Cerco a los oligarcas rusos: España inmoviliza 12 cuentas bancarias, tres yates y 23 inmuebles
El Gobierno asegura que la invasión rusa está afectando a ámbitos tan diversos como el militar, la economía, la seguridad energética, la ciberseguridad o las políticas migratorias
España ha inmovilizado a oligarcas rusos 12 fondos y cuentas bancarias, tres embarcaciones de lujo y 23 inmuebles vinculados a cinco empresarios cercanos al Kremlin, en su intento por cercar el entorno económico que sostiene al Gobierno de Vladímir Putin.
Lo ha dicho este lunes en el Congreso el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, Óscar López, quien ha comparecido en la Cámara Baja para presentar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional.
Hasta el momento, la Unión Europea ha puesto el ojo sobre cinco oligarcas rusos muy cercanos a Putin: el magnate del acero Dimitry Pumpyansky, propietario y presidente de la empresa OAO TMK; Anbdrey Melnichenko, dueño de EuroChem, el principal productor del mundo de fertilizantes minerales; Eduardovich Oseevsky, presidente del mayor proveedor ruso de servicios digitales; Semenovich Vinokurov, yerno del todopoderoso ministro de Exteriores, Sergei Lavrov e Igorevich Poluboyarinov, consejero delegado de Aeroflot, la aerolínea oficial de Rusia.
Este lunes, López ha recordado que la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 describe a Rusia como "expansionista" y, aunque este documento lógicamente no habla de la invasión de Ucrania, "sí contemplaba la posibilidad de una crisis".
López ha dejado claro que, dado el escenario global "altamente interconectado", las repercusiones de la invasión rusa están afectando a ámbitos tan diversos como el militar, la economía, la seguridad energética, la ciberseguridad y las políticas migratorias.
En concreto, en cuanto a la ciberseguridad, ha explicado que los "retos" en este ámbito se han "multiplicado" durante los últimos años. En 2021 el número total de ciberincidentes disminuyó (13.000 en 2020 frente a 10.831 en 2021), aunque a cambio aumentaron "significativamente" los considerados críticos. Los sectores más afectados fueron la administración, el financiero y tributario y el del transporte.
El alto cargo de Moncloa ha hecho un repaso de algunas de las medidas adoptadas en España ante la guerra de Ucrania y ha reiterado que ya han llegado a territorio español 130.000 ucranianos.
Asimismo, el número de niños ucranianos escolarizados en España supera ya los 15.400 y se han concedido 72.000 solicitudes de protección temporal. "Estas cifras dan prueba del gran esfuerzo que está realizando nuestro país", ha enfatizado López.
Agilizar futuros decomisos
El Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un paquete de medidas para agilizar el embargo de los bienes de los oligarcas rusos en España que incluirá la posibilidad de que los Registradores de la Propiedad bloqueen bienes en base a informes que consideren solventes y no solo en función de quién aparezca como titular en el Registro.
El Gobierno, que ya ha procedido al embargo de propiedades inmobiliarias y de yates, pretende así poder agilizar el decomiso de bienes de los oligarcas aunque estén a nombre de testaferros, personas interpuestas o sociedades y facilitar de esta manera la labor de los registradores de la propiedad.
Estas nuevas medidas complementarán las adoptadas ya en el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo. En aquel momento se adoptaron actuaciones urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania para proceder al embargo de los bienes de los oligarcas rusos.
Las normas que se incluyen este paquete que aprobará próximamente el Gobierno están siendo desarrolladas por varios departamentos gubernamentales, no solo el Ministerio de Justicia. Las fuentes consultadas apuntan que se están preparando con detalle, con un respaldo jurídico importante, dada su complejidad.
A partir del momento en que entren en vigor, los registradores podrán bloquear los bienes de los oligarcas incluidos en la lista de la Unión Europea —un total de 862 personas y 53 entidades— en base a informes sobre la titularidad real de los mismos. Estos informes pueden tener carácter policial, y tendrán que ser considerados solventes por parte de los registradores que tengan que llevar a cabo los embargos de los bienes.
Para la preparación de estas medidas, el Gobierno ha contado también con las recomendaciones del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), organismo creado por el Consejo General del Notariado en 2005.
