Seis meses de carencia en créditos ICO a los sectores intensivos en combustible

El Gobierno habilita una nueva línea de avales por 10.000 millones

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece tras el Consejo de Ministros. EP

El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros que los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Ucrania puedan solicitar una carencia de seis meses en la devolución de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que fueron concedidos durante la pandemia.

Según ha podido conocer este periódico, varios sectores productivos, entre los que se encuentra el transporte por carretera, podrán pedir a sus entidades financieras la citada carencia y se aplicará de forma automática. Para el resto de sectores, la carencia será voluntaria, es decir, los bancos y los clientes tendrán que llegar a un acuerdo.

El periodo de carencia de las líneas ICO lanzada por la pandemia ya se había ampliado de uno a dos años y justo ahora, sin que algunas actividades hayan recuperado del todo la normalidad previa a la crisis sanitaria, se debía empezar a amortizar los préstamos. Según datos del ICO, el 43% del total de los préstamos avalados tenían que empezar a amortizar ya en el segundo trimestre de este año el principal, además de los intereses, lo que añadía presión a las empresas, mientras en el sector financiero se temía por una oleada de reestructuraciones.

Se trata de una de las medidas del plan de choque que avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atajar la crisis energética que atraviesa el tejido productivo español por el aumento temporal del coste de la luz, los combustibles y las materias primas.

También se prolongarán los vencimientos de los créditos ICO antiguos, si bien el Ejecutivo no aportó en este sentido más detalles. Desde Economía aseguran que trabajan para mejorar las condiciones de financiación de los préstamos avalados.

Otras fuentes consultadas apuntan a que se eliminará el requisito de la caída del 30% en la facturación respecto al año anterior, lo que permitirá a más empresas y autónomos adherirse al programa para extender los plazos de amortización de los créditos, si bien el plazo expirará el 1 de junio.

Nuevos avales ICO

La medida estrella que el Ejecutivo pondrá en marcha será habilitar una nueva línea de avales de créditos del ICO por 10.000 millones de euros, destinados a garantizar las necesidades de liquidez de las empresas por el alza en el precio de la energía provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, que se articulará de manera similar a los avales por el Covid.

Esta nueva financiación contará con un periodo de carencia –en el que solo se pagan los intereses y no el principal del préstamo– de 12 meses y se podrá pedir hasta finales de diciembre, según detalló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Esos 10.000 millones en avales no suponen ningún desembolso por parte del Ejecutivo, al menos de manera inmediata. A nivel presupuestario se contabilizan como pasivos contingentes según las exigencias de la Comisión Europea. El Estado avala estos créditos, cubriendo hasta el 80% del principal, pero el dinero de los préstamos lo pone la banca. En ese sentido, el Ejecutivo solo abonaría parte de ese crédito en caso de más adelante se produzcan impagos.

La nueva línea ICO se sumará a la ya existente desplegada por el Gobierno tras el estallido de la pandemia de Covid-19, que sigue vigente hasta el 30 de junio. En aquel momento se habilitaron avales por hasta 140.000 millones de euros (un primer paquete de 100.000 millones y un segundo de 40.000) para dotar de liquidez a autónomos y empresas e impulsar la inversión en las actividades empresariales. De ese montante, Economía reconoce que actualmente se han otorgado casi 104.000 millones de euros, de manera que todavía están sin usar 36.000 millones de euros.

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