El ICAM pone en marcha su primer máster de abogacía “para hacer letrados, no solo juristas”
El decano y la directora académica del programa explican el precio, cómo optar a becas y el régimen de las prácticas profesionales
“Un máster para hacer abogados, no solo juristas”. Esta es la propuesta académica del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que por primera vez oferta el posgrado de acceso a la profesión, obligatorio para poder ejercer, junto a la Universidad Complutense de Madrid. El curso, que comenzará el próximo mes de octubre y se extenderá hasta marzo de 2024, alberga 160 plazas. El objetivo final es que los alumnos superen el examen nacional de acceso a la abogacía que convocan todos los años los ministerios de Justicia y Universidades.
Según explica su directora, Coloma Armero, la singularidad respecto a otros posgrados del mismo tipo que ofertan diferentes universidades es que la formación tiene un fuerte componente práctico. A tal efecto, se impartirá por letrados en ejercicio que ha seleccionado el ICAM y que proceden, “casi en un 70%”, de bufetes grandes, medianos y unipersonales. “Esto es una diferencia con las universidades, donde un porcentaje significativo de docentes son académicos”, apunta.
El precio del programa es de 5.500 euros (el coste medio de este tipo de cursos ronda los 7.500 euros según diferentes publicaciones), aunque se puede fraccionar en diferentes pagos, ascendiendo en ese caso a 5.900 si se suman los intereses. “Hemos procurado poner un precio razonable teniendo en cuenta que el colegio tiene un fuerte componente social”, explica el decano del ICAM, José María Alonso. Además, la institución se ha adherido a un convenio de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, que concede 150 becas a alumnos del máster habilitante. Además, “está previsto dar becas a estudiantes que carezcan de recursos, lo que haríamos, en su caso, a través de la Fundación Cortina. También daremos becas a la excelencia” académica al finalizar el máster, asegura el decano.
Actualmente, la institución está trabajando con cerca de 30 despachos de diferente tamaño y áreas de práctica, así como con asesorías jurídicas de empresas, para garantizarle a los estudiantes las 700 horas de formación práctica que exige el plan educativo. Así, no serán ellos los que se encarguen de buscar el despacho en el que se deberán desempeñar como becarios. “Queremos que los bufetes se peleen por nuestros alumnos ya que buscan super talento y están pescando en los mismos sitios”, señala Armero.
En este sentido, Alonso asegura que todas las firmas con las que el ICAM llegue a acuerdos de colaboración para cursar las prácticas serán “despachos de solvencia y ética contrastada”, de forma que los estudiantes no se tendrán que enfrentar a condiciones abusivas como la utilización de becarios para cubrir puestos de trabajo. Y ello porque la finalidad de la formación práctica, como ha subrayado el Tribunal Supremo, es facilitar el aprendizaje del becario y no incorporar los frutos del estudio al patrimonio de la persona que la promueve.
Falsos autónomos
Además, Alonso llama a todos los abogados jóvenes que actualmente sean o puedan ser contratados como falsos autónomos a que pongan en conocimiento del ICAM esta situación. No en vano, según una encuesta realizada en 2017 por la Confederación Española de Abogados Jóvenes, se trata de una técnica que en España han sufrido más del 50% de los abogados con hasta cinco años de ejercicio profesional. Su jornada laboral superaba entonces las 60 horas semanales. Además, un 40% de ellos recibía una remuneración que apenas alcanzaba los 6.000 euros al año, o lo que es lo mismo, los 500 euros al mes; mientras que otro 10% prestaba sus servicios de forma gratuita. “Si tenemos información de que algún compañero está como falso autónomo o de que le pagan cantidades miserables, el colegio llamará la atención y lo pondrá en conocimiento de la autoridad laboral”, asegura el decano.
Tan importante como respetar los derechos laborales, es la deontología profesional. Por eso, uno de los puntos fuertes del programa gira en torno a las normas que regulan la profesión. Una cuestión a la que el examen nacional de acceso también le da mucho peso. “Además de saber derecho, la excelencia en el trabajo y la ética son elementos fundamentales en la abogacía. No hay ningún cliente por el que merezca la pena actuar de manera antiética”, dice Alonso. No obstante, el curso también abordará otras materias de derecho sustantivo y procesal, así como diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca el arbitraje internacional.
“Los bufetes quieren gente a la que le guste la abogacía, no solo el derecho; que vean el problema del cliente. Eso no se aprende en la facultad y es lo que queremos enseñarles nosotros”, remata Coloma Armero, la directora del programa.
Perfiles demandados
Según los datos recopilados por el Colegio de la Abogacía de Madrid a través de su Portal de Empleo, una plataforma que gestiona centenares de ofertas laborales, los perfiles más demandados en el último año por los bufetes han sido los de abogados laboralistas y de empresa. También los letrados especializados en Derecho Privado, Civil y Mercantil, especialmente en Concursal. De igual modo, se ha buscado con interés a especialistas en Derecho Bancario e Hipotecario. En el ámbito del Derecho Administrativo, ha destacado la demanda de perfiles expertos en Derecho de la Energía y Derecho Sanitario. El salario de los abogados con menos de un año de experiencia, según los datos del ICAM, oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros anuales. Y para los profesionales con entre uno y tres años de experiencia se mueve entre los 18.000 y los 24.000 euros.