La justicia pasa factura al futuro de las zonas de bajas emisiones. ¿Susto o muerte?

La sentencia que anula esta área en Barcelona es revisada por alcaldes de otras ciudades. Los vecinos reclaman la aceptación social previa de unas medidas con un fuerte impacto socioeconómico

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La anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, que prohíbe circular a los vehículos que no cuentan con distintivo medioambiental, es de esas sentencias que dejan huella.

El impacto de la decisión se ha dejado notar, no solo entre los vecinos afectados y que habían presentado el recurso, sino, y sobre todo, entre los responsables municipales de las ciudades de más de 50.000 habitantes que por ley tienen que crear este tipo de áreas a partir de 2023. Son 148 localidades donde viven 24 millones de personas, el 52% de la población española.

La sentencia de los jueces introduce una serie de cuestiones jurídicas que los regidores deberán tener en cuenta a la hora de diseñar las futuras ordenanzas que regulen las zonas de bajas emisiones si quieren que estas tengan éxito.

Entre ellas destacan la proporcionalidad y la intensidad de las medidas, el impacto económico y social sobre los grupos de población más vulnerables, la valoración de distintas alternativas existentes y justificar la necesidad y oportunidad de la norma.

La FEMP prepara una ordenanza tipo para incorporar algunas de las nuevas circunstancias que se están produciendo

La ZBE de Barcelona tiene, por ejemplo, una superficie de 95 kilómetros cuadrados y afecta a 527.999 turismos que no cuentan con distintivo ambiental, un 21,13% del total, según datos de la DGT. La de Madrid, por su parte, impedirá a partir del 1 de enero de 2025 entrar en su término municipal, de 604 kilómetros cuadrados, a este tipo de vehículos. En este caso se trata de 692.337, el 17,8% del parque, informa Faconauto.

Los ayuntamientos se mueven

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha tomado ya buena nota de todo esto. José Antonio Santano, alcalde de Irún y presidente de la comisión de movilidad sostenible y seguridad vial de la FEMP, ha anunciado que “vamos a empezar a trabajar en una ordenanza tipo que pueda incorporar algunos elementos que tengan en cuenta estas nuevas circunstancias”.

Santano no se atreve a adelantar cuáles pueden ser esos criterios, pero recuerda que siempre “es bueno consensuar las cosas y buscar el acuerdo” ante una “oportunidad irrenunciable en la que tenemos que ser ambiciosos”, como es la lucha contra la contaminación en las ciudades.

El regidor de Sevilla señala que la clave del éxito de estas medidas está en lograr el máximo consenso

En Sevilla, donde se está tramitando actualmente la modificación de la ordenanza municipal para incorporar la figura de la ZBE, su alcalde, Antonio Muñoz, asegura que en este proceso se están “evaluando, además, los pronunciamientos judiciales que se están produciendo en otras ciudades en relación con esta medida”.

El regidor apuesta por “mantener un compromiso firme en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad”, pero a la vez advierte de que “la clave está en que los ayuntamientos seamos capaces de aplicar estas medidas con el máximo consenso”.

Es lo que van a buscar en Valencia, donde está previsto que esta zona se desarrolle por fases y ocupe finalmente toda la ciudad. “Abriremos un debate para generar consenso”, adelanta Giuseppe Grezzi, concejal de movilidad sostenible.

Desde Lugo, donde la futura ZBE ocupará el casco histórico de la ciudad, su alcaldesa, Lara Méndez, pone el acento en uno de los aspectos señalados por los jueces: “Es cierto que esta medida debe ser progresiva, pero también tenemos que pensar en aquellas familias más vulnerables” que no pueden comprarse un coche eléctrico en unos momentos además de difícil situación económica.

La alcaldesa de Lugo pide pensar antes de su implantación en las familias más vulnerables que no pueden comprar un coche eléctrico

En Bilbao están igualmente trabajando en una de estas zonas en el centro de la ciudad, “que no será tan restrictiva como la de Barcelona”, comenta Nora Abate, concejal de movilidad y sostenibilidad del ayuntamiento, y que irá precedida de un estudio “para conocer el tráfico que tenemos y las personas afectadas”.

Zaragoza, por último, convertirá en ZBE la que ya existe de facto en torno al caso histórico, señalan fuentes municipales.

Vecinos y expertos

Los vecinos de Barcelona y Madrid que han presentado sendos recursos a la ordenanza de las ZBE de sus respectivas ciudades comparten estos puntos de vista. “No discutimos la necesidad de luchar contra la contaminación. En eso estamos de acuerdo. Lo que no nos parece bien es cómo se ha hecho. No se puede pisotear a las personas”, resume Monica Xufré, miembro de la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (Asocparc) en Barcelona. “Antes de tomar estas decisiones hay que hablar con las personas afectadas y consensuarlas con ellas”, añade Miguel Álvarez, miembro de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Ambientales (Avarm) en Madrid.

“Lo importante es el qué y el cómo”, asegura Antonio Lucio, profesor de movilidad sostenible en la Escuela de Organización Industrial (EOI). “Legitimar una territorialización requiere tres elementos: conocimiento previo, flexibilidad y concertación”.

“Creo en estas medidas y no hay que esperar para implantarlas”, expresa Pablo Frías, director del Observatorio de Vehículos Eléctricos y Movilidad Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, pero deben acometerse “de forma más gradual, consensuada y con el timón fijo en la misma dirección”, concluye.

La batalla continúa en los tribunales

La sentencia del TSJC es solo una batalla más en la guerra abierta entre vecinos y ayuntamiento. De hecho, ambos ya han movido ficha para defender sus intereses.

Los primeros solicitaron el pasado 28 de marzo “la ejecución provisional de la misma y que se suspenda la imposición de las multas”, manifiesta David Neila, el abogado que presentó el recurso en nombre de Asocparc.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “Estamos estudiando la estrategia para tener éxito con el mismo”, asegura Eloi Badia, concejal de emergencia climática y transformación elcológica.

La onda expansiva de la sentencia ha llegado también a Madrid, donde Avarm ha presentado un recurso contra la ordenanza que regula la ZBE de la capital, Madrid 360.

Vicente Ynzenga, el abogado que lo lleva en el despacho jurídico Pyramid Consulting, afirma que en su escrito “se ha pedido tener en cuenta la sentencia del TSJC, por una asimilación de la situación y por contar con argumentos jurídicos similares”.

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