Inflación: unos pierden más que otros

Se le llama ‘el impuesto de los pobres’ porque daña más a los hogares de bajos ingresos; de ahí la urgencia de un pacto de rentas

La subida del coste de la vida en España se está produciendo en un contexto inflacionario generalizado en Europa. En junio, la inflación en la zona euro subió hasta el 8,6 %, en comparación con el año anterior, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Un nivel desconocido desde hace mucho tiempo.

No todos los países se ven afectados de la misma manera. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se han acelerado los precios hasta alcanzar una tasa de inflación del 10,2%, en términos interanuales, por el nivel persistentemente elevado de los precios de la energía (42% interanual). Ello sigue siendo una de las causas principales de la inflación y es una de las razones por las que escapa al control del Gobierno.

Las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, han potenciado los factores aceleradores de la inflación (petróleo y alimentación). El aumento del precio de la energía encarece la producción y distribución de cualquier otro producto. La inflación es un indicador que mide la evolución generalizada de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares, lo que representa el consumo promedio de un hogar.

Sin embargo, ¿es un aumento generalizado que repercute por igual sobre las distintas categorías de la población?

Tengamos en cuenta que la inflación no registra los niveles correspondientes de renta de las distintas categorías de la población. Es un indicador promedio de una cesta de bienes y servicios de un país determinado.

La inflación alcanza a toda la sociedad y está teniendo un impacto desigual, ya que no afecta a todos los hogares de la misma manera. Por esta razón, su impacto golpea de forma muy especial a los hogares más vulnerables debido a que tienen una mayor propensión al consumo en bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, electricidad y calefacción) y, además, tienen que hacer frente con mayores precios. Estos productos presentan una demanda muy rígida y no tienen bienes sustitutivos. Una persona puede dejar de comprar una camisa, pero es más complicado limitar la luz de su propia vivienda o dejar de comer.

Según Eurostat, los hogares con menor renta aglutinan del orden del 15% en gastos de alimentación y un 20% en vivienda y energía, mientras que los hogares con mayores ingresos su participación es mucho menor. En concreto, en torno al 10% y 5% respectivamente. De este modo la inflación genera desigualdad entre las distintas categorías de hogares por lo que se produce un impacto social asimétrico.

Sobre este asunto, el Banco de España, en un reciente informe, estima una subida de precios bastante superior (1,4 puntos porcentuales) para los hogares con menor renta en comparación con los de mayor renta.

Por su parte, un estudio de Caixabank Research concluye que “el impacto de una subida de los precios no afecta a todos los hogares de la misma forma y que, en buena medida, esto depende de las partidas responsables de la subida.” Es decir, la escalada de precios de los productos de primera necesidad repercute fundamentalmente en los hogares de menores ingresos. Se estima que la diferencia entre las rentas más bajas y las más altas es casi de un punto porcentual. En otras palabras, la inflación no entiende de clases sociales.

A raíz de esto, el profesor Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), no duda en calificar la escalada de precios actual como una inflación social debido a que es la población más pobre la que más sufre la subida de precios de la energía y los alimentos. Ello, nos da una idea de la dirección que tienen que llevar las ayudas públicas.

En definitiva, se dice que la inflación es el impuesto de los pobres, por el fuerte encarecimiento de los precios de los productos de primera necesidad, lo que conlleva que su aumento perjudique más a aquellos hogares con menores rentas. Ello reduce la capacidad de consumo, de compra, de quienes no están en condiciones de incrementar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios.

Por todo ello, como respuesta a la persistencia y la intensidad de las presiones inflacionistas, se hace necesario impulsar un pacto de rentas que permita proporcionar confianza y estabilidad a los trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad. Sería conveniente que pusiésemos la mejor voluntad y disposición para afrontar un futuro con mayor cohesión social.

Vicente Castelló es Profesor Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local