Todas las palancas para reforzar la viabilidad de las pensiones

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía volvió a repetir ayer los objetivos macroeconómicos de carácter fiscal recogidos en el Programa de Estabilidad y Crecimiento, por si los mercados financieros y las autoridades comunitarias los habían olvidado, consciente de que el compromiso de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 110% en 2025 no ha terminado de calar. Tras admitir que vienen curvas en los próximos trimestres y de haber reclamado el concurso de los agentes sociales para evitar una espiral inflacionista en los próximos trimestres y años, el Gobierno quiere reforzar un mensaje de solvencia del país cuando las expectativas de crecimiento se deterioran a marchas forzadas. Hoy tendremos más detalle de qué pone el Ejecutivo para soldar el pacto de rentas, pero es cada vez más complicado que mantenga el compromiso de abonar una revalorización del IPC pasado a los pensionistas en diciembre, por mucho que se trate de un precepto legal.

Los expertos convocados por CincoDías al debate sobre las reformas que precisa la Seguridad Social consideran que insistir en abonar el IPC es una “auténtica garantía de suicidio fiscal”, puesto que podría suponer un gasto extra de cerca de 17.000 millones de euros que habría que repetir cada año, puesto que el abono se consolida en la masa de pensiones. Tiene poco sentido mantener un precepto legal, por mucho apoyo parlamentario que suscitase en su día, si pone en riesgo, como es el caso, las cuentas públicas que Calviño quiere llevar a un desequilibrio de solo el 2,9% del PIB en 2025. Los expertos recuerdan, con buen criterio, que se trataría de una trasferencia de renta de las cohortes más jóvenes a las pasivas, que acumulan el 75% de la riqueza financiera e inmobiliaria del país.

Las pensiones precisan de una reforma integral y continua que afecte a los tres pilares de protección: el público contributivo, el privado de empresa y empleo y el privado individual, ya que los tres se complementan para garantizar la renta de retiro de los mayores. El sistema público contributivo proporciona a los pensionistas 1,7 euros por cada euro aportado, una generosa tasa de retorno muy complicada de mantener con las expectativas de envejecimiento demográfico y las pobres aportaciones de los nuevos empleos. Se precisan, por tanto, reformas paramétricas que refuercen la contributividad y corrijan los déficits que genera una pirámide de población invertida, algo que los cambios de 2021 no resuelven. Toda reforma debe mirar más lejos para buscar soluciones de futuro que pasan también por el fomento de la natalidad, una inmigración regulada y rearmar el modelo de crecimiento para que genere más productividad.