Así afrontan las empresas el fin de las mascarillas en interiores

Muchas compañías optan por mantener su obligatoriedad, otras lo dejan a elección del trabajador y hay algunas que siguen sin pronunciarse

Trabajadores de una consultora de marketing.
Trabajadores de una consultora de marketing. Europa Press

La obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores ha terminado, pero eso no significa que no sea necesario portarla en el trabajo. El Gobierno ha dejado la puerta abierta para que las empresas decidan si sus empleados deben o no utilizar este elemento de protección. Ante la incertidumbre que la nueva norma está generando, algunas compañías han optado por mantener su uso, otras han preferido que sea cada trabajador el que decida, y muchas más siguen pensando qué hacer.

Gigantes como el Corte Inglés o Telefónica, permitirán trabajar sin cubrebocas, pero mantienen excepciones. La empresa de distribución ha decidido que sus 80.000 empleados tendrán que usarla en caso de que el cliente la requiera o si prestan un servicio médico, asistencial, de podología, estética y perfumería. También será necesaria en las áreas de frescos y panadería, así como en los comedores de la empresa. La compañía de telecomunicaciones la mantendrá en las zonas comunes como aseos, ascensores o escaleras, y en las salas de reuniones que superen el 60% del aforo. Banco Sabadell también ha modificado su política y la hace obligatoria sólo si no se puede respetar la distancia de 1,5 metros, en caso de tener síntomas de infección respiratoria o en reuniones y eventos con presencia de 25 o más personas.

Muchas otras compañías mantendrán, al menos de manera temporal, el uso obligatorio de la mascarilla. Es el caso de Seat, Alcampo, Caixabank, Carrefour o Burger King, que ha precisado que por motivos de “seguridad y salud”, sus empleados continuarán llevando el cubrebocas hasta ver cómo evoluciona la pandemia. La empresa de automóviles, por su parte, no solo la mantendrá en todas sus instalaciones interiores sino que también en exteriores cuando no haya una separación de al menos dos metros.

En otro grupo están todos esos establecimientos que han optado por la mera recomendación. Inditex, Naturgy, Mercadona e Ikea se encuentran aquí. Los empleados que trabajen en el gigante textil solo deberán usarla en los servicios médicos de sus oficinas centrales, pero en el resto de espacios pasa a ser una opción, incluyendo probadores y líneas de caja. Mercadona, por su parte, la sugiere para los colectivos más vulnerables, como mujeres embarazadas o inmunodeprimidos, pero no será imperativo.

La falta de certidumbre respecto a las consecuencias que traerá el nuevo decreto ya ha levantado las primeras críticas entre los empresarios. Tanto el presidente de Cepyme, Gerardo Cueva, como el de la CEOE, Antonio Garamendi, consideran que la decisión final no puede caer en los empleadores porque no tienen los mismos medios y recursos que el Estado, y genera inseguridad. "Bajo ningún concepto vamos a aceptar que ahora sea responsabilidad de las empresas que mañana haya contagios o no haya contagios", ha dicho Garamendi durante un encuentro en Valencia.

Comisiones Obreras y UGT tampoco están conformes con la medida. Los líderes de ambos sindicatos creen que el Ministerio de Sanidad debería haber consultado con las organizaciones cualquier decisión referida al uso de las mascarillas en los centros de trabajo, pero no ocurrió. Se trata de una “falta de costumbre”, según ha dicho este miércoles Pepe Álvarez, de UGT.

En un intento por hacer frente a las voces disconformes, Sanidad ha actualizado esta tarde el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov-2. El documento precisa que los criterios a evaluar en cada puesto de trabajo son el sistema de ventilación, el nivel de ocupación, la distancia interpersonal, el tiempo de permanencia, la actividad, la utilización de espacios comunes como vestuarios o comedores, el uso de medios de transporte compartidos y la existencia de personas vulnerables. En todo caso, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán recabar "la opinión de responsables, mandos intermedios y representantes de las personas trabajadoras".

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