Reformas eficaces y control del gasto para asegurar la recuperación del país

El informe anual sobre la economía española que presentó ayer el Banco de España supone un golpe de realismo sobre las perspectivas de evolución de la recuperación económica en España y sobre la tasa de crecimiento potencial del país en un entorno de extremada incertidumbre. El análisis del supervisor, presentado por el gobernador Pablo Hernández de Cos, sostiene que una certera selección de proyectos financiados con fondos europeos unida a una batería de reformas económicas eficaces arrojaría un crecimiento potencial de la actividad en España del 2% del PIB al final de la década. La proyección, cuyas probabilidades de pérdida de vigencia son elevadas por la inestabilidad de la coyuntura, se ha corregido a la baja tras el último dato de crecimiento trimestral del PIB, que ha sido más moderado de lo que se esperaba como consecuencia de las fuertes tensiones provocadas por la guerra de Ucrania. La consecuencia de esos ajustes es un recorte de medio punto en el crecimiento estimado para este año, que se quedará en el 4%, lo que contrasta con las más optimistas expectativas del Gobierno.

El informe del Banco de España se muestra crítico con la política económica actual y con el alto nivel de gasto y de endeudamiento que arrastra como un lastre creciente la economía española. El organismo advierte de que las tensiones inflacionistas se mantendrán durante los próximos meses, principalmente por el repunte que ha adquirido la inflación subyacente, y de que España no recuperará el nivel de PIB anterior a la pandemia hasta finales de 2023. También recuerda la necesidad imperiosa de que España avance de nuevo hacia un necesario proceso de consolidación fiscal, lo que supone controlar el gasto y apostar por desindexizar la economía, como también mantener un pacto de rentas oficioso y lo suficientemente flexible como para amoldarse a la diversidad del tejido empresarial.

En esa necesaria vuelta a la moderación fiscal y a la búsqueda del equilibrio presupuestario tras dos años de gasto exacerbado por los requerimientos derivados de la pandemia, debe jugar un papel fundamental la racionalización del gasto en el sistema de pensiones, cuya última reforma resulta insuficiente. El supervisor aboga por “nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos, o de ambos” para hacer frente al gasto que provocará el envejecimiento de la población, y recomienda la introducción de mecanismos automáticos de ajuste, en línea con los ya derogados factores de sostenibilidad y revalorización. Todo ello, como advirtió el gobernador en su discurso, exigirá “grandes consensos políticos y sociales”, imprescindibles para el futuro económico del país.