Resolver el conflicto del transporte exige negociar con realismo
El Gobierno ha movido finalmente ficha para tratar de solucionar el conflicto desencadenado en el sector del transporte de carretera por la escalada del precio del combustible, un paro que ha logrado poner contra las cuerdas en poco más de una semana a numerosas cadenas de suministros de todo el país. El Ejecutivo ha actuado tarde, forzado por la presión de las circunstancias, con escasa mano izquierda y, de momento, sin resultados efectivos, como demuestra el hecho de que no se hayan desconvocado los paros y continúe la huelga indefinida. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, concluía la reunión con la patronal del transporte CNTC con la promesa de bonificar el gasoil a los transportistas con un total de 500 millones de euros. El ministerio, además, se comprometió a publicar semanalmente el índice de variación del coste del combustible y a establecer la devolución mensual, en lugar de trimestral, del gasóleo profesional.
Pese a las medidas ofrecidas, el Gobierno se equivoca gravemente al empeñarse en elegir como interlocutor de la negociación a una patronal, la CNTC, que no ha convocado los paros, al tiempo que ignora y menosprecia públicamente a la asociación responsable del conflicto, la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Una organización integrada por pymes y transportistas autónomos que protestan contra el encarecimiento del combustible y la imposición de contratos a pérdidas por parte de las grandes plataformas del sector, y que no solo rechaza a la CNTC como representante en las conversaciones con el Gobierno, sino que está abiertamente enfrentada con ella. La plataforma, que reclama también medidas como la regulación del observatorio de precios del transporte, ha reclamado un hilo directo con el ministerio, que este rehúsa insistentemente conceder.
El paro del transporte está causando estragos en la industria, explotaciones ganaderas y agrícolas, lonjas de pescado y centros comerciales, además de contribuir a generar una psicosis de temor al desabastecimiento de productos básicos, agravada por la guerra en Ucrania, que ya ha disparado la compra de alimentos más de un 20%. Mientras que otros países europeos han habilitado ayudas al transporte y la industria para paliar el rally del combustible, el Gobierno español sigue enrocado en la estrategia poco realista de ningunear a la patronal causante de los paros y de prometer unas ayudas que no serán efectivas hasta el próximo 1 de abril frente a unos ciudadanos que comienzan a acumular alimentos en sus casas y una industria agroalimentaria y de distribución que asiste impotente a un conflicto del que no se vislumbra salida efectiva.