El TSJ de Madrid decidirá sobre la legalidad de la Operación Chamartín tras recibir nueve recursos

El tribunal espera resolver los procedimientos este verano contra Madrid Nuevo Norte. Ecologistas en acción y el Club de Debates Urbanos encabezan las demandas

Recreación del proyecto Madrid Nuevo Norte.

Como en un videojuego, Madrid Nuevo Norte tiene que superar diferentes pantallas para continuar su desarrollo. Una vez superada la fase de aprobación política tras más de 20 años, llega el momento de afrontar el turno judicial. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) va a dictar sentencia previsiblemente este verano sobre nueve recursos.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avanzado ya en las diligencias de estos recursos y se espera que pueda votar, preparar el fallo y dictar sentencia en las próximas semanas, según fuentes conocedoras de los procesos que analizan la anteriormente conocida como Operación Chamartín.

Por plazos, el más avanzado es el recurso presentado por el Club de Debates Urbanos. Esta organización cuenta con el arquitecto Eduardo Mangada, antiguo concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y exconsejero de la Comunidad de Madrid, como presidente de honor; con Concha Denche, exconcejal de IU, como presidenta, y con Félix Arias, exconcejal socialista, como vicepresidente. Fuentes de esta asociación señalan que actualmente están pendientes del fallo.

Otro de los recursos fue presentado por Ecologistas en acción, asociación muy activa en recursos contra algunos desarrollos urbanísticos, donde también esperan el fallo para próximas fechas.

Los otros recursos pertenecen a particulares, como algún antiguo político vinculado al consistorio madrileño, y a pequeños propietarios de suelo de Madrid Nuevo Norte, aunque algunos de ellos han presentado más de un procedimiento.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía no tiene señalado el día para abordar la decisión. Se desconoce si agrupará la contestación a todos los recursos en una misma fecha, pero fuentes consultadas indican que es probable que sea a través de nueve fallos coetáneos.

Aprobación

Los recursos van contra la decisión de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso de otorgar la aprobación definitiva a la modificación del plan general de Madrid, en una decisión de marzo de 2020. Tras 26 años de parálisis política y crisis económicas, el proyecto fue rehecho en la anterior legislatura en la que Manuela Carmena (Ahora Madrid) era alcaldesa y José Manuel Calvo era delegado de Urbanismo. Al comienzo de la legislatura actual, en 2019, el pleno municipal había autorizado por unanimidad esta operación, con los votos favorables de PP, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos y Vox.

Aunque los recursos van contra la Comunidad de Madrid, se han sumado voluntariamente como codemandados el ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida, Renfe, Adif (dueña de gran parte de los terrenos ferroviarios afectados por este ámbito urbano) y Distrito Castellana Norte (DCN), que es la empresa con una opción de compra sobre los terrenos de Adif a cambio de 1.245 millones de euros. Esta compañía, a su vez, está controlada en un 74,54% por BBVA, en un 14,46% por la inmobiliaria Merlin Properties y el resto por Grupo San José. La idea de ir de forma conjunta como codemandados es una forma de defender los intereses comunes y un proyecto que consideran de Estado.

“Tenemos plena confianza en la solidez jurídica de la modificación del Plan General, que fue tramitada por el Ayuntamiento de Madrid y aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en el Pleno del día 29 de julio de 2019 y posteriormente aprobada definitivamente el día 25 de marzo de 2020 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”, señala por escrito un portavoz de DCN respecto a estos recursos sobre los que debe pronunciarse el TSJM. DCN está asesorada en estos procedimientos por el despacho Uría Menéndez.

Motivos en contra

En el recurso del Club de Debates Urbanos se pide la nulidad de la aprobación del Gobierno de Díaz Ayuso. Los motivos son variados. Entre ellos, la consideración que el plan hace del suelo como urbano, una decisión que proviene del Plan General de 1997. Igualmente, considera ilegal el aprovechamiento urbanístico del suelo ferroviario, además de apelar contra lo que consideran menos espacios verdes y vivienda protegida de lo que legalmente corresponde.

Además, esta asociación rebate que la futura losa que debe tapar parte de las vías ferroviarias junto a la Estación de Chamartín pueda considerarse como suelo al que llevar la zona verde. Precisamente hace 10 días, DCN y el Ayuntamiento de Madrid presentaron el llamado Parque Central sobre esa losa, de cuyo diseño se encargará el estudio West 8 (el mismo al frente de Madrid Río).

Desde Ecologistas en Acción se explica que sus motivos justificados al tribunal son parecidos. La asociación cree que no se puede considerar este ámbito únicamente una modificación puntual. También rechaza la designación de suelo urbano, ya que ese futuro barrio no cuenta con las infraestructuras como calles y el saneamiento. Igualmente, destacan la decisión de que se cedan las zonas verdes sobre la losa de hormigón, “en un suelo ficticio”, lo que da más edificabilidad para “mayor beneficio del promotor en contra del interés público”, indica una portavoz.

Fuentes empresariales involucradas en el proyecto rechazan las demandas indicando que, por ejemplo, el hecho de considerar como urbano ese suelo es de 1997 y que ahora no cabe recurso sobre este tema, además de rechazar que sobre la losa no pueda ubicarse las zonas verdes. De hecho, señalan como fortalezas del desarrollo que se haya diseñado con detalle durante las dos últimas décadas; que está en suelo dentro de la trama urbana; que Carmena ya recortó la edificabilidad, y que ha recibido el apoyo unánime de los grupos municipales y de las Administraciones.

Contra la resolución del TSJM, la parte perdedora podrá interponer recurso de casación en el Supremo o en el propio tribunal madrileño si entiende que se vulneran normas autonómicas.

Un proyecto gigantesco

Madrid Nuevo Norte es el mayor proyecto urbanístico en España. Su objetivo es cerrar la brecha ferroviaria al norte de la ciudad, junto a la Estación de Chamartín. La actuación comprende 2,3 millones de m2 de suelo, una edificabilidad de 1,04 millones de m2 residenciales (para 10.500 viviendas) y 1,6 millones de terciario, sobre el que se prevé la futura city oficinas.

El proyecto arrastrará una inversión de 25.197 millones de euros y generará 350.000 empleos, según datos de la Universidad Autónoma de Madrid. De esa cifra, 14.128 millones corresponden a la compra de inmuebles, en construcción alcanza los 4.023 millones y en infraestructura sufragada por capital privado llega a los 1.468 millones