El Gobierno pacta con el PP tramitar el decreto con las medidas anticrisis como proyecto de ley
El Ejecutivo cede y consigue el apoyo de los populares a menos de 24 horas de la votación en el Congreso del Real Decreto Ley de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a última hora de este miércoles a la petición del Partido Popular de tramitar el decreto con las medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra como proyecto de ley, para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios. Con esta decisión, el Ejecutivo se ha anotado el respaldo de los populares y ha salvado la votación a menos de 24 horas de la cita en el Congreso.
La negociación in extremis se produjo, según informó EFE, tras el contacto entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el popular Juan Bravo, horas antes de la votación en la Cámara Baja. Con esto, el Ejecutivo buscaba, al menos, la abstención de los populares en la convalidación del decreto de mañana.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pedía al Gobierno no solo su tramitación como proyecto de ley, sino también la inclusión en la futura norma de una rebaja fiscal a rentas medias y bajas, una reducción del IVA de la electricidad, medidas para agilizar la gestión de los fondos europeos y una reducción del gasto burocrático y político.
En su carta de contestación al PP, Montero ha explicado que se tramitará el plan como proyecto de ley "en la seguridad de que las medidas contempladas en dicho real decreto ley favorecen a la ciudadanía y palían, en gran medida, los efectos de la guerra, apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados en esta crisis".
El decreto anticrisis ya incluye medidas —cuantificadas por el Ejecutivo en unos 16.000 millones de euros— como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina, la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler o la bajada de los peajes a la industria electrointensiva. Además, contiene propuestas sociales, energéticas, ayudas al campo, la cultura o las acordadas con el sector del transporte.
El respaldo de socios habituales del Gobierno, como ERC, a este decreto está en el aire debido a la polémica por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas. Así que para sumar el respaldo de los populares, el Ejecutivo ha aceptado la tramitación como proyecto de ley pese a que había asegurado que no tenía sentido ya que la duración de las medidas era de sólo tres meses a la espera de que la evolución de los acontecimientos llevara a que perduraran algo más en el tiempo.