Feijóo propone una batería de bajadas lights de impuestos y eficiencia en el gasto público
El coste total se aproxima a los 15.000 millones, de los cuales 10.000 serán recortes de impuestos y otros 4.900 millones se sufragan vía fondos europeos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que atienda el Plan en defensa de las familias y la economía de España que, a su juicio, incluye medidas “realistas” con el único objetivo de “dar alternativas para modificar un rumbo equivocado”. A su entender, “ningún otro asunto es más urgente en este momento que trabajar juntos para fortalecer el presente y el futuro económico de los españoles”.
La carta remitida al presidente del Gobierno, en la que en ningún momento aparecen las siglas del PP, recoge la batería de medidas que los populares consideran prioritarias para hacer frente a la actual situación económica.
La receta de la oposición contempla como propuesta estrella una bajada de impuestos selectiva e inmediata que oscila entre los 7.500 y los 10.000 millones de euros, que se corresponden con la sobrerrecaudación que ha provocado el descontrol de la inflación y que por tanto servirán para su financiación. Según se recoge en el documento, cada punto de inflación adicional se corresponde con algo más de 2.000 millones de recaudación de más, explica.
El conjunto de las propuestas podría alcanzar por lo tanto, un gasto de casi 15.000 millones de euros. De este montante, entre 7.500 millones y 10.000 millones se destinarían a un abanico de rebajas fiscales –que tendrían impacto directo sobre las arcas del Estado– y 4.900 millones a incentivos fiscales, que serían sufragados con los fondos europeos y, por tanto, no tendrían efecto sobre el déficit. La carta finaliza con la petición de colaboración entre Ejecutivo y la alternativa de Gobierno con “espíritu leal y constructivo”.
Estas son las principales medidas del documento.
IRPF
Propone una deflactación de la tarifa del IRPF con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, que señalan los populares que trata de evitar el impacto que supone la inflación para la rentas salariales más reducidas.
Consideran que debería aplicarse de manera inmediata a través de una revisión de las retenciones para que tuviese un impacto directo en las rentas de trabajo menores. La propuesta va encaminada en que esta deflactación se lleve a cabo hasta el tercer tramo de la tarifa, es decir, hasta los 40.000 euros de renta, si bien técnicamente no se trata de una bajada de impuestos como tal. En esta línea de bajada del impuesto, recoge que para las rentas entre 14.000 y 22.000 euros se fije un nuevo mínimo personal y familiar específico y temporal, que se vaya reduciendo a medida que aumentan las rentas, lo que provocaría una caída en el tipo de las retenciones de cada mes, dándose así traslado inmediato a la nómina.
Otra de las medidas sería la aplicación de un impuesto negativo para las rentas más bajas sobre las que no hay obligación de retener y coordinado con el ingreso mínimo vital o el bono social eléctrico y el bono social térmico, e incluso el resto de prestaciones sociales abonadas desde comunidades y ayuntamientos.
Para aquellos niveles de renta entre 14.000 y 17.600 euros, plantea una deducción máxima aplicable sobre la cuota diferencial del impuesto entre 200 y 300 euros anuales. Otra medida que proponen los populares es una reducción de la tributación del régimen de módulos y del régimen simplificado en IVA, así como en el régimen de aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes.
Impuesto de sociedades
Señala que para aquellas compañías que realicen inversiones en niveles elevados de eficiencia energética se introduzca un nuevo supuesto de libertad de amortización en el articulado de la ley. Junto a esta medida el plan de los populares recoge otra serie de incentivos fiscales vinculados al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
IVA e impuestos especiales de la energía
El objetivo es liberar recursos para las familias y las empresas y a la vez, contribuir a la simplificación y la eficiencia al ahorrar costes de gestión. Los populares ofrecen para ello su apoyo parlamentario para la trasposición de la directiva europea para bajar el IVA en la energía eléctrica y el gas natural. Su propuesta va dirigida a que el IVA de la electricidad y el gas natural se sitúe por debajo del 10%, hasta incluso el 5%, así como analizar establecer un tipo de IVA del 10% para las reformas de eficiencia energética, con una vigencia de más allá del 30 de junio.
La propuesta de Feijóo señala que el Gobierno tiene margen para rebajar los tipos del gasóleo para usos especiales, sin tener que solicitar permiso a la Comisión, de 0,096 a 0,021 euros por litro para los agricultores. Actualmente el tipo efectivo es de 0,033 euros. El caso de los transportistas es diferente, ya que actualmente tributan al mínimo europeo de 0,33 euros por litro de gasóleo profesional, por lo que habría que solicitar la excepcionalidad.
Eficiencia del gasto público
Otra de las recetas que el PP ofrece al Ejecutivo es mejorar la eficiencia y reducir el gasto burocrático y político. La crítica va directamente sobre la línea de flotación de la actual composición del Gobierno, “el más numeroso en ministerios de la democracia”. Por ello pide directamente una reducción de ministerios, altos cargos y asesores.
Quiere potenciar la Airef como órgano de evaluación del gasto público, dotándola de los recursos suficientes para hacer su trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas. Pide que la estrategia de consolidación fiscal sea transparente, realista y orientada al medio plazo, con medidas coordinadas con el resto de las Administraciones públicas.
Solicitan el diseño de un plan nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de las Administraciones públicas.
Energía nuclear
En materia energética, y más concretamente en generación, la propuesta de los populares recogen el alargamiento de la vida útil de los reactores de las centrales nucleares actualmente en funcionamiento. Su justificación reside en la práctica de otros países europeos y siempre bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear.
En energías renovables, deben promoverse acuerdos de compra de energía (PPA) corporativos a largo plazo para facilitar el acceso a electricidad libre de carbono competitiva a precios más predecibles que los mercados al contado.
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