El valor de una Administración Pública independiente y fiable

Aunque las oposiciones a los cuerpos superiores pueden mejorarse, una reforma apresurada puede dañar el sistema

En los últimos años, hemos vivido acontecimientos que han puesto a prueba los engranajes de la maquinaria administrativa estatal. Dos procesos de repetición de elecciones (2015-2016 y 2019), con los consiguientes largos periodos de Gobiernos en funciones, la aplicación de preceptos constitucionales excepcionales, como el artículo 155 en 2017, el impacto de la pandemia Covid y la proclamación del estado de alarma durante la misma y la reciente erupción del volcán en La Palma han demostrado que la maquinaria de nuestro Estado social y democrático de Derecho nunca se para, tampoco en tiempos convulsos. Con todos estos problemas, el aparato del Estado ha funcionado con plena normalidad.

Esa predictibilidad, por supuesto, también se da cuando las circunstancias están más pautadas, transformando las decisiones políticas de los gobiernos en actos administrativos concretos, con independencia de sus colores y desde el primer día de sus mandatos democráticos. Se cumple así lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución, que consagra el carácter instrumental de la actuación administrativa y convierte a los servidores públicos, y muy en especial a los cuerpos superiores de la Administración, en garantes de intereses ajenos, los del cuerpo social.

Pero esa continuidad, muy relacionada con la seguridad jurídica, no viene dada; además, si algo nos han demostrado los acontecimientos de los últimos años es que no hay que dar nada por hecho. Por eso conviene preguntarse cuáles son las bases de esa institucionalidad, de qué depende. Qué podemos hacer para seguir contando con unos cuerpos superiores de la Administración eficientes y estables, que defiendan los derechos de los ciudadanos y vigilen por el cumplimiento de sus deberes. Qué decisiones nos llevarían por el camino equivocado.

Nosotros tenemos claro que el trabajo diario y la profesionalidad de los altos funcionarios son básicos para esa institucionalidad, pero no suficientes. Es necesaria una condición previa: que sean seleccionados mediante los procedimientos adecuados.

El principal objetivo de esos procedimientos de selección –en España y los países de nuestro entorno, un duro proceso de oposiciones– ha de ser, por supuesto, la búsqueda de la excelencia. Necesitamos a los mejores, para tener la mejor Administración Pública posible. A los mejores expertos en sistemas y tecnologías de la información, que desde el sector público trabajan para que todos disfrutemos de una Administración moderna y digital; a los mejores administradores civiles, que se encarguen con eficacia y profesionalidad de la gestión diaria del sector público; a los mejores inspectores de seguros, que controlan a las entidades aseguradoras y de ahorro; a los mejores ingenieros agrónomos, de montes, de caminos o industriales, que aportan sus conocimientos técnicos al servicio de políticas y estrategias, etc. La lista de las labores esenciales que realizan los cuerpos superiores, en beneficio del conjunto de la sociedad, podría ser muy larga.

Desde hace tiempo, el Gobierno prepara una reforma del acceso a estos cuerpos, conocidos coloquialmente como A1, los más selectivos y exigentes de la Administración Pública. El debate se ha situado en las oposiciones en sí, y en el peso que debe tener en ellas la memorización, pero pensamos que ese es un enfoque incompleto. No podemos obviar que un proceso selectivo eficiente no solo destila a los mejores altos funcionarios posibles. Además, garantiza su independencia del poder político, apuntalando la institucionalidad.

Desde nuestra federación entendemos que el sistema de oposiciones debe adaptarse a nuevas necesidades, en un mundo que está cambiando a toda velocidad. Por eso no solo no nos oponemos, sino que apoyamos una reforma del sistema. Pero no cualquier reforma, pues las oposiciones actuales, mejorables, también tienen virtudes que preservar.

¿Qué cambiar entonces en el sistema de acceso? Cada cuerpo tiene unas especificidades que han de ser tenidas muy en cuenta, pero como líneas generales defendemos, entre otras medidas, la dinamización de los plazos en los procesos de selección e implantar becas y un sistema de créditos blandos, con aval público, que reduzcan el riesgo y la incertidumbre de todos aquellos que deciden invertir un periodo fundamental de su vida en el estudio de una oposición.

Además, tal como pretende el Gobierno, creemos necesario fomentar la diversidad social y territorial en el acceso a los cuerpos superiores de la Administración, pero siempre que no se menoscabe, en ningún caso, el grado de exigencia de las oposiciones, los principios de igualdad, mérito y capacidad, y la búsqueda de la excelencia en los puestos a cubrir. Sin embargo, algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, como exámenes tipo test y entrevistas personales, van en la dirección contraria.

La maquinaria del Estado es un mecanismo complejo, y se debe garantizar su estabilidad y su independencia. Por eso, y compartiendo la idea de que el sistema de oposiciones puede mejorarse, debemos advertir sobre los efectos perniciosos de una reforma radical y apresurada. Pagaríamos sus efectos durante décadas. Necesitamos independencia, exigencia y rigor en los altos funcionarios y en sus procesos de selección. Adaptemos las oposiciones para un futuro que ya está aquí, sí, pero sin improvisaciones que dañen la esencia de la función pública.

MªJesús Esteban/ Federico Pastor/ Mª Jesús Sáez son Miembros de la Comisión de Administración y Función Pública de Fedeca