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La cobertura por desempleo cae por primera vez en un lustro y el 35% de los parados está sin prestación

En 2021, un millón de desocupados no pudo prorrogar su ayuda económica Mellila, Ceuta y La Rioja acumulan el mayor número de desprotegidos

Evolución de la tasa de cobertura y de los parados sin prestaciones
Infografía: Belén Trincado
Denisse López

Al cierre de 2021, el 35% de los desempleados españoles con experiencia laboral no recibía ninguna prestación. Se trata de un incremento de 18 puntos porcentuales respecto a 2009, cuando solo el 17% de los parados no contaba con algún tipo de ayuda económica. En contraste, la tasa de cobertura por desempleo del año pasado fue del 62,6%, casi un punto por debajo de la registrada a cierre de 2020 y muy lejos del 80% de hace 12 años. Si se analiza más a detalle se comprueba además que es la primera vez desde 2015 que el porcentaje cae, según lo precisa el informe sobre las condiciones del mercado de trabajo, presentado ayer por Comisiones Obreras.

Hay 1.007.980 trabajadores que, al cierre del año pasado, no pudieron prorrogar sus prestaciones por desempleo ni acceder a otras ayudas estatales. Si se agrega a las cerca de 300.000 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que nunca han trabajado, el porcentaje de demandantes sin protección sube al 41%.

La situación se agrava dependiendo del colectivo. Entre los hombres, el 29% de los parados no recibe ni prestaciones contributivas ni subsidios. En cambio, la cifra se dispara al 40% entre las mujeres. En suma, mientras ellos superan la tasa de cobertura estatal, en el caso de ellas hay mayor desprotección.

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También hay una brecha por territorios. Melilla acumula el mayor volumen de personas en paro desprotegidas, con el 64%. Le siguen Ceuta y la Rioja, con el 52%, y el País Vasco, con el 50% de sus desempleados sin ningún tipo de ayuda económica. En contraste, Extremadura (13%), Andalucía (27%) y Cataluña (32%) acumulan los menores valores.

El paro registrado en diciembre de 2021 se situó en 3.1 millones de personas. Si se compara con 2020, se observa que hubo 782.232 desocupados menos. A su vez, el número de beneficiarios de la protección por desempleo cayó en 457.337 personas, lo que supone una disminución del 20%. Esto obedece a la creación de empleo y a la importante reducción del número de personas en ERTE Covid.

Pese al impulso en la creación de empleo, hay un alto porcentaje de paro de larga duración, que es el que sufre principalmente las dificultades para acceder a la protección por desempleo. En cifras generales, el 48% de los parados llevaban más de un año en esa situación, incrementándose un 9,7% respecto a 2020. El 59% de esos desocupados llevaba así dos años y un 20% más de cuatro. En cuanto al perfil, se observa una vez más que las mujeres se llevan la peor parte, al representar el 65% de los casos.

El sindicato destaca que las dificultades para acceder a la protección por desempleo y a la posibilidad de encontrar un trabajo cuando las opciones se agotan, produce vacíos de cobertura que se intentan cubrir con prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las rentas autonómicas. El problema es que tampoco siempre se reciben estas ayudas, debido al número de requisitos que piden y a la dificultad de muchas personas para realizar los trámites.

Beneficiarios por tipo de prestación

Las prestaciones contributivas por desempleo dieron cobertura al 44% de los beneficiarios. El resto recibieron prestaciones asistenciales. Sobre ese total, el 40% se fue en subsidios por desempleo; el 9% en prestaciones para eventuales agrarios o la renta agraria en Andalucía y Extremadura; y el 7% en la Renta Activa de Inserción. El predominio de las ayudas no contributivas viene siendo la norma desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera. Al respecto Comisiones Obreras destaca que su menor cuantía y duración, sumado al hecho de que no cotizan a la Seguridad Social, dificulta que las personas en paro tengan una vida “normal” en su proceso de búsqueda de un nuevo empleo.

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Sobre la firma

Denisse López
Es redactora de la sección de Economía de EL PAÍS y CINCO DÍAS. Escribe habitualmente de macroeconomía y coyuntura. Se incorporó a esta casa en 2022, después de haber trabajado en distintos medios digitales en México. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Máster de Periodismo UAM-El País.

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