacto que sus inversiones tienen en su consecución.

En general, todas las personas que en los próximos test de idoneidad respondan que quieren tener presente criterios ESG a la hora de invertir, serán derivados a estos dos tipos de fondos artículo 8 y artículo 9.

La modificación de Mifid II requiere incluir preguntas adicionales sobre las preferencias de sostenibilidad del cliente, pero también preguntarle en qué medida quiere incluir productos sostenibles en su cartera y recomendar o adquirir productos que respondan a las preferencias.

Para prepararse ante esta nueva regulación, los bancos han tenido que formar a miles de empleados, para que sean capaces de asesorar a sus clientes en cuestiones de inversión sostenible. CaixaBank tiene en marcha un plan de 75.000 horas que afecta a un colectivo de más de 30.000 empleados. En Banco Sabadell también han habilitado cursos en la plataforma interna sobre Green Mifid, dentro de los habituales que sirven para recertificar Mifid. Lo mismo ocurre en Banco Santander, así como en BBVA o Bankinter, que llevan desde principios de año instruyendo en materia de finanzas sostenibles.

Estas nuevas preguntas sobre inversiones socialmente responsables no afectarán únicamente a los nuevos clientes. Los asesores tienen la obligación de actualizar periódicamente los test de idoneidad que hacen a sus clientes a la hora de definir su cartera de inversiones. En unos casos es una vez al año. O cada dos años. Pero cuando vuelvan a sondearles sobre su situación económica o sus preferencias financieras, tendrán ya que incorporar la pregunta sobre inversión sostenible.

En el caso de la firma de asesoramiento automatizado Indexa Capital, la pregunta que formulan a sus clientes es si “quiere incor­porar un sesgo de inversión socialmente responsable en su cartera”. Según explica el consejero delegado de la firma, Unai Ansejo, el 16% de los nuevos clientes a los que se les pregunta deciden apostar por carteras con perfil ESG. En el caso de los clientes antiguos, tan solo el 4% se pasa a fondos sostenibles.

Para dar servicio a aquellos que sí quieren buscar ese enfoque socialmente responsable, desde la firma se han diseñado 10 carteras (en función de mayor o menor nivel de riesgo) que invierten en fondos indexados ESG. Por ejemplo, en Bolsa mundial tienen el Vanguard ESG Developed World y el Vanguard ESG Emerging Markets. Para las carteras más conservadoras han apostado por el fondo Amundi Index JP Morgan Global Government Bonds y para deuda corporativa, el iShares ESG Screened Global Corporate Bond, de BlackRock.

De media, los costes de los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) son 0,08 puntos porcentuales más caros que los fondos normales que utiliza Indexa para el resto de sus carteras. Esto se debe a que las empresas de construcción de índices realizan un análisis detallado en materia de sostenibilidad, gobernanza y responsabilidad social a las compañías del mercado antes de construir el índice ISR, incurriendo en unos gastos mayores a los índices convencionales. También influye que los fondos ISR son, por ahora, de menor tamaño, lo que implica repartir los gastos entre menos gente.

En cuanto a la rentabilidad, Pablo Porres, director de inversión y ahorro de ING, explica que “aún no hay estudios concluyentes que indiquen que hay que sacrificar rendimientos por invertir con criterios sostenibles”. Justo en 2022, los fondos más verdes han sufrido porque tenían un mayor componente de empresas tecnológicas en sus carteras y de energías renovables, dos industrias que han tenido este año mayores caídas que la media del mercado. “Pero en los años precedentes fueron sectores que funcionaron muy bien”, añade. En todo caso, sí que parece claro que a largo plazo todo el mundo de la inversión se va a ir moviendo a industrias menos contaminantes y más comprometidas con el planeta.

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