La Comisión aprueba la entrega a España de 12.000 millones de fondos europeos
Este segundo pago aún debe ser aprobado por los Estados miembro de la Unión Europa
Bruselas ha dado este lunes su aprobación preliminar al segundo pago de 12.000 millones de euros a España tras constatar el cumplimiento de 40 compromisos contemplados en el plan nacional de recuperación. Este desembolso, que aún debe ser aprobado por los Estados miembro de la Unión Europa en un plazo de cuatro semanas para hacerse efectivo, representa el pago más grande y se sumaría al anticipo de 9.000 millones de euros y al primer pago ordinario de 10.000 millones que España recibió en 2021.
La Comisión ha dado el visto bueno tras constatar que el país ha acometido las medidas pactadas para el desembolso, entre ellas la reforma laboral y parte de la de las pensiones. Tras este dictamen, toca el turno del Comité Económico y Financiero de examinar el expediente y dar su opinión sobre el cumplimiento de los 31 hitos y nueve objetivos ejecutados a lo largo del segundo sementre del año pasado. Si también lo avalan el desembolso será autorizado de manera definitiva.
El Gobierno presentó la solicitud el pasado 30 de abril a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es el primer Estado miembro en exigir este segundo pago, con el que España habría obtenido ya 31.000 millones, casi la mitad del total de 69.525 millones de euros en transferencias que le corresponden del fondo Next Generation.
El pago está asociado a una serie de reformas clave en el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y la transición verde y digital. Incluye la aprobación de la reforma laboral, la puesta en marcha del mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, la promoción de nuevas normas para la negociación colectiva, y otros objetivos planteados en el punto 23 del plan de recuperación.
El 40% de las inversiones se harán en el mercado de la transición verde y digital, e incluye la aprobación de la hoja de ruta de la energía eólica marina y otras energías del mar, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y la carta de los derechos digitales. También considera la entrada en vigor del RD-Ley para la protección de las personas trabajadoras que se dedican a actividades de reparto a domicilio utilizando plataformas digitales y la reducción temporal de las cargas fiscales con el fin de acelerar el despliegue de la red de 5G.
En materia de cohesión territorial la Comisión destaca la modernización de la Agencia Tributaria, la aprobación del Plan de Acción para la Atención Primaria y Comunitaria y la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
A pesar de que en términos generales el balance es positivo, hay un aspecto que genera dudas a la Comisión: la sostenibilidad fiscal de las pensiones. La estimación del Gobierno sobre el impacto de la indexación de las pensiones al IPC es de entre el 2,2% y el 2,7% del PIB, con un ahorro fiscal para 2050 de entre el 1,1% y el 1,7%, derivado de la modificación de la edad de jubilación. En el caso del incremento del gasto, Bruselas considera que el cálculo certero es el más alto, mientras que las cifras de las medidas compensatorias les parecen demasiado optimistas. En cualquier caso, será hasta finales del año, cuando el Gobierno presente su informe sobre el impacto fiscal de la reforma de pensiones, que la Comisión podrá dar un veredicto.
Todavía quedan por cumplir algunos hitos de la reforma, que es el componente 30 del plan de recuperación de España. Entre ellos está la reforma de la cotización a la seguridad social para autonómos, la modificación del plazo de cómputo para el cálculo de las pensiones y la subida de la base de cotización. En teoría, deben estar listas antes de que finalice el año, que es cuando el Gobierno enviará su análisis a Bruselas. Si el Ejecutivo comunitario no lo aprueba, se podría suspender el cuarto desembolso o recibir un pago parcial.
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