Una sentencia que definirá la imagen de España como mercado de inversión

El Tribunal Supremo se pronunciará este otoño en casación sobre una batalla fiscal que enfrenta a un grupo de hedge funds extranjeros con la Administración Tributaria española, con lo que el tribunal presumiblemente dará respuesta jurídica a una cascada de reclamaciones, algunas todavía en vía administrativa, que reclaman por la misma cuestión. Los hedge fund o fondos de inversión alternativos reclaman a Hacienda la devolución de las retenciones que esta aplicó cuando cobraron dividendos de las compañías en las que invirtieron. El argumento de los fondos es que la Administración tributaria española debe aplicarles el mismo trato que aplica a los fondos españoles, a los que aplica la retención y devuelve posteriormente la cantidad retenida, algo que no lleva a cabo con los inversores extranjeros, a lo que ha negado esta posibilidad durante años, una circunstancia que estos consideran discriminatoria.

No es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta cuestión y, hasta la fecha, lo ha hecho de forma sistemática a favor de las pretensiones de los inversores extranjeros, lo que ha obligado a Hacienda a tener que devolver más de 600 millones de euros en los últimos años. Esos precedentes jurisprudenciales apuntan que el alto tribunal podría fallar definitivamente a favor de los fondos que se han adherido al recurso de casación, entre los que figuran fondos alemanes gestionados por la firma Union Investment, un fondo de pensiones complementarias para funcionarios franceses, el FCP Villiers Taux Candriam, y un fondo de inversión francés convencional, el Ecureuil Profil 90. Es probable también que otros vehículos de inversión colectiva extranjeros se sumen al recurso, dado el volumen de reclamaciones que la negativa de Hacienda a realizar la devolución de las retenciones ha provocado en los últimos años. Según el auto de admisión del recurso del Supremo, a finales de 2022 había 8.215 solicitudes de devolución recurridas en vía económico-administrativa, cuya cuantía se acerca a los 54 millones de euros, mientras que en vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional hay otras 11.490 solicitudes, por 107 millones, lo que hace un total de 160 millones de euros.

Más allá del impacto fiscal que el asunto tenga para Hacienda, que no es desmesurado, lo que verdaderamente se dirime en este conflicto es, por un lado, el principio de legalidad, es decir, el cumplimiento o no por parte de la Administración tributaria española de la legislación vigente, pero por otro, también está en juego la imagen de España como mercado hostil a la inversión extranjera o, por el contrario, abierto y favorable a ella.