Europa debe prepararse para un hipotético escenario de recesión

Los rumores sobre la llegada de una recesión a Europa en la última parte del año comienzan a coger fuerza por la confluencia de una serie de factores que apuntan en la misma dirección. El primero de ellos es el azote de la inflación, alimentada inicialmente por la explosión de la demanda embalsada durante la pandemia y cebada en los últimos meses por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. La fuerte dependencia de Europa, concretamente respecto al gas ruso, ha aumentado la fragilidad de la UE en esta coyuntura adversa, aunque la presión resulta especialmente alta sobre Alemania, que afronta la amenaza de un cierre total de suministro de gas por parte de Moscú. De confirmarse, el corte de suministro ruso llevaría la economía alemana a la recesión y esta, en su calidad de locomotora europea, podría arrastrar con ella a otros países. Se trata de un escenario hipotético, pero no descabellado, como demuestra el hecho de que el propio Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, se haya referido a esa circunstancia como una posibilidad. Junto a estos dos grandes factores, existen otras señales que apuntan también a una caída del crecimiento en los próximos meses. La rebaja en el precio de varias materias primas industriales, como el aluminio, el cobre, el acero, el hierro, el plomo y el estaño, es una de ellas. A ello hay que sumar la decisión del BCE de subir los tipos de interés como medio para enfriar las economías europeas y tratar de reducir la inflación, una medida que puede convertirse en una bomba de relojería fiscal para aquellos países que, como España, arrastran una deuda pública hiperdimensionada.

Aunque la mayor parte de los analistas y servicios de estudio coinciden en que Europa verá ralentizado su crecimiento en los próximos meses, e incluso en que ese frenazo puede extenderse a los primeros meses de 2023, pocos creen que a día de hoy la UE esté próxima a una recesión. Sin embargo, los riesgos de que ello suceda son lo suficientemente importantes como para que los gobiernos deban asumir esa posibilidad y adoptar medidas para tratar de evitarla y, en caso de que sea ineludible, para intentar minimizar sus efectos.

España tiene una doble tarea en este sentido. Por un lado, debe impulsar el anunciado pacto de rentas de forma que involucre a todos los agentes económicos, comenzando por el sector público, un acuerdo que debería servir para moderar los salarios, desindexar pensiones y sueldos públicos y reducir en general el gasto. Por otro, debería flexibilizar en lo posible los mercados, como también gestionar de forma ágil, competitiva y eficaz unos fondos europeos históricos que pueden constituir un importante escudo frente al peor de los escenarios.