Tres meses de alivio en las facturas a cargo del Presupuesto

Más vale tarde que nunca. El Gobierno aprobará hoy el plan de respuesta a la crisis generada por la guerra de Ucrania, que consiste en un vasto paquete de compromisos de gasto público, pero con una limitación temporal de tres meses. Con un retraso considerable respecto a las iniciativas aplicadas en varios países europeos, el presidente del Gobierno anunció ayer ayudas directas de hasta 6.000 millones de euros y 10.000 millones en avales del ICO para garantizar crédito a empresas con dificultades generadas por el conflicto bélico. Con las medidas anunciadas las familias y las empresas tendrán un alivio en su economía hasta el 30 de junio, aunque el daño de las subidas de costes y de precios va mucho más allá de la factura de los carburantes. Lógicamente, a este paquete habrá que sumar también el descuento que pueda producirse en la factura de la luz para los clientes de tarifa regulada, aunque de la misma forma con la limitación temporal que imponga la Unión Europea.

Desde la crisis financiera de 2008 y de forma más acentuada desde la crisis del Covid, el protagonismo de los Estados en la resolución de las crisis se ha intensificado, con el corolario extra de las iniciativas para frenar el impacto de la guerra de Ucrania vía inflación. Históricamente, no fue una buena idea que el Presupuesto público encajase todos los sobrecostes que generaba una crisis energética. Hacerlo funciona como una anestesia que hace olvidar el dolor para las finanzas particulares, pero que desincentiva el uso racional de los recursos energéticos y traslada el esfuerzo de los contribuyentes al futuro, en el que o bien subidas de impuestos o bien subidas de los tipos de interés de los bonos, o ambas cosas, soportarán el coste de las medidas de alivio.

Si las finanzas públicas tienen verdadera capacidad para absorber el impacto, que se antoja complicado con los elevados niveles de deuda pública y tasas de déficit fiscal desorbitadamente alejados de la normalidad por muchas vacaciones fiscales que haya concedido Bruselas por este y el próximo año, sería preferible la opción de reducir los impuestos, y hacerlo de manera permanente para que empresas y familias puedan planificar su economía más allá de los tres meses anunciados.

En el plan del Gobierno, que extiende el intervencionismo a los precios de los alquileres o a la prohibición de despedir por tres meses, buena parte del coste está financiado por el crecimiento de los ingresos públicos que IVA e impuestos especiales han proporcionado por al alza de los propios carburantes; además, la parte nada despreciable de subvención que proporcionan las grandes petroleras revela la existencia de un generoso margen implícito en el negocio de la distribución de carburantes, que bien podría haberse moderado antes.