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Celsa rechaza la propuesta de los acreedores de tomar el 49% del capital

La compañía aduce que la proposición de los fondos es incompatible con la ayuda pública de la SEPI

Un operario en una fábrica de Celsa.
Un operario en una fábrica de Celsa.
CINCO DÍAS

El rescate de Celsa se encona. La compañía, controlada por la familia Rubiralta, rechaza la propuesta realizada por los acreedores de la sociedad, que plantean convertir parte de la deuda en el 49% del capital, una quita de unos 500 millones y la creación de un instrumento de deuda de 700 millones. La compañía catalana afirma que este planteamiento va en contra de las exigencias de la SEPI.

En concreto, los Rubiralta se oponen a la creación de este nuevo convertible —que los fondos cifran en 700 millones y ellos en 900 millones— que, según un comunicado enviado este lunes, pagaría un interés del 10% anual y sería emitido fuera de España. Censuran que esto elevaría la deuda de la compañía por encima de la actual, por 1.700 millones.

En este momento, Celsa cuenta con 2.300 millones en deuda. En su mayoría este montante se corresponde con dos préstamos, uno por 1.425 millones que pende de la matriz. Y otro convertible por 650 millones que queda por debajo.

La compañía también entiende que la propuesta de los fondos supone el desplazamiento del centro de decisiones y del consejo de administración fuera de España, lo que según sus palabras va en contra de las condiciones de la SEPI.

Estos acreedores son fondos de inversión, pilotados por los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs. Entre ellos se encuentran nchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global. La compañía critica que estos no financiaron en su momento a la compañía, sino que adquirieron la deuda de los bancos con descuentos superiores al 80%. Y que con esta operación se embolsarían grandes plusvalías.

La propuesta que había remitido la empresa pasaba por una quita de la deuda mucho más grande, del 52%. Y el compromiso de los actuales accionistas de realizar una ampliación de capital por 50 millones.

La pelea entre los Rubiralta y los fondos se extiende ya desde la pandemia, cuando la familia catalana solicitó en el juzgado la no conversión de un préstamo de 1.250 millones por el efecto de la pandemia, aludiendo la cláusula rebus sic stantibus. El juez finalmente dio la razón a los fondos, que negocian desde entonces con la compañía una solución.La deuda de Celsa se estructura en dos tramos: 1.425 millones de la matriz y un convertible de 650 millones que quedan por debajo.

Ahora todo se acelera. El plazo para que la SEPI gaste el dinero que falta del fondo de rescate por el Covid-19 expira el 30 de junio. Y la institución pública exige un alto el fuego entre los accionistas y los deudores para dar luz verde a la inyección de dinero público. Tambièn pide que se aplique árnica a los fondos deudores y estos asuman importantes quitas.

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