El Tribunal de Cuentas fiscalizará la actividad económica y financiera de la Casa Real
Los altos cargos de la casa del Rey harán con carácter anual una declaración de bienes
El real decreto por el que se reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey aprobado ayer por el Consejo de Ministros, va a suponer un antes y un después en la actividad económica y financiera de la Casa Real.
La principal medida en la normativa aprobada es el papel relevante que se va a dar al Tribunal de Cuentas, que será el órgano fiscalizador encargado de auditar las cuentas de la Casa Real, en la misma línea a como viene sucediendo con el resto del sector público.
Además, la norma obligará a que en su página web se publiquen cada tres meses la ejecución presupuestaria.
Las diferentes contrataciones que se lleven a cabo, también serán objeto de la norma y todos los altos cargos públicos que desarrollen su labor profesional en la institución real, deberán presentar una declaración de bienes en el momento de tomar posesión de su puesto y con carácter anual.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó en la habitual rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, que la norma aprobada era consecuencia del trabajo de los últimos meses entre el Ejecutivo y la Casa Real, y que se ha intensificado a lo largo de las últimas semanas.
El ministro confirmó que el hecho de que el pasado lunes el Rey Felipe VI hiciese público su patrimonio, por una cuantía de 2,5 millones de euros, que realizó de forma voluntaria y sin que tuviese obligación de hacerlo, fue un paso a favor de una mayor transparencia. A partir de ahora será el propio Rey el que decida cuándo y con qué periodicidad procederá a la presentación de esta información, al no ser esta una materia regulada en la norma aprobada ayer.
En próximas fechas se va a firmar un convenio con el órgano fiscalizador para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar “la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera” de la institución monárquica, según ha explicado el ministro Bolaños.
Esta medida refuerza la supervisión presupuestaria ya existente, puesto que la Intervención General de la Administración del Estado examina las cuentas de la Casa del Rey desde 2015. Los regalos que perciba la Casa Real serán inventariados y custodiados para analizar si se quedarán allí, pasarán a Patrimonio Nacional, o se donarán sin ánimo de lucro.
El real decreto cuenta en su estructura con una primera parte dedicada a la transparencia, una segunda a la eficiencia en el servicio público y una tercera y última a la ejemplaridad.
En el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas, la nueva regulación de la actividad contractual que introduce el principio de publicidad en las contrataciones que realice la Casa Real, con respeto de la autonomía presupuestaria y los principios del sector público. A partir de ahora hay que poner en marcha unas nuevas instrucciones de contratación y la obligación de publicar en su web la regulación del procedimiento presupuestario y de contabilidad.
Otra de las novedades de la norma será la vinculación de algunos de los servicios que se prestan en Palacio se vinculen a la función pública, por lo que se prevé que el titular de la oficina de intervención sea un funcionario del cuerpo de interventores a auditores del Estado, al tiempo que el consejero diplomático sea un funcionario de la carrera diplomática.
Una de las primeras medidas que se pondrá en marcha para la coordinación entre las administraciones y la Casa del Rey, será la firma de un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico. Se establece que el Rey podrá suscribir convenios con otras entidades públicas, cuando se requiera una colaboración continuada, con el fin de evitar duplicidades y garantizar la eficacia de los servicios.
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